Al finalizar este sexenio se ha podido percibir un sensible desvío del interés público de las actividades de violencia y criminales cometidos por los narco-cárteles y el crimen organizado y en su lugar le llueven las críticas al Presidente Calderón y a su Gobierno.

Hasta el año 2010 la mayor parte de la ciudadanía valoraba positivamente la estrategia del gobierno en el combate al crimen organizado y se consideraba la participación de fuerzas militares como garante de éxito. Al mismo tiempo los ciudadanos consideraban que el gobierno estaba ganando a los narcos.

A partir de 2011 se produjo un cambió en la opinión pública por la falta de éxitos contundentes y la incapacidad de las fuerzas de seguridad de dar un giro positivo a la problemática situación de inseguridad en prácticamente todo el país. Desde entonces empezaron las críticas por los fallos de la estrategia en el combate al crimen organizado por el notable incremento de los crímenes, la violencia los ataques y las confrontaciones entre las narco-organizaciones y las Fuerzas de Seguridad Pública, del Ejército y de la Armada de México, que se volvieron cada vez más sangrientas y costas en vidas humanas.

Los cárteles y las organizaciones criminales ya habían extendido su presencia y sus actividades criminales en todo el país y ejercían su terror y muerte incluso en regiones (estados) que antes no sufrían esta extrema violencia. Además los cárteles mantenían cierto control en algunos aeropuertos, puertos marítimos, zonas fronterizas y turísticas.

Entre los principales cárteles que se reparten el control de territorios en por lo menos 20 Estados figuran Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, Cártel de Juárez, Los Zetas, Cártel de Tijuana y la Organización de los Beltrán Leyva.

En consecuencia cambió la percepción en amplios sectores de la sociedad y se empezó considerar que la estrategia del gobierno para combatir a los cárteles se había convertido en una guerra abierta. La falta de confianza en las fuerzas de seguridad pública, en sus tres niveles, la cada vez más notoria penetración de instituciones gubernamentales y estatales por los narcos, la creciente corrupción e impunidad, las deficiencias en la procuración de justicia y en el poder judicial, llegaron a formar un importante frente interno e impidieron la consolidación y el fortalecimiento de las principales instituciones federales.

El resultado más grave de esta guerra es, en resumidas cuentas, que ni el narcotráfico, ni la violencia, ni los crímenes disminuyeron y el consumo de drogas muestra una tendencia de crecimiento a nivel nacional.

A estas alturas del combate los narco-cárteles mexicanos ya se habían convertido en organizaciones transnacionales y manifestaron su nuevo poder a través de su presencia y sus actividades en los países de Centroamérica.

Para ejercer directamente el control del tráfico de drogas hacia el norte, que llegó a abarcar hasta un 90 % del flujo total de la cocaína y otras drogas, se convirtieron en una seria amenaza de los diferentes gobiernos por el considerable aumento de la violencia y os crímenes en toda América del Sur.

Al mismo tiempo los principales cárteles mexicanos expandieron sus actividades a África (p.ej. Sierra Leona), Australia, Asia, principalmente a China y Japón, Malasia e Indonesia, a Rusia y a diferentes países de Europa, como Alemania, España, Francia, Italia, Inglaterra y Polonia. En varios de estos países los cárteles mexicanos disponen ya de alianzas con las más notables organizaciones criminales.

Por otra parte la estrategia del gobierno de desarticular los cárteles con el claro objetivo de abatir y apresar a los máximos líderes y capos de los cárteles fue contraproducente puesto que produjo su dispersión e incursión en prácticamente todo el país, con el consiguiente aumento de la violencia y la extensión de sus actividades criminales por la inclusión de crímenes de alto impacto, como son secuestros, extorsiones, la trata y el tráfico de personas (migrantes), robo de vehículos, asaltos y robo de transporte de carga (ordeña de pipas de PEMEX), etc.

Esta situación trajo como consecuencia que por el lado de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal aumentaron también la violencia, los abusos contra la población civil y el irrespeto a los derechos humanos pero también recelos y desacuerdos entre las mismas Fuerzas de Seguridad Pública (PF) y las Fuerzas Armadas (Ejército y Armada).

La larga trayectoria de esta costosa y dolorosa guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha deteriorado la imagen de México como nación a nivel internacional. Sin embargo y a pesar de los miles y miles de muertos y víctimas en estos últimos seis años, hay muchos gobiernos e instituciones oficiales en Europa, América del Sur y Norte, que han reconocido el gran valor y la honestidad del Presidente Calderón de hacer frente a las poderosas organizaciones de narcotraficantes y del crimen organizado, su imperiosa violencia y brutal desprecio de la vida y los derechos humanos.

A pesar de que el gobierno saliente no ha podido ganar la guerra contra el narcotráfico, hay que hacer constar que existían ciertos factores que de una manera decisiva contribuyeron a que la estrategia del Presidente Calderón fallara: La continuación de la gran demanda y el creciente consumo de drogas, principalmente en Estados Unidos, pero también en países al otro lado del Océano Atlántico y otras regiones de la geografía mundial, la falta de valor y decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer frenos legales a la exportación de armas de alto poder, la falta de apoyo y solidaridad de amplios círculos de la sociedad y política mexicana.

Aún con todo se puede resumir que sí se ha logrado una nueva y más amplia concientización en la sociedad mexicana referente a la gran problemática y el peligro que constituyen el narcotráfico y el lavado de dinero más allá de las fronteras nacionales mexicanas.

También es importante señalar que a instancias de renombrados personalidades políticas (ex presidentes), intelectuales, jefes de estado e instituciones democráticas y representativas de los derechos humanos, siguen formándose iniciativas para buscar una solución para despenalizar el consumo de ciertas drogas, sustituir la aplicación casi exclusiva de medidas de represión y dar preferencia a la prevención, la salud y educación.

Ante el cambio del sexenio y la toma de posesión del nuevo Presidente y su gobierno es importante señalar que gran parte de la sociedad mexicana delega sus esperanzas en la decisión y capacidad del Presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, para definir una estrategia más eficaz en base a la revaluación y corrección de los errores, negligencias y omisiones habidos.

En este sentido se considera positivo la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de una Comisión (independiente) Nacional Anti-Corrupción como primeras medidas para cumplir la promesa de dar prioridad a la seguridad ciudadana y combatir con éxito las organizaciones criminales, bajar a corto plazo la violencia y los principales crímenes de alto impacto de homicidios, extorsiones y secuestros, combatir la corrupción y restablecer el Estado de Derecho.

Profundizar en las críticas al Presidente Calderón como máximo culpable de la guerra y los muertos, no sirve sino para dividir la sociedad. Resulta más constructivo, resaltar parte del balance positivo del Presidente y Gobierno saliente, como la superación de la crisis financiera global de 2008/2009, la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional, el aumento de las reservas internacionales, el fomento de exportaciones y la confianza de las de capital extranjero, además de los logros en el sector salud, en beneficio del nuevo gobierno y la firma del Pacto por México.


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