Boletín de seguridad octubre 2012

A cuatro semanas de finalizar el sexenio de 2006 – 2012 del Presidente Felipe Calderón Hinojosa hay por primera vez ciertos indicios de que la violencia está disminuyendo, de una leve mejoría de la situación de inseguridad y de esperanzas de que la estrategia del gobierno saliente repercuta a corto plazo en las actividades de los narco-cárteles y sus organizaciones criminales.

Ante la toma de posesión de la presidencia del Presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno el primero de diciembre próximo crecen las esperanzas en la sociedad en general de que a corto plazo la violencia, los secuestros, las extorsiones y los homicidios disminuyan.

I. Panorama general

Es importante enfatizar que los medios han reportado durante todo el mes de octubre, igual que en los meses anteriores, que la espiral de crimines y violencia, de masacres y homicidios han recrudecido en prácticamente todo el país.

Mientras que los delitos de bajo impacto como asaltos y robos de diferente índole y amenazas, adscritos a la delincuencia común se mantuvieron estables, los delitos de alto impacto por cuenta de las organizaciones criminales aumentaron en todo el país y los narco-cárteles hicieron alarde de su fuerte presencia, poder operativo y criminal a través de confrontaciones, ataques y asaltos contra las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas militares y diversas instalaciones públicas, con el claro objetivo de dañar más la imagen del gobierno saliente, intimidar a la sociedad en general y retar al futuro gobierno.

En este contexto es impresionante la amplísima información difundida últimamente por los medios referente a la gran difusión de la corrupción existente en las más diversas esferas e instituciones de la administración pública, sea a nivel federal o de diferentes estados y municipios (alcaldías, policías, ministerios públicos, juzgados) debido a la infiltración y penetración por parte del crimen organizado, valiéndose de su poder económico, extorsivo y violento.

Entre los crímenes más destacados es de señalar el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex dirigente del PRI y ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como un ejemplo más de la corrupción y colusión de autoridades y policías municipales con el crimen organizado (cárteles).

Referente a este crimen se menciona insistentemente la presencia de narco-empresarios corrompidos por narco-cárteles y su cooperación con ellos.

Los narco-cárteles y sus organizaciones criminales, a través de narco-empresarios, lavan anualmente grandes cantidades de dinero en el país (según revelaciones recientes de Haciendo unos 10 MMD, según fuentes de EE.UU. de unos 20 a 30 MMD). Con la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, que entrará en vigor en 2013, se espera poder combatir este fenómeno criminal con más eficiencia.

Las recientes amenazas y extorsiones del crimen organizado contra jueces federales, denunciados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, forman parte de las prácticas de extorsión de las organizaciones criminales. En consecuencia, la Corte pidió reforzar la seguridad de los jueces con escoltas, vehículos blindados y elementos del ejército y de la policía federal.

Los cuantiosos robos a PEMEX, por ordeña de ductos y extracción de equipos costosos plataformas, etc.), así como la participación del crimen organizado en multimillonarios fraudes de la empresa estatal petrolera y el blanqueo de dinero a través de grandes empresas nacionales, se supone con el conocimiento de altos dirigentes políticos y empresariales, son adjudicados así mismo al crimen organizado y forman parte de la corrupción existente en las más altas y diversas instituciones.

Otro ejemplo de la corrupción y colusión de instituciones gubernamentales, en el caso concreto la Policía Federal, igual que en la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el mes de junio 2012, es el asalto a una camioneta blindada de la Embajada de Estados Unidos el 24 de agosto de 2012 en Tres Marías, con fuertes indicios de que los implicados elementos de la Policía Federal actuaron de acuerdo con un cártel del narcotráfico. Aunque la investigación de este caso no está terminada aún, no cabe duda alguna de que el objetivo del ataque fue la eliminación física de los tres ocupantes (2 funcionarios de la CIA, adscritos a la Embajada y un oficial de la Marina de México).

De los crímenes más impactantes en el mes de octubre figuran también amenazas y asesinatos de alcaldes (a lo largo del sexenio en unos 150 municipios, con un saldo de 31 alcaldes muertos), reporteros y periodistas en diversos estados (unos 16 durante 2011-2012), atentados (quema de dos hoteles) y matanzas en Acapulco, confrontaciones entre las fuerzas del orden público (policías federales, ejército y marina) y un aumento de secuestros en los Estados de Coahuila, Guerrero, (la denuncia de funcionarios de la PGR como informantes de El Chapo Guzmán), en Nuevo Laredo, Durango, Tabasco, Veracruz (estado con el más alto número de ataques contra fuerzas federales), además de recientes extorsiones, plagios y asesinatos de personal médico (doctores y pasantes) en diferentes lugares de provincias alejadas. (Según información publicada recientemente sobre secuestros correspondieron 2044 a 2010, 2682 a 2011 y 1609 a 2012).

