Las propuestas de los candidatos en materia de seguridad pública no están valorando el gran problema de violencia que sufre el país

Como integrantes de las organizaciones ciudadanas que desde hace más de 15 años hemos luchado por la seguridad pública en México, estamos obligados a pronunciarnos sobre la oferta electoral de los candidatos y sus partidos respecto al que sigue siendo el mayor problema del país, pero también sobre otros decisivos asuntos de la agenda nacional.

Hemos analizado tanto el diagnóstico y la oferta formal de los partidos y sus candidatos presidenciales en materia de seguridad pública, como las experiencias de gobierno que acreditan sus ofrecimientos. Y como resultado de este análisis afirmamos categóricamente: ninguna de las ofertas es idónea para resolver la crisis de inseguridad que padece México. Además, quepa señalar, los diagnósticos y las ofertas de los partidos y candidatos son muy parecidas, sin diferencias de fondo.

Pero mal haríamos con comenzar por evaluar ideas, como si los políticos que hoy compiten por el poder acabaran de llegar de otro planeta. Mejor empecemos por evaluar sus hechos.

Los homicidios dolosos, los secuestros, la extorsión, los robos, son todos delitos del fuero común que –según la ley- en primer lugar corresponde a las autoridades locales prevenir y perseguir. Y al respecto la mayoría de gobiernos locales y que han sido presididos por políticos de los 3 principales partidos, han entregado malas cuentas, al grado que por sus acciones y omisiones el país vive la peor crisis de seguridad de su historia en tiempos de paz.

Es un hecho objetivo que las peores cuentas las entregan los gobernantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

México tiene 12 de las 50 ciudades más violentas del mundo (con las tasas más altas de homicidio) y de esas doce ciudades 10 corresponden a entidades federativas que en los últimos años han sido gobernadas mayormente por el PRI. Asimismo, de las 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo, 7 son mexicanas y de éstas 6 han estado gobernadas por el PRI. Entre 2007 y 2010, diez entidades federativas sufrieron incrementos en los asesinatos de entre 200% y 1,000% y de ellas, 8 han estado gobernadas por el PRI. Respecto a otros delitos las cifras son por el estilo.

En 2011 la propaganda a favor del ahora candidato Presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, decía que como gobernador había bajado en el Estado de México los homicidios en más de un 50% y que por tanto el sabía como reducir la violencia en el país. Ahora la propaganda ya no habla de eso, pues demostramos que las cifras fueron falseadas.

Hasta 2006 en el Estado de México había unos 2,700 homicidios en promedio por año, pero desde 2007 supuestamente ocurrió algo extraordinario: el promedio anual de homicidios ha sido –supuestamente- de menos de la mitad, de 1,280. La falsificación es tan burda que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2010 en realidad hubo 83% más asesinatos que los reportados por el gobierno del Estado de México.

Ahora Enrique Peña ha ofrecido que en caso de ser electo Presidente de la República, durante su mandato bajaría en 50% los homicidios, los secuestros y la extorsión ¿Pero como creerle que de veras hará eso y no que simplemente falseará las cifras como sucedió en el Estado de México?

Pero el partido que ha gobernado al país desde el 1 de diciembre de 2000 – el PAN-, no entrega mejores cuentas. Es cierto que la responsabilidad primaria de controlar al crimen recae en los gobiernos locales, pero al fallar estos el gobierno federal está obligado a actuar supletoriamente o si no ¿por qué entonces las fuerzas federales han intervenido en la mitad de entidades federativas?

Y ¿cuál es el resultado neto de esta intervención? Pues que el país no es más seguro de lo que lo era ni en diciembre de 2000 ni en diciembre de 2006. Esos son los hechos.

La izquierda y su candidato Presidencial Andrés Manuel López Obrador, pretenden ofrecerse como la mejor oferta para vencer la inseguridad y presentan como prueba de ello la situación del Distrito Federal.

Es un hecho objetivo que la inseguridad es inferior en el DF que en Juárez, Nuevo Laredo, Durango, Culiacán o Monterrey. Pero el PRD y sus aliados no sólo han gobernado la capital del país, sino también estados gravemente afectados no sólo por la violencia, sino por la extrema corrupción de sus gobernantes, por su colusión con los criminales, como en Michoacán.

Si la izquierda ganara las elecciones ¿qué garantía hay de que el procurador no fuera Leonel Godoy y el secretario de seguridad pública no fuera su hermano Julio César, el diputado perredista y capo, hoy prófugo de la justicia?

Pero hay un problema que los electores no pueden ignorar con relación a la oferta electoral de la izquierda, así como sobre su experiencia de gobierno y que es lo que podríamos llamar la esquizofrenia ideológica de su candidato. López Obrador ofrece aplicar en todo el país lo que él asegura hizo que el DF: darles amor y subsidios (con dinero ajeno, claro) a los delincuentes para que se aparten del camino del mal.

