Secuestros y asesinato de secuestrados, al alza

En 2012 al menos 144 víctimas de secuestro fueron asesinadas en México. Es la segunda mayor cifra en un año desde 1971 en que se inicia el conteo, sólo superada por la cifra de 2010 que fue de 219.

En 2011 el número de secuestrados asesinados fue de 120, de modo que hay una clara tendencia al alza, que se confirma con lo que está sucediendo en 2013.

Con el paso de los años los plagiarios se han ido tornado cada vez más crueles e irracionales con las personas que privan de su libertad, tanto por la absurda suposición de que a mayor maltrato mayor el monto del rescate, como por puro sadismo. En la casi totalidad de los casos de asesinato, los familiares de las víctimas habían pagado el rescate.

En 2012 de cada 100 casos de secuestro, en 5 las víctimas fueron asesinadas.

Del total 1,536 secuestrados asesinados entre 1971 y 2012, el 49.74%, es decir, casi la mitad del total, ocurrieron bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el sexenio anterior fueron asesinados en promedio casi 11 secuestrados por mes.

Aunque la mayoría relativa de las víctimas son empresarios y sus familiares, al igual que ocurre con el secuestro en general, el asesinato de secuestrados se comete contra personas de todas las condiciones sociales.

La causa principal de que tantas víctimas de secuestro estén siendo asesinadas es el gran número de secuestros que ocurren. En 2012 -con 2,756- se alcanzó la segunda cifra más alta de secuestros en la historia del país, sólo superada por la de 2011 (2,979).

La cifra de 2,756 incluye los 1,268 secuestros denunciados ante las procuradurías de las entidades federativas y reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, los 968 denunciados ante la PGR y las 550 personas secuestradas que fueron rescatas por las fuerzas armadas.

Pero las cifras de secuestros denunciados, no los de la cifra oculta, podrían ser muy superiores a las oficiales. Según hemos venido denunciando, hay “rasurado” de los números oficiales.

Los 2,756 secuestros aquí considerados no incluyen los plagios exprés, ni la cifra oculta, de la cual forman parte los secuestros exprés y de alto impacto no denunciados. El año pasado se reveló que el CISEN entre enero de 2010 y agosto de 2012 había contado 763 secuestros que no figuraban en registros oficiales. Y eso que el conteo del CISEN fue somero.

Pero la cifra 2,756 secuestros de los cuales la autoridad sí tuvo conocimiento incuestionable, pues hubo denuncia de por medio o las víctimas fueron rescatadas por las fuerzas armadas (ejército y marina), no incluye los 20 mil secuestros por año que la CNDH viene estimando desde 2009.

De modo la incidencia de secuestros que sufre México es la más alta que haya padecido nación alguna. Colombia en su peor momento (1999) alcanzó la cifra de 2,587 plagios o una tasa de 6.22 por cada 100 mil habitantes. En México si consideramos los secuestros masivos de migrantes la cifra llega los 23 mil o una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes.

Y bajo la nueva administración el secuestro, lejos de declinar, muestra un claro repunte. Según los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre enero y abril de 2013 se registraron 555 secuestros en el país, en comparación con los 417 del mismo período de 2012. Es decir, hay un incremento del 33%.

Otra evidencia del aumento del secuestro, es el número de secuestrados rescatados por las fuerzas armadas. Entre enero y mediados de junio de 2012, ya habían rescatadas alrededor de 250 personas, mientras en igual período de 2013 ya van 341, es decir, un 36% más.

El gobierno no está cumpliendo el compromiso que Enrique Peña Nieto hizo como candidato a la Presidencia de la República de reducir en 50% los plagios. Por el contrario, a este ritmo de crecimiento los secuestros en dos o tres años serán el doble de los habidos en 2012.

La persistencia y repunte de este delito y el que tantos secuestrados estén siendo asesinados es la demostración fehaciente del fracaso de todas las políticas aplicadas por los gobernantes contra el plagio. Los solemnes compromisos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de 2008, el registro de teléfonos celulares y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, han sido un completo fracaso.

Nosotros pronosticamos este fracaso y en su momento dijimos que faltaba lo principal: la adopción de metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios, pero con sanciones para quien no cumpliera. A quienes apoyaron acríticamente los ofrecimientos de los políticos y les firmaron un cheque en blanco, habría que preguntarles que ganaron la sociedad y la causa de la seguridad pública con ese apoyo.

La causa principal del fracaso en la lucha contra el secuestro, es la misma de, en general, el fracaso en la lucha para controlar la violencia: la falta de voluntad de la clase política.

Ejemplo de esta falta de voluntad es que el gobierno de Peña Nieto ni siquiera ha sido capaz de proponer al Consejo Nacional de seguridad Pública que adopte como meta su promesa de reducir en 50% los secuestros. Este compromiso simplemente ya le olvidó, pues si lo tuviera presente lo estaría promoviendo, dado que no hay forma de cumplirlo sin los gobernadores.

Y esta falta de voluntad, a su vez, tiene como su causa el que la sociedad no haya ejercido sobre los políticos y gobernantes la presión necesaria.

La movilización de casi un millón de personas el 27 de junio de 2004 y la movilización de cientos de miles de personas más el 30 de agosto de 2008 no han sido suficientes.

La sociedad debe ejercer un presión mayor, continúa y creciente y rechazar todas las tácticas de mediatización, cooptación y simulación de los políticos. Ha llegado el momento de volver a tomar las calles y echar mano a otras medidas legales y pacíficas de presión que sean necesarias.

De no ser así, seguiremos contando los secuestros, seguiremos contando los muertos.