El reclutamiento de pandillas de adolescentes por los cárteles del narcotráfico para integrarlos en sus filas como sicarios, halcones y vigilantes de casas de seguridad, principalmente en Monterrey, León, Ciudad Juárez, Acapulco y San Luis Potosí, resulta sumamente alarmante, puesto que la PGR reconoció la existencia de unas 215 pandillas relacionadas con el crimen organizado, cuyo número se calcula en unos 30 mil entre menores y mayores de 15 a 16 años.

La venta de drogas por narcomenudeo en diversas ciudades y municipios está en manos y controlado de familias enteras, que al igual que los narco-cárteles defienden y cobran su derecho de piso, originando a su vez confrontaciones y asesinatos, coludiendo y corrompiendo autoridades en delegaciones y municipios controlados por ellos.

Las redes de corrupción extendidas por los narco-cárteles y sus organizaciones en todo el país y que garantizan a los delincuentes la más amplia impunidad y constituyen las verdaderas bases del mal, han convertido a funcionarios y servidores públicos en colaboradores (se mencionan entre otras instituciones la PGR/ SIEDO/UEIDC, etc.) principalmente como informantes, sicarios, secuestradores, etc., a sueldo de los diferentes narco-cárteles (p.ej. Cártel de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Templarios, la Nueva Generación de Jalisco, principalmente.

II. Conclusiones

Después de seis años de combate militarizado del gobierno del Presidente Calderón, sin conseguir resultados claros y convincentes, los narco-cárteles y sus organizaciones criminales han extendido su presencia, sus actividades e iniciativas criminales en todo el país, incluso en regiones dónde antes de 2006 no tuvieron presencia, el tráfico de drogas de sur a norte ha ido incrementándose, los crímenes de alto impacto (extorsiones, secuestros, homicidios, etc.), igual que el tráfico de armas, la trata de blancas y el control de gran parte de la migración de sur a norte a través México.

La Estrategia Integral del gobierno del Presidente Calderón que consistía principalmente en hacer frente a las organizaciones criminales y el abatimiento de los principales capos de los cárteles, modernizar y fortalecer las instituciones de seguridad, justicia y reconstruir el tejido social, no dio los resultados esperados: la presencia, el poder y número de los cárteles crecieron en todo el país, a pesar de la considerable destrucción instalaciones e infraestructura de cárteles, la abolición de gran número de capos, como la reciente eliminación de “El Lazca”, máximo líder de Los Zetas.

En consecuencia esta problemática situación, que se expresa en el alto número de muertes y víctimas que se calculan en total en unos 95 mil (hasta 2011, según INEGI), sin contar los miles desaparecidos, requiere urgentemente un replanteamiento de la estrategia aplicada. La advertencia del gobierno de que del total de estos 90 mil víctimas, un 90 a 95% corresponden a las luchas entre los diferentes cárteles en defensa de sus intereses, no justifica esta “guerra”, puesto que en todo caso se trata de ciudadanos mexicanos (!) y por lo tanto evidencian la penosa situación y el sufrimiento de la sociedad en general.

El país y el futuro gobierno se encuentran ante una difícil encrucijada: El poder militar y económico de los narcos y sus organizaciones criminales sigue ejerciendo un amplísimo control territorial, desafiando y retando la autoridad del Estado y poniendo en entredicho el Estado de Derecho.

La corrupción de amplísimos sectores hasta en las más altas esferas de instituciones federales, estatales y municipales y la consiguiente impunidad, constituyen la base para que el crimen organizado en su conjunto pretende y asimila en ciertas regiones territoriales funciones de “un Estado dentro del Estado”. La corrupción genera impunidad y la impunidad más corrupción

Las prioridades del futuro gobierno de Enrique Peña Nieto, según el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, deberían contemplar la definición de una política de seguridad, integral, que incluya la contemplación de la prevención y persecución de los delitos, respetando los derechos humanos. La futura participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones criminales requiere bases legales para su actuación en defensa de la seguridad pública.