La estrategia de Peña Nieto no mejorará la seguridad pública

Felipe Calderón entregó la conducción política del país con una seguridad pública en condiciones peores a las que había hasta noviembre de 2006.

Entre 2006 y 2012 los homicidios dolosos crecieron en un 123%, los secuestros en 248%, las extorsiones en un 91% y los robos con violencia en un 51%. Asimismo, en 2011 el 37% de las empresas del país sufrieron cuando menos un delito.

Además, varias zonas del país terminaron sustraídas a la autoridad del Estado y el poder efectivo pasó a manos de los grupos criminales.

Parte de la herencia que recibió el gobierno del presidente Enrique Peña fue la aparición de los llamados “grupos de autodefensa”, integrados por habitantes de comunidades rurales, hartos del abuso de los grupos criminales y de la ausencia de la autoridad del Estado.

Ya bajo la presente administración estos “grupos de autodefensa” han proliferado rápidamente, hasta estar presentes en decenas de localidades del país. Su surgimiento tiene causas verdaderas y sentidas en la mayoría de los casos, pero muchas de estas agrupaciones han cometido atropellos (incluso asesinatos), no muy distintos a los perpetrados por los grupos criminales de los que dicen defenderse.

Además, en la mayoría de las localidades donde las autodefensas han surgido, corresponden a municipios y estados en los que por muchos años han operado los grupos armados clandestinos o terroristas, que alegan tener móviles ideológicos y políticos. Por supuesto que es altamente probable que las autodefensas estén infiltradas por los grupos terroristas y las utilicen según su agenda subversiva.

Hay muchas otras localidades del país en donde prevalecen las mismas condiciones que produjeron a las autodefensas. Por tanto, es muy elevado el riesgo de que en poco tiempo pasemos de decenas de esas formaciones a cientos de ellas.

El gobierno del Presidente Peña tiene la obligación de reducir los índices de violencia y criminalidad y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Pero la estrategia elegida por la nueva administración no permitirá cumplir esa obligación, porque es equivocada.

La estrategia gubernamental tienen como sus principales facetas, cinco: la llamada “prevención social” de la violencia y el delito; la creación de una policía nacional; el control de la información para que la criminalidad no aparezca como asunto central en la agenda nacional; la indiferencia ante el decisivo problema de la impunidad y la pasividad ante los grupos armados ilegales.

La prevención social parte de dos premisas: primera, que las causas de la inseguridad son la pobreza, la desigualdad en los ingresos y la “falta de oportunidades”; segunda, que “la violencia no se puede combatir con violencia”.

Se pretende, entonces, con “políticas sociales”, que los delincuentes dejen de delinquir y quienes supuestamente podrían delinquir no lleguen a hacerlo, mediante acciones que van desde las escuelas de tiempo completo hasta los talleres para enseñar macramé.

Las premisas de esta política, como las medidas que ellas se derivan, están completamente equivocadas y significan un desperdicio de energías y del dinero de los contribuyentes. El verdadero objetivo de este programa no es reducir violencia y delito, sino crear y ampliar clientelas político-electorales.

Cuando se emplean recursos en programas inútiles en lugar de aplicarlos en detener a los delincuentes que están cometiendo los delitos, entonces habrá más asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones que podrían haberse evitado.

Mediante la creación de una Gendarmería Nacional que empezará a operar en 2014 y la conclusión del proceso de mando único de las policías de las entidades federativas, se pretende tener un solo cuerpo policial hacia el final de la administración. La premisa es que la centralización hará más eficiente a la policía y menos corrupta.

Pero la experiencia universal prueba que se puede tener una policía unificada ineficiente y corrupta, mientras no se ataque el problema verdadero: que en México la permanencia en los cargos de seguridad pública no depende del desempeño, de los resultados, sino de compadrazgos, encubrimientos y complicidades.

El control de la información sobre crimen y seguridad no resuelve el problema, sólo pretende ocultarlo. Y si parte de este ocultamiento consiste en falsear sistemáticamente las cifras, estamos ante un grave problema, mayor al que de por sí padecemos el cual consiste en que la información estadística criminal oficial NO RESULTA CONFIABLE. No lo era antes, no lo es ahora.

Reiteradamente hemos denunciado casos concretos de manipulación de cifras. Por ejemplo, en 2011 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 22,480 homicidios dolosos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó 27,213: casi 5 mil más.

Respecto a secuestro, sólo se informa de las cifras de plagios denunciados ante las procuradurías de las entidades federativas, pero no se añaden de los denunciados ante la PGR. En 2012 la cifra del primer caso fue de 1,267 plagios y, en el segundo, de 938.

Pero la manipulación de cifras es peor que el no sumar y consolidar datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en 2009 Veracruz reportó cero secuestros, cuando que en ese año al menos 6 víctimas de plagio fueron asesinadas.

Peor aún. Cuando se suman, por un lado, todos los secuestros denunciados entre 1997 y 2011 (10,783) y, por otro, todas las condenas por este delito (9,899), resulta entonces que la tasa de castigo es del 92%, que la impunidad es muy baja, del 8% ¿Cómo es posible que con tal capacidad de castigo en 2011 el país haya tenido el mayor número de secuestros de su historia (y en 2012 el segundo número más elevado)? Porque simplemente las cifras de secuestro son falsas, porque han sido manipuladas para simular una incidencia inferior a la real.