Pero eso no es lo que hicieron los gobernantes perredistas en el DF: a los delincuentes no les dieron amor, sino cárcel. En menos de 10 años la población penitenciaria se cuadruplicó y por ende bajaron varios delitos. Esto López Obrador no lo quiere admitir, porque sería tanto como aceptar que las políticas que funcionan contra el crimen no son las que le dicta su ideología socialista, sino las de la "derecha".

De modo que los electores que optaran por López Obrador tendrían un dilema: votar por alguien que si hace lo que dice, según su ideología, hundirá al país o votar por él con la esperanza de que, para no hundir al país, hará lo contrario a lo que ofreció, es decir, tener fe en que cometerá fraude político una vez en el poder…

Por tanto, si bien la experiencia es lo principal en la evaluación de la oferta electoral, también importan las propuestas. Pero aquí tampoco salen bien parados los aspirantes y sus partidos.

El diagnóstico de los candidatos Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador coincide en atribuir el aumento de la violencia y la inseguridad a factores socio-económicos como la pobreza, el desempleo o la desigualdad en los ingresos. Y tal diagnóstico es erróneo porque:

  • A pesar de que esta creencia se ha mantenido por décadas, no hay hasta el momento evidencia científica de que los factores socio-económicos determinen el ritmo y tendencia del delito.
  • El atribuir el aumento de la violencia y la delincuencia en general a la pobreza parte de la premisa de que, al menos en las últimas 2 décadas, las condiciones de vida de la población han empeorado dramáticamente. Esta afirmación se contradice con la propaganda de los gobernantes de todos los partidos, quienes presumen de sus logros a favor de los pobres. Pero sobre todo la afirmación del aumento de la pobreza es falsa Aunque los resultados en la lucha contra la pobreza no son los más satisfactorios, los indicadores de organismos internacionales revelan un innegable aumento del bienestar en el país.
  • La fórmula de "pobreza = crimen" es moralmente aberrante, porque además de ser falsa, por un lado justifica la delincuencia, por otro culpa a las víctimas de su victimización y por uno más calumnia a los pobres, quienes en su inmensa mayoría luchan cotidianamente para superar su condición mediante el trabajo honrado, no delinquiendo.

El único candidato que no comparte este diagnóstico erróneo y ofrece una visión distinta es Gabriel Quadri, cuando sostiene:

"Asentir que no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad; por ejemplo, Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro; es decir, los pobres no son delincuentes".

Pero pese a este acierto, lamentablemente la oferta de Quadri no llega superar la pobreza de las propuestas de sus contrincantes.

Es de destacar que los candidatos y los partidos no consideren las verdaderas causas de la crisis de la inseguridad, a saber: los elevados y cada vez peores niveles de impunidad, la protección de políticos y policías a los grupos criminales y sobre todo, que la permanencia en los cargos de seguridad pública y procuración de justicia no dependen del desempeño, es decir de la eficacia y la eficiencia para controlar al crimen.

Y de esto ello no escapa ningún nivel de gobierno. Durante la presente administración los cambios en la Procuraduría General de la República o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nada han tenido que ver con el desempeño bueno o malo de sus titulares, sino con otras consideraciones. Tampoco ha sido el interés por la eficacia para controlar el crimen lo que hizo que el Presidente de la República haya sostenido contra toda razón al Secretario de Seguridad Pública, mientras la inseguridad en el país no ha hecho sino empeorar.

Y este mismo patrón de conducta se ha repetido en los gobiernos locales. Entonces, si la permanencia en los cargos no depende del desempeño sino de los compadrazgos, encubrimientos y complicidades ¿por qué jefes de la policía o procuradores han de ser eficaces y eficientes? Si los partidos políticos premian con nuevas candidaturas a sus políticos que como gobernantes han sido incapaces de controlar el crimen ¿a quien puede sorprender que con cada nuevo gobierno la criminalidad empeore? Si no hay la menor sanción para los ex gobernantes y para los gobernantes en funciones por permitir que sus policías terminaran siendo controladas por los grupos criminales ¿que certeza puede haber en que nuevos gobernantes no procedan igual o peor?

Pero en lugar de encarar las verdaderas causas del problema y hacer ofrecimientos concretos para abatir la impunidad y la elusión de responsabilidades, los candidatos de los 3 principales partidos prefieren el populismo, el ofrecer más subsidios y por ende más gasto público.

Ahora bien, suponiendo que el mayor gasto gubernamental fuera medicina para algo, no es la indicada para la inseguridad: hoy el gasto "social" es de más del doble (como proporción del PIB) del que era hace 20 años y pese a ello ahora el país es mucho más inseguro que hace 2 décadas. Aumentar y aumentar la dosis de la medicina equivocada no ha mejorado ni va a mejorar la salud del paciente.

Pero el problema es que las supuestas medicinas no solo no va a aliviar al paciente, sino que le va a agravar otros males y de las medicinas equivocadas, la que prescribe el candidato presidencial priista puede ser la más perniciosa.

