Estar en la ciudad de México suele ofrecer una falsa sensación de seguridad, pues hace suponer que en el país no pasa nada y que en la capital del país tampoco nunca pasó nada.

La realidad es otra. Numerosos puntos de México son zonas de emergencia debido a la inseguridad pública. Entre esos puntos están las 12 ciudades mexicanas que figuran entre las 50 más violentas del mundo, es decir, entre las que tienen las tasas de homicidios dolosos más altas. Peor aún: de las 10 ciudades más violentas del mundo la mitad son mexicanas.

En varias ciudades del país en cuestión de 3 ó 4 años la incidencia de la violencia se disparó. El número de homicidios creció 7, 10, 15 veces. Localidades en las que la violencia era cosa extraordinaria, de pronto se volvieron escenarios de furia homicida, ya se trate de Tepic, Monterrey, Torreón o Veracruz.

De pronto en cuatro años fueron asesinadas 50 mil personas por encima de la cifra esperada. En menos de un lustro los homicidios crecieron en más de 133% en México.

Las escenas de horror se fueron multiplicando en este tiempo por el país: masacres con decenas de víctimas en bares, prisiones, centros de rehabilitación y "fábricas" de exterminio. El hallazgo de fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Ataques con granadas y carro-bomba. No menos de 3 mil desaparecidos.

Otros horrores que vinieron a sumarse fueron la masificación del secuestro y de la extorsión. En 2006 se registraron en todo el país poco más de 600 secuestros, pero el año pasado la cifra fue de casi 3 mil. Y esto sin contar el secuestro de 20 mil migrantes. Nunca ningún país había enfrentado un fenómeno de masificación del plagio como el que México sufre, ni siquiera Colombia en sus peores días de la ofensiva terrorista.

Asimismo, según la encuesta de victimización practicada el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, poco más de 11 millones de mexicanos adultos habían tenido conocimiento de extorsiones, porque ellos directamente o sus familiares las sufrieron y 4 millones supieron del cobro de "derecho de piso", es decir el pago regular de cantidades de dinero a grupos criminales, como si se tratara de un impuesto más. Y hay un número creciente de poblados en donde el poder verdadero no reside en las autoridades formales sino en los grupos criminales.

Pero lo más alarmante es que la situación pudiera empeorar. Aunque en 2011 hubo 13% menos homicidios que en 2010, nada nos asegura que no se produzcan repuntes. No parece haber alguna razón poderosa para que México no alcance, por ejemplo, los niveles actuales de violencia homicida de Venezuela, que triplican los de nuestro país.

Ciertamente la situación de seguridad en el Distrito Federal es mejor que la de Juárez, Torreón, Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Mazatlán, Durango, Monterrey y varias ciudades de Tamaulipas. Pero las cosas estaban muy mal en la capital del país hasta hace muy pocos años y, pese a las mejoras, dista de la situación de seguridad relativa que el Distrito Federal disfrutó entre los años cuarenta y mediados de los setenta del siglo pasado.

El 28 de noviembre de 1997 se dio en la ciudad de México la primera gran manifestación de inconformidad ciudadana con la inseguridad, en la cual marchamos más de 40 mil personas. Un año antes se cometieron 28 mil atracos contra transportes de carga en el Distrito Federal. En 1997 fueron robados 60 mil vehículos, más de la mitad con violencia. En 1998 un centenar de personas fueron asesinadas en atracos y más de 2 mil sufrieron secuestros exprés.

En 2004, el 27 de junio, volvimos a tomar las calles, en el Distrito Federal para protestar por la inseguridad, pero esa vez ya no fuimos miles sino cientos de miles quienes marchamos. Se trató de la manifestación más concurrida en la historia de la ciudad y del país, pero sin el acarreo y los métodos de coacción a los que recurren frecuentemente los partidos políticos.

La marcha de 1997 se gestó a partir del asesinato de Raúl Nava Ricaño, víctima de secuestro y la de 2004 la convocamos luego del asesinato de los hermanos Sebastián y Vicente Gutiérrez Moreno, también víctimas de secuestro. Si en la capital del país no había un grave problema de inseguridad ¿entonces porque teníamos que salir a protestar cientos de miles de personas?

Y el problema siguió siendo grave, tanto como para que el 30 de agosto de 2008 tuviéramos que volver a marchar en el Distrito Federal y en un número de ciudades mayor al de la marcha de 2004. Esta vez lo que detonó la movilización fue el secuestro y asesinato de Fernando Martí.

