La amenaza de las autodefensas

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presenta el video “La amenaza de las autodefensas”, con el cual busca alertar acerca de este nuevo actor de la violencia en México y sobre cómo puede terminar por conducir a nuestro país a la condición de Estado fallido.

Antes que nada hay que desmitificar a estos grupos ilegales de civiles armados. No son los defensores de la comunidad que se proclaman. Han cometido graves crímenes. En Guerrero han asesinado a dos personas inocentes e intentaron asesinar a dos más.

Estos incidentes han tenido lugar en los retenes de los grupos de “autodefensa” y las falsas policías que se autodenominan “comunitarias”. Los retenes violan los derechos al libre tránsito, a la inviolabilidad personal y a la presunción de inocencia.

Conocidos son los casos en que agentes del orden han asesinado personas inocentes porque no se detuvieron cuando les fue marcado el alto. Entonces se alzaron voces de indignación contra esos crímenes, pero muy pocas de esas voces se han alzado ahora para condenar iguales atrocidades si las cometen las “autodefensas”.

En Michoacán las “autodefensas” han asesinado a dos personas inocentes más. En uno estado como en el otro han privado ilegalmente de la libertad a personas en su gran mayoría inocentes y cuando menos en Michoacán practican la extorsión, al igual que los grupos criminales que dicen combatir.

Las falsas policías que se autodenominan “comunitarias” en Guerrero han participado en el cierre ilegal de planteles educativos, llaman abiertamente a derrocar a las autoridades y realizan actos políticos portando armas en abierta violación al artículo 9 de la Constitución del país, que establece: “Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”. Estos grupos tienen un claro sentido político lo cual es contrario al principio apolítico de toda policía profesional, como la que dicta la Constitución.

Los grupos de “autodefensa“ y las falsas policías que se autodenominan “comunitarias”, violan flagrantemente la ley de armas y explosivos, usurpan funciones de la policía y recurren a la violencia para intimidar a personas pacíficas. Por ejemplo, han surgido grupos con el propósito de impedir mediante las armas la operación de empresas mineras, las cuales actúan en forma legal.

Llama la atención la falta de información acerca de las fuentes y modos en que estos grupos se financian. Las autodefensas tienen no menos de 2 mil integrantes ¿De qué viven estos sujetos entregados a tareas paramilitares?, ¿de dónde sacaron las armas?

Según la experiencia universal la tolerancia a grupos armados al margen del Estado, conduce a un torbellino imparable de violencia y destrucción. El ejemplo más reciente y cercano es el de Colombia.

En este país con una población de menos de la mitad de la de México, en los últimos 30 años han sido asesinadas más de 600 mil personas, la mayoría a manos de grupos ilegales de civiles armados, ya se trate de bandas de sicarios del narcotráfico, guerrillas o grupos de autodefensa. Este país sólo ha podido ir saliendo de la pesadilla de violencia en la medida en que el Estado ha dejado de tolerar a los grupos ilegales de civiles armados.

Las autodefensas han aparecido en México en zonas donde precisamente el Estado es débil y el poder efectivo lo tienen los grupos criminales. Justamente por eso es sumamente irresponsable la respuesta que ante las autodefensas han dado los gobiernos de Michoacán y Guerrero así como el gobierno federal que encabeza el Presidente Enrique Peña.

El gobierno de Michoacán ha perdido el control efectivo de regiones del estado, en particular de Tierra Caliente. Los mismo ha permitido la operación de los grupos criminales, que de las autodefensas y de los sujetos que cobran como maestros en escuelas públicas o están inscritos como alumnos de escuelas normales y que recurren frecuentemente a acciones ilegales y violentas.

No ha sido diferente la conducta del gobierno de Guerrero, pero con un agravante: pretende legalizar las autodefensas y demás grupos ilegales. De hecho ha caminado en tal sentido desde 2011, cuando avaló la promulgación de la ley local 701, que da un reconocimiento a las “policías” comunitarias, aunque ello vaya en contra de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución del país y sus leyes reglamentarias.

El gobierno federal ha contemplado el acelerado proceso de descomposición en Michoacán o Guerrero casi como si fuera un observador neutral o la autoridad de otro país. En Michoacán una sola vez intervino para detener a los integrantes de un grupo de autodefensa que, ostensiblemente, eran financiados por los narcos.

Recientemente ha enviado el ejército a una parte de Tierra Caliente, pero los militares van atados de manos. Detuvieron a hombres armados y en represalia varios soldados fueron secuestrados y luego canjeados por los detenidos. Pese a la presencia del ejército las autodefensas siguen armadas y patrullando.

En el caso de Guerrero la conducta del gobierno federal es todavía peor pues, como el gobierno de ese estado, está en proceso de “regularizar” a los grupos de autodefensa y a las falsas “policías” comunitarias. Pretende convertirlas en policías verdaderas, con derecho a portar armas y al pago de salarios con cargo a los contribuyentes.

Esta política es completamente errónea e ilegal, por las siguientes razones:

  1. Convertir en policías a integrantes de grupos que han cometido crímenes equivale a premiarlos y alienta a que surjan más grupos violentos que esperan ser igualmente recompensados por sus abusos.
  2. Premiar con impunidad y dinero de los contribuyentes a quienes han cometido crímenes es darles permiso para que sigan delinquiendo.
  3. Si hoy se legaliza a estos grupos ¿después se va regularizar y a convertir en policías a Los Zetas, a Los Templarios o a La Familia?
  4. El procedimiento para constituir y operar a las policías está claramente establecido en la Constitución y las leyes y nada tiene que ver con “regularizar” a grupos armados ilegales ni con otorgarles “amnistía”. Proceder así es romper desde el poder el estado derecho.
  5. Ni la Constitución ni las leyes confieren al gobierno federal .ni a ninguna otra autoridad- la facultad de perdonar crímenes.

Por tanto y ese es el sentido principal del video, reclamamos que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales y proceda a:

  1. Desplegar las fuerzas federales necesarias para abatir la inseguridad y la impunidad, así como para restaurar la autoridad del Estado, en las localidades donde hay autodefensas. Estas fuerzas deben permanecer hasta que exista una fuerza policial local formal, capaz de garantizar la seguridad.
  2. Desarmar a los grupos armados y poner fin a sus actividades fuera de la ley y proceder a la inmediata detención de los autores de crímenes, incluyendo los integrantes de autodefensas que han cometido asesinatos en Michoacán y Guerrero.
  3. Investigar el financiamiento de estos grupos y proceder -si es ilegal- contra los patrocinadores.
  4. Promover la derogación del reconocimiento a las policías comunitarias en la ley 701 de Guerrero, que es contrario a la Constitución del país (artículo 21) y sirve como cobertura a los grupos armados ilegales.
  5. Identificar las localidades con una problemática similar de ausencia o debilidad de Estado y proceder igualmente a desplegar las fuerzas federales necesarias para actuar contra las causas y prevenir la aparición de las autodefensas.