Fuerzas políticas extranjeras se inmiscuyen en la elección presidencial

Tratarán de reventar la elección si su candidato no gana

  • La estrategia electoral del candidato de la Alianza Progresista tiene dos pilares:
    • La coordinación de la campaña y recolección de fondos a cargo del uruguayo Luis Costa Bonino.
    • La organización de movimiento artificial para provocar violencia, a cargo de los chilenos Marcos Alberto Enríquez-Ominami Gumucio y Camila Vallejo.
  • El Consejo General del IFE ha sido omiso ante los casos de injerencia de extranjeros en el proceso electoral.
  • El IFE no debe condenar sólo contra la violencia en abstracto, sino los actos de provocación contra las actividades electorales de partidos y candidatos, y los llamados a la violencia como la consigna "si hay imposición habrá revolución".

Con la presunta complicidad de los partidos que integran la coalición electoral Movimiento Progresista, agentes políticos extranjeros se han inmiscuido en la elección federal de México, a fin de que se imponga el candidato Andrés Manuel López Obrador y de no ser así, reventar los comicios y buscar su anulación. Ante ello el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) debe actuar contra esta injerencia externa, a fin de cumplir con su obligación de garantizar un proceso electoral legal, legítimo y pacífico.

El artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deja lugar a dudas sobre la prohibición a que los extranjeros se inmiscuyan en política interna:

"Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país."

Asimismo el artículo 349 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece:

"Constituyen infracciones al presente Código de los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución y las leyes aplicables."

Y respecto a estas violaciones a la ley, el Código en su artículo 355 es muy claro sobre las obligaciones del Consejo General del IFE:

"Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley. Si el infractor se encuentra fuera del territorio nacional, el Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar."

Pero pese a esta disposición obligatoria y en modo alguno discrecional, el Consejo general del IFE y su consejero Presidente han sido negligentes y omisos respecto a tres casos de injerencia, a saber:

  1. La conducción de la campaña electoral de AMLO y la recolección de fondos para la misma por parte del uruguayo Luis Costa Bonino, quien ha sido asesor de las campañas de candidatos de izquierda en Argentina, Brasil y Perú.
  2. La intervención del chileno Marcos Alberto Enríquez-Ominami Gumucio como asesor para la creación del movimiento "yo soy 132" por parte del líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como parte de la estrategia para desacreditar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Pena Nieto y favorecer a AMLO.
  3. La intervención de la chilena Camila Vallejo para asesorar al movimiento "yo soy 132" y presidir un mitin de este grupo, el cual como ya se indicó fue creado para golpear al candidato priista y apoyar al aspirante de la Alianza Progresista.

Como es sabido, el 30 de mayo de 2012, El periódico El Universal difundió la grabación de una reunión celebrada en una casa de la colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal, reunión a la cual asistieron empresarios, a quienes el uruguayo Luis Costa Bonino, quien ha sido el verdadero coordinador de la campaña electoral de AMLO, les solicitó dinero para este candidato, en los siguientes términos:

"Necesitamos conseguir 6 millones de dólares para ganar la campaña presidencial, los demás temas los tenemos bajo control (...) esta elección la vamos a ganar (...) quería pedir en esta ocasión que le pudieran dar a la campaña sabiendo que es un apoyo no a la esperanza, sino al triunfo.

"Cuando alguien nos apoya, sólo lo saben los que nos apoyan y el candidato".

Pero el uruguayo Costa Bonino no sólo ofreció anonimato a los donantes sino que insinuó que a cambio de su dinero podrían obtener prebendas, una vez que AMLO estuviera en el poder.

La injerencia de este extranjero en los asuntos políticos del país es evidente. No expresó una opinión, sino que reveló su condición de verdadero jefe de la campaña electoral de AMLO y estaba recolectando fondos y traficando influencias.

Pero en lugar que el IFE emprendiera una investigación de oficio, en lugar de que solicitara a las secretarias de Gobernación y Relaciones Exteriores información sobre este sujeto y que lo expulsaran del país por su intromisión, lo que hizo fue suspender la transmisión del spot en donde se aludía a esta grave violación de la ley en la que incurrió no sólo el citado extranjero, sino el candidato de la izquierda y los partidos que lo apoyan.