Días antes de la marcha de 2008, Alejandro Martí dio uno los discursos más importantes que se hayan hecho en México. Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública dijo:

"Seguramente ustedes recordarán aquellas épocas de oro de México, donde los niños jugaban en las calles. Las calles, los parques públicos eran una extensión de nuestros hogares. A nadie le preocupaba que salieran a jugar nuestros hijos y nosotros mismos salíamos a pasear.¿Qué nos pasó?"

La mayoría de ustedes son muy jóvenes y por tanto no pudieron conocer esa experiencia a que aludió Alejandro Martí. Antes de 1970 los secuestros y los asaltos bancarios eran prácticamente inexistentes. Fueron los grupos terroristas o subversivos quienes los introdujeron a México.

En los años sesentas del siglo XX e incluso en los setentas nadie sabía lo que era un secuestro exprés, nadie creía que pudiera ser atracado en un transporte público, un hospital o en una iglesia, no veía uno arder comercios porque sus dueños no pagaron derecho de piso y los atracos contra el transporte de carga o para despojar a los automovilistas de sus vehículos eran hechos extraordinarios, aislados.

Hace 30 ó 40 años había muchas localidades del país donde las personas dejaban sus casas con las puertas abiertas, sobre todo cuando hacía mucho calor, porque no temían que sus vecinos o extraños les fueran a robar.

Por supuesto esa situación de seguridad relativa no era el paraíso. A mediados de los años sesenta la tasa de homicidios en el país era de 25 por cada 100 mil habitantes, tan elevada como llegó a serlo en 2010. Pero tres décadas atrás, a mediados de los años treinta del siglo XX, la tasa de homicidios era tres veces mayor. Desde entonces la violencia homicida fue bajando año tras año en forma lenta pero sostenida, tanto como para hacia 2007 el país alcanzara la tasa más baja de su historia: 11 por cada 100 mil habitantes.

Además la violencia homicida no tenía un carácter organizado, no se usaba para aterrorizar y extorsionar y era predominantemente rural, no urbana. La mayoría de los asesinatos se daban por asuntos baladíes al calor del alcohol o por viejas rencillas. También había, ciertamente, casos de horror relacionados con la trata de blancas o violentas disputas por tierras. Pero en general la situación era mejor que la actual.

La pregunta de cómo es que se perdió una situación de seguridad relativa básicamente deseable, comienza por responderse con la comprensión de que era lo que sostenía aquella situación. Y lo que sostenía esa situación de seguridad relativa era una cosa: los gobernantes tenían la voluntad política de controlar al crimen y no por consideraciones morales o legales, sino porque a los políticos del régimen autoritario de entonces el hampa les parecía un desafío inaceptable a su poder.

Pero la razón que permitía aquella situación deseable se convirtió en la causa de su pérdida. Así como el control del crimen dependía no de instituciones debidamente establecidas, sino de la mera voluntad del Presidente de la República, si esa voluntad cambiaba, todo se vendría abajo. Y eso es exactamente lo que ocurrió.

Llegó un Presidente que se le pegó la gana nombrar como jefe de la policía del Distrito Federal a un hampón que incluso era perseguido por la justicia estadounidense e hizo de la corporación una organización criminal, dedicada a proteger y exprimir delincuentes. Otro Presidente permitió que la policía política del país organizara en un verdadero cártel a los narcotraficantes del país.

Después otros presidentes no hicieron nada por reformar a los cuerpos de seguridad y obligarlos a que restablecieran el control del crimen.
Y todo esto ha sido posible porque los policías y en particular los jefes policiales no deben su cargo a su desempeño en el control del crimen, sino a sus lealtades y complicidades con los gobernantes que los nombran. Asimismo, para los gobernantes casi nunca tiene un costo dejar sumidos en el crimen al país, a entidades federativas o a municipios que gobernaron.

Esa es la causa central del empeoramiento de la inseguridad en el país, pero hay otra igualmente importante y que resulta de la corrupción extrema y la miopía política. Desde siempre ha habido en México políticos y policías que protegen delincuentes. En 1968 se publicó la novela "Lo de antes" escrita por Luis Spota, que dio lugar a que 10 años después se filmara la película basada en aquella obra y titulada "Cadena perpetua". Relata el caso de la vida real de un ladrón que aunque quiere dejar la carrera criminal es obligado a seguir delinquiendo para beneficio de policías corruptos. Pero de cualquier manera se trataba de casos aislados, no de un patrón generalizado de protección.