Un caso emblemático de manipulación de cifras es el Estado de México. Desde 2007 se reportaron cifras mucho más bajas a las reales de homicidio, para simular que hubo un desplome de la incidencia de este delito. En 2011 la procuraduría mexiquense reportó 1,211 homicidios y el INEGI 2,627: ¡un 117% más! Asimismo, desde el año 2000 el Estado de México reporta cero extorsiones, cuando que según la encuesta del INEGI en esta entidad millón y medio de personas dijeron tener conocimiento de la ocurrencia de ese delito en 2011.

Si el estilo el gobierno federal va ser como el del gobierno del Estado de México, entonces la difusión de información sobre seguridad pública se convertirá en un ejercicio de mera ficción. Sobre esa base no es posible ni presumir logros sin “triunfalismo”, ni realizar una evaluación valedera sobre el desempeño.

En la estrategia del actual gobierno no hay lugar para el combate contra la impunidad. Es como si en México la impunidad no existiera, a pesar de que es la principal causa de la crisis de inseguridad.

La capacidad para castigar delitos y por esa vía prevenirlos, nunca ha sido elevada en México, pero en los últimos 6 años sufrió un dramático desplome. Por ejemplo en 2006 se impusieron sentencias condenatorias a los autores de 41 de cada 100 homicidios, mientras que en 2011 sólo a 16 de cada 100.

Asimismo, hace 10 años cada policía ministerial ejecutaba al año 3 órdenes de aprehensión en promedio y en 2011, ni siquiera 2. De ahí que el rezago en el cumplimiento de las órdenes llegue al medio millón, según nuestras estimaciones. Eso equivale a medio millón de delincuentes ya identificados, que están libres de seguir delinquiendo. Pero frente a esto el gobierno actual no tiene política.

Respecto a los grupos de autodefensa, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb declaró que los tenía “mapeados” y que frente a estos “no hay que preocuparse, sino ocuparse”. Pero el señor Mondragón no es un analista político o un investigador académico y ni él ni su gobierno se han “ocupado”.

Salvo en el caso de un grupo en Buenavista Tomatlán, Michoacán -que en realidad era una célula de un cártel- el gobierno federal no ha intervenido para remediar la situación. Y menos podemos esperar que el gobierno federal esté tratando de detectar otros sitios en donde podrían surgir autodefensas, ni que esté tomando las medidas para impedirlo, atacando las causas, esto es, la inseguridad y la ausencia de Estado.

Pero nosotros no nos limitamos a criticar. Tenemos 4 propuestas puntuales:

1. Intervención inmediata para solucionar la problemática de las autodefensas atacando sus causas:

• Las desplegar las fuerzas federales necesarias para abatir la inseguridad y la impunidad, así como para restaurar la autoridad del Estado, en las localidades donde hay autodefensas. Estas fuerzas deben permanecer hasta que exista una fuerza policial local formal, capaz de garantizar la seguridad.

• Deben tener máxima prioridad zonas como la Tierra Caliente en Michoacán, en donde fueron asesinados 10 agricultores hace 10 días y la Costa Chica de Guerrero.

• Desarmar a los grupos armados y poner fin a sus actividades fuera de la ley y proceder a la inmediata detención de los autores de tres asesinatos en retenes de la autodefensa de Ayutla de Los Libres y Tixtla, Guerrero.

• Promover la derogación del reconocimiento a las policías comunitarias en la ley 701 de Guerrero, que es contrario a la Constitución del país (artículo 21) y sirve como cobertura a los grupos armados ilegales.

• Identificar las localidades con una problemática similar y proceder igualmente a desplegar las fuerzas federales necesarias para actuar contra las causas y prevenir la aparición de las autodefensas.

2. Supresión de la política de “prevención social de la violencia y el delito” y destinar los recursos de este programa al abatimiento de la impunidad:

• El objetivo debe ser -para empezar- recuperar cuando menos las tasas de castigo de 2006.

• Respecto al rezago acumulado en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, la meta debe ser abatirlo en un plazo de 3 años.

3. Instauración de un esquema de responsabilidad y rendición de cuentas en las instituciones de seguridad pública, que haga depender la permanencia en los cargos de los resultados.

A partir de abril de 2011 el Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó metas de reducción de los delitos y se presentaron evaluaciones de resultados, aunque no las ha habido en los últimos meses. La virtud de esta política fue fijarse metas, pero su defecto ha sido el que no se apliquen sanciones para quienes no las cumplen.

Por tanto, ahora debe haber sanciones para quien no cumpla, que deben ir de la degradación a la separación, aplicables en todos los niveles de la jerarquía.

4. Realizar una auditoría ciudadana a la información estadística criminal para establecer un sistema confiable y útil para la evaluación.

Debe crearse para tal efecto una comisión en la que participen, además de las autoridades directamente responsables, organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, con un criterio incluyente y plural, así como el INEGI y el Instituto Federal de Acceso a la Información.