El segundo caso de intromisión de agentes políticos extranjeros en los asuntos políticos de México, se refiere al papel jugado por el chileno Marcos Alberto Enríquez-Ominami Gumucio, según la información relevada por los periodistas Enrique Aranda del periódico Excélsior en sus artículos "YoSoyMEO-132" y "#YoSoy132, el secuestro..." y Ricardo Alemán de El Universal en su colaboraciones tituladas "La mano que mueve al #YoSoy132" y "No que no, Yo soy 132 secuestrado por la izquierda".

Marcos Alberto Enríquez-Ominami Gumucio realizó numerosas visitas a México durante el presente año para reunirse con los dirigentes izquierdistas Manuel Camacho, Marcelo Ebrard y Carlos Naravarrete, así como con quienes después se conocerían como líderes del movimiento "#yosoy132".

De nuevo, un extranjero y que además fue candidato presidencial en su país, se entromete en asuntos políticos de México para fabricar un movimiento (que simula ser "espontáneo") que no tiene otro propósito que favorecer al candidato del Movimiento Progresista mediante le descrédito del candidato priista, descrédito que se busca mediante actos de provocación y violencia, como han sido los intentos de sabotear los actos de campaña de Enrique Peña.

La intromisión de Marcos Alberto Enríquez en los asuntos políticos internos de México resulta más grave, por cuanto que está asesorando en acciones que podrían desembocar en un escenario de violencia en el país si AMLO no resulta electo.

Pese a la gravedad de estos hechos, ni el Consejo General del IFE ni su Consejero Presidente han emprendido una investigación de oficio, ni han solicitado la colaboración de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, para obtener información y para detener la intromisión del citado agente político extranjero en política nacional.

Pero esta no es la única grave omisión en que las autoridades electorales han incurrido frente al peligro de la violencia. Los consejeros del IFE acaban de hacer un exhorto abstracto en contra de la violencia, pero no han condenado la línea de conducta de "yo soy 132" caracterizada por la provocación, al presentarse en actos de Enrique Peña y Josefina Vázquez para intentar sabotearlos. Asimismo, los consejeros tampoco se han pronunciado en contra de la consigna que anima a "yo soy 132" y que es la de "si hay imposición habrá revolución".

Esta consigna que no surgió espontáneamente, sino de modo perfectamente inducido por los líderes del movimiento y bajo la asesoría del chileno Marcos Alberto Enríquez, no es sino una clara amenaza: o se le entrega el poder a Andrés Manuel López Obrador o estallará la violencia.

En tal sentido el tercer hecho de intromisión de extranjeros en el proceso electoral en curso, es la participación de la chilena Camila Vallejo en actos de "yo soy 132" y por ende favorables a la candidatura de AMLO.

Camila Vallejo encabezó el movimiento -igualmente artificial- de estudiantes de Chile el año pasado, el cual tuvo como propósito desestabilizar al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Asimismo Vallejo, para disipar cual duda sobre sus creencias se ha pronunciado en favor de la lucha armada para obtener el poder.

Por tercera ocasión los consejeros del IFE han sido negligentes y omisos pues desde hace más de una semana era públicamente conocido que Vallejo se proponía venir a México a intervenir en política y ellos no actuaron conforme a lo dispuesto por la fracción 3 del artículo 35 del COFIPE, ya citada pero no sobra volver a citar: "Cuando el Instituto tenga conocimiento de que un extranjero, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la ley." Y las fracciones 2 y 3 del artículo 33 de la CPEUM: "El Ejecutivo de la Unión previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley…". Y "Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Ante estos hechos, como observadores acreditados del proceso electoral 2011-2012, demandamos al IFE proceda de inmediato a emprender de oficio una investigación por la intervención de extranjeros en el proceso electoral y la colusión con la misma del candidato Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Demandamos también al IFE una clara condena de los actos de provocación de "yo soy 132" en contra de las actividades electorales de los partidos y candidatos, así como de su consigna "si hay imposición habrá revolución".

Asimismo demandamos que el IFE exija la inmediata expulsión (previa audiencia) de territorio nacional de Camila Vallejo por estar violando al artículo 33 de la Constitución.

Esta demanda también la hemos hecho llegar al Presidente de la república y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.