Asimismo desde tiempos de la revolución mexicana políticos, militares y policías protegían narcotraficantes. Pero esta relación sucia con los capos del narcotráfico fue cambiando en los últimos años. Los narcos pasaron de ser prácticamente sirvientes de sus protectores, a ser amos de los malos servidores públicos que sobornan. Todo comenzó con el gobierno de Carlos Salinas, cuando se tomó la estúpida decisión política de dejar que los narcos se mataran entre sí.

Lo que los capos del narcotráfico aprendieron de ello fue que en realidad necesitaban menos de lo que creían a los gobernantes y a los policías, aunque tampoco podían prescindir de ellos por completo. Los capos comprendieron que mediante la violencia podrían obtener lo que quisieran, ya fuera impedir que su territorio fuera invadido por rivales o para despojar a estos de los territorios que controlaban.

Pero los capos del narco no pararon ahí. Comprendieron que en lugar de sobornar a un gobernador, un presidente municipal o al jefe de la policía, había que comprar primero a los comandantes operativos y después a todos los agentes. De ese modo la policía toda obedecería a los capos y ya no a los políticos o a los altos jefes policiales, tanto dados a no cumplir siempre sus compromisos criminales. Pero nada de esto habría ocurrido sin la complicidad de presidentes municipales, gobernadores y presidentes de la república, que aceptaron que el Estado perdiera su rasgo definitorio y distintivo y que es el tener el monopolio de la violencia.

Pero tampoco los capos, que habían descubierto el poder de la violencia, se quedaron ahí ¿Por qué habrían de limitarse al narco si la violencia les permitiría obtener lo que quisieran? Entonces sus tentáculos criminales se fueron extendiendo al tráfico y trata de personas, a la falsificación de documentos, a la "piratería", al robo de vehículos, al asalto al transporte de carga, al secuestro, al control exclusivo de determinadas actividades económicas como la construcción o la venta de algún producto lícito y finalmente a la extorsión, que está permitiendo a los grupos criminales operar como una suerte de Estados paralelos al Estado formal, pues hacen cobros muy parecido a los impuestos.

Y en esta perspectiva no hay nada que impida a los jefes de los grupos criminales el tratar de apoderarse de todo cuanto les plazca: tierras, ranchos, casas, fábricas, comercios, vehículos, ahorros, las hijas o esposas de fulano o de zutano o la vida de Pedro o de Juan. Y nada de esa conducta depredadora es, por cierto, algo nuevo. Así procedieron por miles de años pueblos enteros dedicados a la invasión y al pillaje. Así era como procedían los miembros del imperio azteca, por más que se les mitifique. Es a esa maldad inveterada a la que nos enfrentamos.

Y pues resulta que ahora cuando los gobernantes pretenden contener a los grupos criminales, a ese monstruo que dejaron crecer, pues no pueden, incluso si de veras tienen la sana intención de controlar al crimen.

Ahora bien. El único sentido de reconocer estos problemas es encontrarles solución, pues resulta totalmente estéril el mero lamentarnos mientras el país se cae en pedazos. Procedo entonces a exponer lo que a mi juicio nos puede sacar del hoyo negro en que nos encontramos y luego señalo lo que no debemos hacer, las falsas salidas que se nos ofrecen y en particular una.
Para ilustrar cual es la salida real, debo citar el ejemplo de un país que, aun cuando su situación presenta insoslayables diferencias con la nuestra, es el más cercano a nuestra propia experiencia. Me refiero a Colombia.

En el país sudamericano la población estaba harta de las acciones de los grupos criminales que buscaban suplantar al Estado, ya se tratara de los guerrilleros, los paramilitares o los narcos y presionaron a su clase política para que pusiera remedio. Por ello, una y otra vez, millones de colombianos marcharon en cientos de ciudades y poblados de Colombia. En esa ola de malestar ciudadano se montó un político honesto, valiente y visionario que es Álvaro Uribe, quien gobernó al país entre 2002 y 2010.

Él hizo que su voluntad de derrotar a los grupos criminales y restablecer la seguridad no fuera un asunto discrecional, como ya vimos que ocurrió en México con una serie de presidentes que mantuvieron un nivel relativamente aceptable de seguridad pública. Por el contrario, lo que él hizo fue institucionalizar esa voluntad y se auto-impuso un costo político enorme en caso de no cumplir con la promesa de reducir la incidencia criminal.