En enero de 2011, el periódico Financial Times publicó un artículo en el que Enrique Peña explicó como pretende resolver la inseguridad pública: "necesitamos reducir la desigualdad de oportunidades teniendo como base la universalización de la seguridad social: acceso a salud, pensión y seguro de desempleo. De igual forma, necesitamos un sistema educativo de calidad, con jornadas escolares completas, para que los jóvenes tengan mejores posibilidades de participar en el mercado laboral y no sean cooptados por bandas criminales".

Y abundó: "Para que estos proyectos no queden en buenas intenciones, se requiere de una reforma fiscal. México únicamente recauda 20% del PIB, mientras los países de la OCDE recolectan en promedio 36%. Como consecuencia, México únicamente gasta 3% del PIB en salud pública mientras que el promedio de gasto de la OCDE es más del doble. Tan sólo en educación primaria, gastamos 2,111 USD por alumno, mientras el promedio de la OCDE es de 6,741 USD. Por ello, necesitamos aumentar la recaudación fiscal de manera sustancial en los próximos años".

De lo anterior lo único que se puede inferir es que Peña pretende casi duplicarla carga fiscal, a fin de establecer en México un esquema de "Estado de bienestar", como el que prevalece en Europa.

Y ya como candidato presidencial, Enrique Peña ha prometido a los electores la luna y las estrellas, pero no le ha importado aclarar el costo que ello tendrá para el país, no ha dicho que bajo su mandato de pronto el Estado se apoderaría del doble del dinero que ya toma de los contribuyentes.

Nosotros decimos sin lugar a dudas: lo que el candidato Enrique Peña ofrece no sólo no resolverá la inseguridad pública, sino que llevará la economía del país a la ruina. El mayor gasto público y los mayores impuestos no permitirán mayor generación de riqueza ni la correlativa baja de la pobreza, sino exactamente lo contrario: habrá menor generación de riqueza y más pobreza.

Para seguir reduciendo la pobreza en México hasta lograr su erradicación, no hay que aumentar la carga fiscal, sino por el contrario hay que bajarla, según enseña la propia historia nacional. La etapa de máximo y más sano crecimiento de la economía (la del llamado "desarrollo estabilizador"), tuvo como una de sus causas el que la carga fiscal en promedio no superara el 15% como proporción del PIB (mientras que ahora ya es del 24%).

Para alcanzar el desarrollo, además de bajar la carga fiscal, lo que México precisa es mayor libertad en todos los ámbitos. Y en tal sentido uno de los problemas que más preocupan a los mexicanos es el de la educación. Pero ante el mismo la clase política, prisionera de la visión estatista, lo único que se le ocurre es mayor gasto, más medidas de control burocrático, buscar el cambio de dirigentes del sindicato magisterial o pretender que mediante "asambleitis" los padres de familia hagan que los maestros y la calidad de su enseñanza mejoren.

Ante el fracaso del modelo estatista, la alternativa verdadera para elevar la calidad es sacar a la educación del laberinto burocrático y someterla a la lógica de la competencia, al tiempo que se respeta el derecho de los padres de familia a elegir lo que es mejor para la formación de sus hijos. Y todo esto se logra con el modelo de "cheque escolar".

De lo que se trata es que los padres de familia decidan en que escuela, ya sea pública o privada estudien sus hijos y por tanto el Estado pague el "cheque escolar" a la escuela elegida. Eso es lo que realmente hará competir y mejorar a escuelas y maestros, en beneficio de los alumnos y el país.

A los candidatos presidenciales y a los partidos que los respaldan respecto al tema de la seguridad pública les decimos: desechen sus enfoques que no resuelven el problema, adopten las propuestas de abatir la impunidad y hacer depender la permanencia en los cargos de la eficacia para controlar al crimen.

A los candidatos en general les exigimos: digan con toda claridad el costo de su oferta; "no pretendan" sorprender a los electores y, al candidato Enrique Peña Nieto le exigimos: que diga con claridad a los electores que busca aumentar los impuestos al doble.

Esto mismo plantearemos en la "Cumbre Ciudadana" convocada por diferentes organizaciones, la cual esperamos sea una reunión que reconozca que la sociedad civil mexicana no es ideológicamente unánime, sino diversa y tolerante.

Independientemente de la coyuntura electoral anunciamos a ustedes que nuestras organizaciones redoblaran por la lucha seguridad pública, pero igualmente que nos disponemos a la defensa intransigente de los intereses de los contribuyentes y del derecho de los padres de familia a elegir la educación para sus hijos.

A t e n t a m e n t e

José Antonio Ortega Sánchez
Presidente
Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C.

Lic. Carlos Aguirre Marín
Director General
Unión Nacional de Padres de Familia, A. C.

Dr. Santos Mercado Reyes
Presidente
Unión Nacional de Contribuyentes Atlas, A. C.