Boletín de seguridad agosto 2012

Después de las elecciones presidenciales del primero de julio 2001, en el mes de agosto de 2012, luego de las elecciones presidenciales del primero de julio pasado, el crimen y la inseguridad llaman de nuevo la atención de la sociedad en todo el país.

La violencia y los crímenes se incrementaron desde finales de julio/principios de agosto y ocupan nuevamente las primeras planas de los medios después de las elecciones presidenciales del primero de julio pasado y de las protestas e impugnaciones postelectorales.

La ofensiva de los narcos ha impactado en 21 estados (según un recuento de Reforma en los primeros 10 días de agosto hubo 283 muertes) con un considerable aumento de ejecuciones, asesinatos, masacres, secuestros, narco-bloqueos y enfrentamientos armados de los narcos con la Policía Federal, unidades de las Fuerzas Armadas y Policía Estatal y Municipal.

Por la gravedad de la situación en los Estados de Michoacán, Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Tamaulipas, el gobierno federal envió inmediatamente fuerzas adicionales compuestas por 11 mil 835 de elementos de las Fuerzas Armadas y 3 mil 900 Policías Federales para reforzar la seguridad y hacer frente a este nuevo reto del crimen organizado.

Entre los innumerables crímenes destaca el asesinato del alcalde electo (del PRI) de Matehuala, municipio del Estado de San Luis Potosí, Edgar Morales Pérez y de su jefe de campaña Juan Francisco Hernández Colunga, ejecutados supuestamente por el Cártel de los Zetas el 12 de agosto pasado. Estos asesinatos corresponden a las prácticas de los narcos de amenazar y matar para corromper y subordinar autoridades locales para que en sus actividades criminales, su presencia y control territorial, puedan contar con la más amplia impunidad.

Con la reciente desaparición de la directora del penal de Cieneguillas, Fabiola Quiroz, en el Estado de Zacatecas, igual que con los numerosos asesinatos de periodistas y ataques a instalaciones de periódicos los narcos persiguen los mismos objetivos.

El considerable aumento de los narco-bloqueos en carreteras y poblaciones (en estados como Nuevo León, en Jalisco se ha decretado máxima alerta de seguridad), la quema de vehículos (tráileres, pipas, etc.) y los ataques con explosivos (cócteles molotov) a gasolineras, hospitales, ayuntamientos son parte de la escala de violencia y terror de los narcos.

En el Estado de México se ha intensificado la presencia de los cárteles La Familia Michoacana, Los Templarios y La Nueva Generación Jalisco, que ante el considerable aumento del narcomenudeo y el consumo de drogas se disputan el “control de la plaza”. Además se ha registrado un alarmante crecimiento de extorsiones contra comerciantes. En Nezahualcóyotl, el Cártel de La Familia Michoacana, ha infiltrado autoridades y cuerpos de la policía locales para asegurarse la impunidad. Se le atribuye también a La Familia Michoacana el reciente envío de narco-mensajes al Gobernador Eruviel Ávila, acusando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de tener nexos con el narco. (La disputa entre los dos cárteles ha dejado 329 ejecuciones en lo que va del año, un 13.6% más que en el mismo lapso en 2011).

Como consecuencia del aumento de los crímenes y el empeoramiento de la inseguridad las autoridades del Estado de México han establecido operativos de vigilancia y seguridad con unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que se extenderán a la zona conurbada con el Distrito Federal.

En el Distrito Federal la violencia, los homicidios y masacres (con cadáveres descuartizados), las extorsiones, los robos a casa habitación (con un incremento del 3.6 por ciento) y de vehículos han aumentado considerablemente. Según datos recientes los crímenes se concentran principalmente en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa (con masacres recientes), Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

Los robos a PEMEX (ordeña de ductos y pipas) por el crimen organizado han ido creciendo en todo el todo el territorio nacional y las enormes pérdidas económicas han ascendido en los primeros seis meses de este año en unos 1.5 millones de barriles. Además ha aumentado el tráfico (distribución) ilegal de gas LP, principalmente en la zona centro del país.

Los secuestros, la extorsión y los robos a casas habitación, negocios y transporte de carga han alcanzado niveles muy altos y preocupantes, especialmente en las últimas semanas, con la consiguiente alarma entre los empresarios y comerciantes. En varios estados del norte del país el número de empresas y de negocios que se han visto obligados a cerrar y migrar del país ha originado un creciente desempleo.

