Boletín de seguridad diciembre 2012

En la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como Presidente de México de 2012 a 2018 y en el traspaso de poderes el 1 de diciembre 2012 predominó un ambiente de civilidad –excepto unas protestas organizadas por fuerza políticas en el centro de la capital-, confianza en las instituciones democráticas y en la buena voluntad y capacidad del nuevo gobierno de construir un México más próspero y seguro.

El compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de bajar en el primer año la violencia y los principales delitos como homicidios, secuestros y extorsiones e ir recuperando paulatinamente el control sobre territorios fragmentados bajo domino e influencia de ciertos narco-cárteles (Los Zetas, Cártel de Sinaloa), creó en la sociedad en general esperanzas de cambio de la grave situación de seguridad.

La firma del “Pacto por México” (que incluye 95 compromisos) con los tres partidos más representativos, la definición de las prioridades políticas, con especial énfasis en la importancia del tema de la seguridad pública y la nueva estrategia de combate al narcotráfico y crimen organizado, causaron en principio gran aceptación.

Resumen de la Política de Seguridad Nacional (estrategia anti-crimen)

Puntos del compromiso relacionados con la Seguridad Nacional: Garantía de seguridad pública efectiva en base al Sistema Nacional de Seguridad Pública; l Combate frontal a la pobreza; el Crecimiento económico y de empleo; Consolidación de la democracia y de los Derechos Humanos”.

Puntos principales de la nueva estrategia anticrimen, resultado de un exhaustivo análisis de la situación de seguridad nacional al final del sexenio del Gobierno del Presidente Felipe Calderón 2006 – 2012 (por el nuevo Gabinete de Seguridad):

Disolución de la Secretaría de Seguridad Pública y su integración en la Secretaría de Gobernación; creación de una Comisión Nacional Anticorrupción en sustitución de la Secretaría de Funciones Políticas.

Confirmación de las Fuerzas del Ejército y de la Armada Nacional en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizada, bajo los criterios de redefinición de las regiones (zonas) militares del territorio nacional y relevos de mandos, así como la definición de un considerable aumento del presupuesto militar para acotar a los grupos armados.

Conformación de una Gendarmería Nacional, básicamente con elementos militares con comprobada experiencia en el combate anticrimen, como policía de élite para ejercer y reforzar el control en territorios con fuerte presencia del crimen organizado; reorganización y reconstrucción de la Policía Federal y asignación de misiones especiales; depuración y certificación de los diferentes Cuerpos de Seguridad a nivel nacional; Instrumentación de la inteligencia (militar y civil) como base fundamental para la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad en el combate frontal contra los narco-cárteles y el crimen organizado; fomentar las políticas de prevención de delitos, de la salud y educación.

En lo referente a la confirmación del las Fuerzas Armadas en la lucha frontal contra los narcocárteles y los crímenes conexos de las organizaciones criminales llamó la atención la presentación de un “Libro Blanco del Ejército” por el Secretario de Defensa saliente, que define la participación del Ejército en la lucha durante todo el sexenio pasado y cita como tarea principal la seguridad interior, sin mencionar expresamente la seguridad pública, y la defensa de la soberanía nacional ante la contra-ofensiva del crimen organizado.

A pesar de la urgencia política de poner en práctica la nueva estrategia en la lucha contra el crimen organizado para obtener ya desde el mes de diciembre pasado, como primer mes del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, resultados positivos fehacientes contra el crimen organizado, los medios de información resumieron los crímenes a nivel nacional en 755 ejecuciones, cifra que resulta incluso superior al reporte del mes de noviembre pasado del sexenio anterior.

Breve Análisis de la situación

En la comisión de estos crímenes salta a la vista que los cárteles y las organizaciones criminales actuaron bajo el mismo patrón como durante el sexenio anterior, destacándose la extrema violencia, crueldad y desprecio de las vidas de las víctimas entre civiles, policías y funcionarios, así como de las mismas filas de las organizaciones criminales.

La violencia criminal se manifestó principalmente en el norte del país, en los Estados de Sinaloa, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua, en los cuales los asaltos (a lugares públicos, puestos de policías y militares), masacres, emboscadas y balaceras estaban a la orden del día, como de costumbre.

Por otra parte los secuestros y las extorsiones, en principio por parte de organizaciones criminales, han seguido a la orden del día, sin que se haya producido disminución alguna. También se han reportado abundantes crímenes en los Estados de Morelos, Guerrero y

Veracruz, un aumento considerable de tomas clandestinas de ductos de PEMEX y de asaltos a transporte de carga y de pasajeros en diferentes tramos de carreteras nacionales.

También en el Estado de México se observó un aumento de los crímenes y en consecuencia se están preparando otra vez más operativos de patrullaje, también con la presencia de fuerzas del Ejército en algunos municipios (Ecatepec, Nezahualcóyotl).

En el D.F. no se han reportado crímenes extraordinarios, aparte del normal aumento de las actividades de delincuentes (robos, asaltos) en los comercios del Centro y en Centros Comerciales por las fiestas decembrinas. En este contexto Miguel Ángel Mancera, como nuevo Jefe del Gobierno del Distrito Federal está decidido de impedir a toda costa que los cárteles entren a la zona metropolitana.

Este panorama de múltiples crímenes es un alarde de fuerza que demuestra claramente la intención de los narcocárteles y demás organizaciones criminales de confrontar, desafiar y retar a la autoridad del nuevo gobierno: Defender su poder, dominio y control de plazas en amplios zona territoriales, además de intimidar y corromper a autoridades e instituciones (federales, estatales, municipales), impactar y sembrar terror en la sociedad.

Dentro de este panorama criminal se han producido dos sucesos que llaman la atención: El intento de fuga en el Penal de Gómez Palacio en Durango con un saldo de 17 muertos (6 custodios y 11 reclusos; y el asesinato de un presunto líder (capo) de la banda de Los Rojos, célula del cártel de los Beltrán Leyva (que opera en los Estados de Morelos y Guerrero), mientras que éste estaba hospitalizado en el Centro de Médica Sur, por dos sicarios que lo remataron en el área de cuidados intensivos.

Conclusiones

No cabe ninguna duda que después de apenas un mes de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, es muy prematuro y poco realista hablar de un fracaso de la nueva estrategia de combate al crimen organizado.

Es importante enfatizar que la nueva estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado requiere en principio una fase de consolidación dentro del gobierno y las diferentes instituciones encargadas con su ejecución a nivel federal, estatal y municipal, así como el desarrollo de mecanismos de control en la conjugación de sus fuerzas.

La intención de Miguel Ángel Mancera, como nuevo Jefe del Gobierno del D.F., de cooperar activamente con el Gobierno Federal y de los Estados colindantes con la capital en materia de situación de seguridad, puesto que en la zona metropolitana viven unas 35 millones de personas, se considera como un apoyo importante dentro de la política nacional de seguridad.