Si provoca violencia, la izquierda debe pagar por ello

Al tiempo que dice protestar dentro de la legalidad, la izquierda incita a la violencia mediante "el tirar la piedra y esconder la mano".

  • En 2012 existen mayores condiciones para la violencia que en 2006
  • Es ataque grave contra la libertad de expresión la pretensión de "ocupar" Televisa
  • Crispación y violencia ¿para recuperar inversiones?
  • La violencia no puede quedar impune, debe cancelarse el registro a los partidos que la provoquen y castigarse a sus patrocinadores.

Aunque el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice que sus protestas contra el proceso electoral serán legales y pacíficas, lo cierto es que la izquierda viene creando un clima favorable a la violencia mediante un discurso que la exalta.

Este discurso, como en 2006, se sustenta en las acusaciones anticipadas y ahora posteriores –y sin pruebas- de fraude electoral y la exigencia de que se entregue el poder a quien fue derrotado en las urnas.

Pero en 2012 las condiciones son más favorables para la violencia que en 2006, en virtud de que:

  • Durante 6 años el grupo de los más fanáticos seguidores de AMLO han sido bombardeados por las acusaciones –no probadas- de fraude- y ahora se encuentran especialmente enardecidos porque –según su líder- han sido ultrajados de nuevo.
  • Desde el surgimiento del movimiento falsamente espontáneo "#yosoy132", creado por decisión de los dirigentes de la izquierda partidista, la consigna ha sido "si hay imposición habrá revolución", es decir: si a su candidato López no se le entrega el poder, lo que procede es la rebelión. Los integrantes de este grupo no se han contentado con las palabras y ha recurrido frecuentemente a actos de provocación durante y después de la elección, para que se produzca violencia y ello sea el pretexto para desatar motines como en San Salvador Atenco o en Oaxaca.
  • Los propios líderes formales de los partidos hacen llamados a la rebelión, como el senador perredista Pablo Gómez, quien en una sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral convocó a la "rebelión de los sometidos", de la misma manera en que en 1994 se dedicó a justificar la asonada del EZLN en Chiapas.
  • Los grupos armados clandestinos Coordinadora Revolucionaria Libertad (la cual se adjudica los atentados terroristas de noviembre de 2006) y el Ejército Popular Revolucionario, se dicen listos para participar en una rebelión contra el "fraude electoral".
  • Muchos otros grupos de activistas radicales y muchos de ellos simpatizantes de los grupos terroristas, han manifestado abiertamente su decisión de recurrir a la violencia como han recurrido en otras ocasiones (Oaxaca, San Salvador Atenco), ahora con el pretexto electoral.
  • AMLO, los partidos de izquierda y los grupos radicales a quienes ahora toca ejercer la violencia, se sienten alentados por el patrocinio de grandes empresarios a su causa.

A diferencia de 2006, AMLO y los partidos que lo apoyan no están llamando abierta y directamente a cometer actos ilegales y violentos, sino que el trabajo sucio se lo están dejando a otros, como son los sujetos que participaron en la reunión de los días 14 y 15 de julio de 2012 en San Salvador Atenco.

En dicha asamblea lo que se aprobó no fue otra cosa que un plan de desestabilización mediante la comisión de diversos delitos, como son los ataques a las vías generales de comunicación y la violación al derecho al libre tránsito. No debería sorprender que además los grupos armados clandestinos cometan actos terroristas como en 2006.

Todas estas acciones tienen por propósito coaccionar al tribunal electoral, para que los magistrados fallen al gusto de AMLO y sus secuaces.

Pero hay otras acciones de hostigamiento que buscan intimidar y doblegar a los particulares, como es el caso de los planes para ocupar medios de comunicación y en particular las instalaciones de Televisa, que además de atentar contra el derecho a la libre expresión son conductas tipificadas por código penal (ataque a vías de comunicación, allanamiento de morada, extorsión).

Que no vengan estos grupos radicales a decir que sus acciones contra los medios de comunicación son "pacíficas". No existe tal cosa como ataques pacíficos al libre tránsito. No existe la coacción "pacífica".

Así como los comunicadores protestan al unísono cuando sus pares son objeto de agresiones por parte de los grupos criminales, así deben alzar su voz contra la coacción contra los medios de comunicación que ejercen las turbas de AMLO.

Y tampoco a nadie engaña el juego de los partidos de izquierda de tirar la piedra y esconder la mano, de negar su participación en la organización de la violencia. Las relaciones orgánicas en estos grupos radicales y los partidos con registro han sido reveladas con claridad. Los actos de coacción no son "espontáneos" ni ajenos a la voluntad de AMLO y de los líderes del PRD, el PT y el MC.
Pero además, muy probablemente la provocación y la violencia no tengan sólo propósitos políticos. En 2012 AMLO contó con el patrocinio de muy opulentos empresarios, que fueron generosos en sus donaciones.

