Boletín de seguridad abril 2013

En el pasado mes de abril, igual que en los anteriores cuatro meses del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, la violencia, los homicidios, secuestros y las extorsiones reflejan el mismo nivel de crímenes que los últimos meses del sexenio anterior (2006-12).

Mientras en los meses de febrero y marzo pasados (2013) llamó la atención el creciente número de grupos de “Autodefensa Civil”, “Guardias Civiles”, “Guardias Comunitarias”, etc., en el mes de abril 2013 la opinión pública se concentró en las continuas y extremadamente violentas manifestaciones de maestros normalistas, con el apoyo de grupos de alborotadores encapuchados y armados.

Los disturbios con violencia y destrucción contra instalaciones de gobiernos estatales y municipales, comisarías, oficinas de partidos políticos, escuelas, etc., tuvieron lugar principalmente en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos y también en el Estado de México. Los motivos de las protestas armadas fueron las reformas educativas (verificación de títulos de maestros normalistas), la demanda de garantías de plazas y mejoras de salarios.

También llamó la atención la ocupación de la Torre de la Rectoría de la UNAM por un grupo de estudiantes universitarios, igualmente encapuchados y armados, durante los últimos 14 días de abril, para exigir, en principio, la readmisión de estudiantes recientemente expulsados de esta Universidad. Las destrucciones arbitrarias ocasionadas en las instalaciones académicas, los daños materiales y de equipos técnicos, que han causado estos “encapuchados estudiantes”, son inaceptables y deberían de haber sido objeto de persecución judicial.

Como factor denominador común de todo este vandalismo, so pretexto de protestas justificadas por causas sociales, destacó la falta de autoridad estatal, municipal y federal y la ausencia de las Fuerzas de Seguridad Estatales y Federales.

Las autoridades responsables optaron en principio por resolver los conflictos sin la participación de las fuerzas de la seguridad pública y justicia.

Los medios y amplios círculos ciudadanos criticaron que los máximos culpables, detenidos momentáneamente por los saqueos, daños materiales y bloqueos (en ciudades, municipios, poblaciones y carreteras/autopistas nacionales) fueron liberados sin ser castigados por la justicia, como una visible concesión a la impunidad.

Resumen general de la situación de Seguridad Nacional

  1. Estrategia del Gobierno en el combate al Crimen Organizado Se considera que la situación en general refleja que el México actual y su gobierno, después de la transición política y de los primeros cien días, aún se encuentra sin definir su política de seguridad nacional y su nueva estrategia de combate al Crimen Organizado.

El cambio de la política de comunicación en materia de Seguridad Pública y la restricción de información sobre el Crimen Organizado ha reducido drásticamente los titulares de los medios y la orientación de la ciudadanía sobre la delincuencia en general.

El comunicado de la PGR, a finales de este mes de abril, que ya no se informará más sobre el Crimen Organizado en lo referente a los cárteles del narcotráfico, sus fuerzas, líderes y zonas de operaciones (crímenes), ratifica que el eje central de la política del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ya no es la Seguridad y el combate al Crimen Organizado, sino la realización de las diferentes reformas políticas (Educación, Finanzas, Telecomunicación, Energía, etc.) que forman parte del Pacto por México.

La falta de transparencia de la política y estrategia del Gobierno en el combate al Crimen repercute indirectamente en la seguridad del ciudadano. La falta de una información amplia y actualizada imposibilita en principio la toma de medidas de prevención y protección para la seguridad personal, familiar, material y patrimonial.

Referente a la nueva estrategia de combate al crimen organizado resalta la decisión del Presidente, hecha pública con motivo de la reciente vista oficial del Presidente de Estados Unidos en México, de reducir y someter toda presencia y operatividad de las agencias de EE.UU. en territorio mexicano al estricto control centralizado en la Secretaría de Gobernación, bajo el mando del Secretario de Gobernación. Esta medida supone un acto de soberanía a la vez que requiere una gran capacidad y competencia profesional y moral, para excluir encubrimientos y abusos de poder.

La reducción de la tercera parte de los contingentes de las Fuerzas del Ejército y la Marina Nacional, destinadas al combate directo al Crimen Organizado, que se hará efectivo en el futuro más inmediato, resulta una medida importante, aunque de cierto riesgo, para que el país regrese a la normalidad en Seguridad Nacional y disminuyan las confrontaciones y provocaciones entre una y otra de las bandas.

