Abatir la impunidad y no regalar dinero, es lo que previene y reduce el delito

En su primer día de mandato, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció trece medidas de gobierno, entre ellas la creación de un Programa Nacional para la Prevención del Delito.

Las líneas generales de lo que será ese programa fueron definidas en el compromiso número 74 del Pacto por México signado por los partidos políticos:

“Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se convierta en una verdadera prioridad nacional.”

Esta concepción de la prevención del delito basada en subsidios y servicios públicos es profundamente equivocada y en nada contribuirá a cumplir la meta de Enrique Peña de reducir a la mitad la incidencia actual de homicidios, secuestros y extorsiones.

Además resulta lamentable y alarmante que en los 8 compromisos del Pacto, relativos a seguridad y justicia, ninguno tenga que ver con el factor número uno de la crisis de inseguridad: la impunidad.

Es decir el nuevo gobierno y los partidos políticos están de espaldas a la realidad y de este modo lejos de resolver la crisis de inseguridad, la van a agravar.

La estrategia que supuestamente busca prevenir el delito mediante “políticas sociales”, en ningún lugar del mundo ha tenido el efecto buscado y no puede tenerlo, porque el diagnóstico es erróneo, pues los delincuentes no son movidos a delinquir por una supuesta falta de oportunidades, sino porque ellos tratan de satisfacer sus necesidades materiales no mediante el esfuerzo propio, como hacemos la gran mayoría de personas, sino tratando de despojar a los demás. A ellos lo único que los detiene es el uso de la fuerza legítima por parte del Estado, cuando es eficaz.

La política de redistribuir la riqueza para así, supuestamente, prevenir el delito, es profundamente inmoral, porque quita su dinero a unas personas que se esfuerzan -y respetan la ley- para dárselo a otras, como si éstas tuvieran derecho a disponer del producto del trabajo ajeno.

En México esta estrategia de supuesta prevención del delito ya ha sido puesta en práctica desde hace tiempo y como en el resto del mundo ha sido un completo fracaso, lo mismo en Juárez con el programa “Todos somos Juárez”, que en muchos puntos del país en donde programas similares han contribuido en nada a reducir el delito.

Hoy en la llamada “política social” se gasta -como proporción del PIB- el doble que 20 años atrás, pero actualmente padecemos una incidencia de robo del doble de dos décadas atrás.

La verdadera razón por la cual los políticos siguen insistiendo en esta receta inútil, no es porque con ella de veras quieran prevenir el delito: lo que buscan es comprar votos, expandir sus clientelas político-electorales.

Si México vive su peor momento de seguridad pública en tiempos de paz, es porque vive su peor momento de impunidad.

En 2011, sólo respecto a 5.83 de cada 100 delitos del fuero común denunciados, hubo sentencias condenatorias para los responsables. Es la tasa más baja desde 1997, cuando se impusieron condenas a los responsables a 6.12 de cada 100 delitos del fuero común denunciados.

Es de destacar que en 2005 se alcanzó la máxima tasa de castigo de los delitos del fuero común denunciados: 8.80 por cada 100. Es decir, en 2011 se castigó un 34% menos que apenas 6 años atrás.

En diversos delitos específicos la situación es similar, pero la caída más pronunciada en el castigo de los delitos se produjo frente al homicidio doloso. En 1997 se castigó a los responsables de 22 de cada 100 asesinatos, tasa que fue subiendo hasta alcanzar su momento máximo en 2005: 43 de cada 100.

Pero en los años de máxima violencia, de 2008 a la fecha, la tasa de castigó del homicidio doloso se desplomó. En 2008 se castigó a los responsables de 33 de cada 100 homicidios; en 2009 a 28 de cada 100; en 2010 a 15 de cada 100 y en 2011 a 16 de cada 100. Es la peor tasa de castigo de este delito desde que hay registros (1997).