Según trascendió el 30 de junio, el empresario Julio Villareal Guajardo habría aportado –él sólo- 140 millones de pesos a la campaña de AMLO. Asimismo después de la reunión del 24 de mayo del uruguayo Luis Costa Bonino con los empresarios Luis Creel, Luis Orvañanos, Elena Achar, Luis del Valle Gurría y Rogelio Jiménez Pons, estos habrían atendido la solicitud del primero de entregar 6 millones de dólares.

Asimismo puede haber muchas otras jugosas donaciones como aquellas de los empresarios Alfonso Romo, Adolfo Hellmund, Fernando Canales Stelzer, Fernando Turner, Carlos Lomelí Bolaños, Cristina Sada Salinas, Armando Guadiana Tijerina, Alejandro Gurza y Miguel Torruco Marqués, consuegro de Carlos Slim.

Estas donaciones fueron realizadas con la perspectiva de que los beneficios fueran muy superiores a las erogaciones. Sin embargo al no ganar su candidato ¿cómo recuperarán su inversión?, ¿acaso los patrocinadores de AMLO no estarán buscando utilizar el conflicto post-electoral –incluso violento- como un medio para chantajear al fututo presidente y negociar prebendas?

La izquierda no puede quedar impune respecto al eventual estallido de la violencia que ha venido alentado.

Nada ha sido tan perjudicial para la vida política del país como el uso impune de métodos ilegales y violentos para hacer valer demandas legítimas o ilegítimas. La izquierda ha sido la principal fuerza que más ha incurrido en esta conducta aberrante.

La izquierda está acostumbrada a la deslealtad democrática, al doble juego: por un lado se beneficia ampliamente de las victorias electorales que obtiene, pero por otro lado no le importa perjudicar al país con sus acciones ilegales y violentas, que realiza con el propósito de imponer su agenda y de obtener el poder que no logró en las urnas.

Seguir tolerando esta conducta no hará sino alentar más ilegalidad y más violencia de la izquierda.
El código federal electoral es muy claro respecto a las causales para la proscripción de los partidos. En su artículo 38, el código electoral establece la obligación de los partidos –so pena de perder su registro- de abstenerse de recurrir a la violencia.

Por tanto nuestra exigencia es que en caso de producirse la violencia que la izquierda ha venido gestando, se deje de seguir incentivando esta conducta que amenaza la existencia de nuestra democracia. A la izquierda se le debe aplicar la ley: a sus partidos se les debe cancelar el registro, para que por primera vez paguen las consecuencias de su accionar ilegal y violento.

Ante los muy probables actos ilegales y violentos ni autoridades federales ni locales se pueden cruzar de brazos sin volverse cómplices. Si estas autoridades son omisas en sus obligaciones, se les deberán fincar –tan pronto como sea posible- las responsabilidades administrativas, políticas y penales que haya lugar.

Y los empresarios que financien este movimiento golpista que sepan que no tienen patente de corzo, que su complicidad también puede ser castigada.

A t e n t a m e n t e

Lic. José Antonio Ortega Sánchez (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C.)
Ing. Noel Aguilar Viquez (Coordinadora Ciudadana A.P.N.)
Lic. Eduardo Aguilar Chiu (Mejor Sociedad, Mejor Gobierno)
Lic. Eloy Salazar (Federación de Escuelas Particulares del Edo de México A.C.)
Lic. Jesús Fernandez (Vigia de la Democracia A.C.)
Lic. Juan José Medeiros (New Humanity Capitulo México)
Ing. León Prior (Coordinadora Ciudadana DF)
Lic. José Antonio Calderon (Alianza Social)
Lic. José Manuel Luna (Unión Nacional Sinarquista)
Lic. Juan Francisco Matencio (Arquitectos Unidos por México)
Dr. Elias Huerta (Asociación Nacional de Doctores en Derecho A.C.)
Lic. Ana Bertha Colin (México Nuestra Causa)
C.P. Isamel Ordaz Jiménez (Movimiento Causa Nueva A.C.)
Sr. Roman Díaz Vázquez (Asociación profesional Interdisciplinaria de México)
Sra. María del Consuelo Boom (Asociación de Residentes Colonia Florida)
Lic. José Luis Gazcón (Edificare Comune)
Sra. Rocío Mandujano
Sr. Jorge Cravioto (Formación de profesionales y técnicos del D.F.)