Los recientes cambios políticos del Presidente Enrique Peña Nieto han tenido un eco positivo por parte del Presidente de EE.UU. Barack Obama en su reciente visita a México. Obama coincidió en su declaración oficial de dar prioridad a la economía entre los dos países y elevarlo por encima de la seguridad. Subrayó que no piensa militarizar el combate contra los narco-cárteles y las organizaciones criminales en América del Sur.

El anuncio de la profunda reforma estructural de la PGR y la consiguiente creación de cinco sedes anticrimen, para concentrar y optimizar labores, fuerzas y tácticas en el combate al Crimen Organizado, se considera parte importante de la nueva estrategia del combate al crimen organizado.

El sector empresarial reclamó recientemente al gobierno federal implementar acciones inmediatas para combatir eficazmente la corrupción en pro del crecimiento económico.

  1. Principales Incidentes de la Delincuencia Común y del Crimen Organizado Los mayores problemas que caracterizan la actualidad de México siguen siendo la violencia en general y la corrupción y la impunidad en particular a nivel estatal, entre las fuerzas de seguridad y el sector judicial.

La Delincuencia Común ofrece en principio el mismo cuadro, la misma presencia y el modus operandi. Los delincuentes se acostumbraron a que las autoridades en los diferentes Estados y el D.F. coincidan en repetir las mismas políticas y medidas anti crímenes y perdieron el respeto.

El creciente número de jóvenes delincuentes debido al desempleo, pobreza y desigualdad social convierte a los adolescentes en presa fácil para ser reclutados por los cárteles.

En el D.F. las delegaciones que registran más delitos, crímenes y violencia figuran Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, la zona Centro (con plagios y extorsiones) y en Polanco es concentra el hampa capitalino.

En el D.F. y su zona metropolitana el índice de delincuencia de la juventud es el mayor en todo el país.

En las zonas conurbadas del D.F. y Estado de México, p.ej. en la zona de Satélite, abundaron los robos a casa habitación; Naucalpan se ha convertido en la zona más peligrosa y violenta; en Ecatepec aumentaron los homicidios (ejecuciones); en el Estado de México aumentaron considerablemente las desapariciones y feminicidios.

El Crimen Organizado no ha bajado su perfil. La tasa de homicidios se mantiene en 24 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

La expansión del crimen organizado en México se refleja según un reporte de las Naciones Unidas en un descomunal incremento de la trata de personas en los últimos cuatro años, con el aumento de secuestros, violaciones y desapariciones de menores para fines sexuales, laborales y extracción de órganos.

Esta “nueva industria” de las organizaciones criminales (y los cárteles) también ha criminalizado el manejo de las corrientes de migración de sur a norte.

Los así llamados “focos rojos”, que arrastra el país hace meses (y años), siguen siendo en principio los mismos: Guerrero, Chihuahua, Coahuila,, Durango, Nueva León, Tamaulipas, Michoacán, Morelos. En San Luis Potosí murieron se reportan en un penal 17 reos muertos y 87 heridos, por disputa y riña, en señal de la problemática carcelaria latente.

Comentarios

La nueva política del Gobierno de restricción de la información pública sobre los crímenes e incidentes delictivos en todo el país se considera un deterioro de la anterior política de transparencia y daña a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los nefastos resultados de la “estrategia fallida” del anterior Presidente y su gobierno, que originó altísimos costos de vidas humanas y económicos, un inmenso deterioro de instituciones gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, la justicia y el Estado de Derecho, no justifican en principio esta medida.

Las protestas y manifestaciones en diferentes estados, incl. el D.F. (p.ej. el 1ero de Diciembre 2012 y 1ero de Mayo 2013), aún no representan sectores sociales más amplios.

La reducción de los combatientes de fuerzas del Ejército y la Marina Nacional contra el Crimen Organizado puede resultar arriesgada porque ofrece en principio una ventaja para el crimen organizado.

La reestructuración de la Procuraduría General de la Nación, después de una fase de su política caótica, de imprudencia y prepotencia de los máximos responsables durante el anterior sexenio, se considera acertada e inevitable.

La corrupción tan arraigada en instituciones federales, estatales y municipales y de la cual emana la impunidad, es se considera uno de los principales problema de Inseguridad.