Pero la caída de la tasa de castigo es precisamente más pronunciada en las entidades federativas más afectadas por la violencia. En Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Morelos, Nuevo León y Nayarit, las tasas de castigo de homicidio cayeron entre el 60 y 95%, entre 2007 y 2010 (la caída en el país fue del 62%).

El caso más dramático es el de Chihuahua. En 2004 recibieron sentencia condenatoria los autores 75 de cada 100 asesinatos. Pero en 2008 apenas se castigó a 11 de cada 100; en 2009 a 8 de cada 100; en 2010 a ¡2 de cada 100! y en 2011 a 4 cada 100.

Podría suponerse que esta caída es resultado del aumento súbito de los homicidios, mientras el número de sentencias condenatorias se mantuvo igual. En realidad ante una mayor violencia las procuradurías de justicia tendría que haber reaccionado con un mayor empeño en investigar los asesinatos, capturar a los responsables, presentarlos antes los jueces y obtener más condenas,

Pero no sólo no hubo ese mayor empeño, sino que las procuradurías de los estados disminuyeron el número de condenas en cifras absolutas entre 2005 y 2011, particularmente en los estados más afectados por la violencia. Esta baja de condenas fue más pronunciada en Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Nayarit, Durango y Guerrero, según se puede apreciar en las tablas anexas al presente comunicado.

De nuevo, el caso más dramático de desplome de las condenas es el de Chihuahua: en 2005 hubo 326 sentencias condenatorias y en 2010 apenas 157, un 52% menos.

Es obvio que los señores gobernadores de varios estados y sus procuradores simplemente se lavaron las manos ante la violencia creciente e incumplieron su obligación de perseguir los delitos.

Parte decisiva del problema de impunidad es, como hemos venido denunciando desde hace años, el incumplimiento de las órdenes de aprehensión. El problema es que la gran mayoría de las órdenes de aprehensión no se ejecutan: se archivan, hasta que pasados los años son canceladas, al prescribir.

En 2009 denunciamos que según respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2008 estaban vigentes y pendientes de ejecución más de 800 mil órdenes de aprehensión y reaprehensión y eso que los daos eran incompletos, pues faltaba información de 8 entidades federativas.

En 2011 hicimos una nueva solicitud de información, pero la respuesta del Secretariado Ejecutivo fue confusa. Aun así había información que revelaba la magnitud del rezago acumulado: en Chiapas había 67 mil órdenes todavía vigentes, a pesar de que se habían cancelado 52 mil (en su gran mayoría porque habían prescrito). Asimismo en Zacatecas se habían cancelado 34 mil órdenes y en Tabasco 19 mil y similar cifra en Nuevo León. Asimismo Sinaloa tenía 54 mil órdenes “pendientes” (no se precisó si de ejecutar o definir su status) y 78 mil en Veracruz.

¿Cuántas órdenes de aprehensión hay acumuladas en el país? En realidad nadie lo sabe. Nuestra estimación es que debe haber más de un millón, de las cuales unas 500 mil aún están vigentes.

La no ejecución de estas órdenes significa que cientos de miles de probables delincuentes se encuentran en libertad de seguir delinquiendo. Diariamente son detenidos hampones por diferentes delitos que contra quienes ya pesaban órdenes de aprehensión por otros delitos. Si esas órdenes se hubieran ejecutado, esos delincuentes no habrían cometido nuevos delitos ni creado nuevas víctimas.

Abatir la impunidad es la mejor manera de hacer descender los delitos, no regalando dinero ajeno a personas que sin los regalos de cualquier modo no delinquen, ni a delincuentes a quienes no importa cuánto se les regale, seguirán delinquiendo hasta que se les pare mediante el uso de la fuerza.

Si se abatiera el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión y cuando menos se recuperaran las tasas de castigo de hace 7 años, se lograría la meta de reducir a la mitad homicidios, secuestros y extorsiones.

Pero esto es justamente a lo que el nuevo gobierno federal y los partidos políticos no se han comprometido.

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