Por la alarmante inseguridad en todo el país se ha reportado en el primer semestre de 2012 una caída de la inversión directa extranjera de un 9.3%, en comparación con 2011 (Universal).

Las cifras preliminares elaboradas por el INEGI-Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hechas públicas a partir del 20 de agosto pasado, contrastan con la información difundida recientemente por el mismo Presidente Felipe Calderón, de que la violencia y los crímenes han ido disminuyendo en el primer semestre de 2012, en comparación con los años anteriores de su sexenio.

Según INEGI, en 2006, en el último año del sexenio del Presidente Fox, se registraron 10.452 homicidios y en comparación en los años siguientes se han registrado 8.867 en 2007, 14.006 en 2008, 19.803 en 2009, 25.757 en 1010 y 27.199 en 2011.

Por lo tanto el total de homicidios registrados entre 2007 y 2011 se elevó a un total de 95.632. El porcentaje del promedio nacional de homicidios por 100 mil habitantes pasó de 10 en 2006 a 24 en 2011.

Para obtener el resultado total de homicidios acontecidos en el sexenio de 2006 a 2012 falta aún sumar los datos correspondientes hasta el 30 de noviembre del 2012 y no resulta difícil pronosticar que la cifra final rebasará considerablemente los 100 mil homicidios.

Este lamentable resultado indica claramente que la estrategia y la militarización convirtió el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en una verdadera guerra, que falló en sus principales objetivos: No se ha logrado controlar ni el tráfico de drogas, ni el crimen organizado. El verdadero parámetro de la inseguridad en el país es el altísimo número de víctimas, no el número de los capos abatidos o extraditados, ni el argumento de que el 90 por ciento de los muertos corresponde a las luchas entre los cárteles por el control de territorios y “la plaza”.

El virtual presidente electo Enrique Peña Nieto y su futuro gobierno están confrontados desde ya con la problemática de la inseguridad y el hartazgo de la sociedad que reclama a nivel nacional la reducción de la violencia y de las muertes de inocentes, de los secuestros y de las extorsiones.

En la actualidad los máximos responsables de la violencia y los crímenes en el país son diez narco-cárteles (del Golfo, de Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Milenio, los Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios) por su lucha por el control de territorios y “plazas” y por corromper las autoridades (y policías) estatales (municipales) y federales (incluyendo la procuración de justicia y los jueces) para imponer la impunidad.

La corrupción y la impunidad, la falta de confianza en las autoridades, principalmente en las policías y la justicia y el debilitamiento del Estado de Derecho son los grandes retos para el futuro.

El INSTITUTO CIUDADANO DE ESTUDIOS SOBRE LA INSEGURIDAD – ICESI, en su edición Cuadernos del ICESI 2012, hace referencia a la “Corrupción o Seguridad – La incidencia de la actual desconfianza en la Policía Mexicana”, argumentando que una de las principales causas de la inseguridad es la corrupción en sus diferentes expresiones.

En este contexto señala ciertos indicios de que el pueblo mexicano aceptaría compromisos que contribuyeran a corto y mediano plazo a una solución de la inseguridad, que cuenten con el apoyo (y la presencia) de las Fuerzas Armadas y los tres poderes (el ejecutivo, legislativo, jurídico).

El ataque del 24 de agosto pasado en la carretera a Cuernavaca, en la cercanía del poblado de Tres Marías, por un comando de 12 (supuestos) Policías Federales (sin uniformes) a una camioneta con matrícula diplomática adscrita a la Embajada de Estados Unidos, cuyos tres ocupantes (dos funcionarios diplomáticos estadunidenses y un oficial de la Marina mexicana) fueron atacados (parece que sorpresivamente) con armas de grueso calibre y perseguidos al estilo policíaco más puro y sin lugar a dudas con el claro objetivo de matarlos.

La información dada a conocer por las autoridades correspondientes no ha servido hasta ahora sino para confundir más los hechos en vez de aclararlos.

Lo único que quedó claro hasta ahora es la duda de la identidad de los Policías Federales y la legalidad de sus objetivos y la profunda sospecha de un hecho más de corrupción.