Uribe se impuso públicamente metas concretas de reducción de la violencia que su gobierno debería cumplir en plazos precisos y dijo como las cumpliría. No le echó la culpa de la violencia a la pobreza o la "desigual" distribución del ingreso, sino a la incapacidad estatal y policial, por lo cual se puso a trabajar en esto: la policía y no las políticas "sociales", que bajarían la violencia y eso es exactamente lo que ocurrió. Y los jefes militares o policiales que no pudieron o no quisieron cumplir con su obligación fueron echados sin contemplaciones.

Hoy Colombia tiene menos de la mitad de los homicidios de hace 10 años y un 90% menos de secuestros de los que padecía hace una década.

Eso es exactamente lo que hay que hacer en México. Fijarse metas y hacer depender de su cumplimiento la permanencia de las autoridades policiales o políticas, como el propio Uribe que sabía que si no entregaba resultados inmediatos no podía reeligirse para un segundo período presidencial.

Y entre todo lo malo, una buena noticia: México no está tan lejos de adoptar un esquema de compromisos y responsabilidades como el que le dio la victoria a Colombia. Nosotros propusimos este esquema desde el año 2000 y no nos hicieron caso hasta el año pasado, cuando los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública acordaron fijarse metas de reducción de los delitos más graves. Desde entonces se han producido evaluaciones que revelan que los gobiernos de unas entidades federativas cumplen las metas y los de otras, no.

El asunto es entonces incluir el punto que le falta al esquema: que haya sanciones ineludibles para quienes no cumplen las metas, que el costo de incumplir sea tan alto que resulte impagable y mejor prefieran cumplir.

Un esquema como el que proponemos ya se ha ensayado en dos entidades federativas. Una de ellas es Guanajuato, cuando Vicente Fox era gobernador, con resultados satisfactorios.

Respecto a la otra entidad federativa, permítanme expresar una pregunta que quizás ustedes ya se han hecho: ¿por qué en el Distrito Federal la situación de violencia no es tan grave como en otros puntos del país?

Y la respuesta es: porque aquí, así sea de manera parcial y poco consecuente, se aplicó un esquema como el que hemos venido proponiendo. Aunque sea a regañadientes el gobierno del Distrito terminó por aplicar algunas de las recomendaciones del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Pero los políticos perredistas no quieren admitir esto porque les das vergüenza, porque lograron cierto éxito pero no por aplicar una política de "izquierda" sino de "derecha", porque fueron medidas de eficiencia policial y no de subsidios lo que hizo la diferencia.

Ahora bien ¿creen ustedes que los gobernantes del Distrito Federal hicieron lo que hicieron por pura "buena voluntad"? No, claro que no. Lo hicieron porque fueron objeto de una gran presión de la ciudadana mediante las sucesivas marchas de 1997, 2004 y 2008. Sin esto el Distrito Federal estaría como Juárez.

Y esto último ¿no les dice algo? o mejor aún: ¿no les grita algo? El asunto es muy simple: así como el pueblo colombiano forzó a su clase política mediante grandes y continuas movilizaciones y así como lo hicieron los habitantes del Distrito Federal, así tienen que hacerlo los habitantes de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Guerrero. Debe haber una enorme, creciente y tenaz presión social para obligar a los políticos a que hagan lo que los ciudadanos queremos. No hay otro camino.

Y finalizo con la advertencia sobre las falsas salidas de solución de este problema. La peor de las salidas falsas es la que dice que la inseguridad se superará con "políticas sociales"

Esa idea parte de la absolutamente errónea suposición de que la delincuencia y en particular el aumento de la delincuencia es producto de la pobreza, el desempleo o la desigualdad en los ingresos. Y con base en un diagnóstico falaz y absurdo, la medicina que se proscribe es un veneno que lejos de curar agrava la enfermedad y la convierte en mortal. Y ese veneno mortal es la redistribución de la riqueza o para decirlo por su verdadero nombre es el socialismo, el veneno social más letal que se haya creado en contra de la humanidad.

Quienes pregonan que hay secuestros o robos porque los pobres tratan de esa manera de atender sus necesidades materiales insatisfechas, falsifican la realidad de varias maneras, justifican el crimen y culpan del mismo a las víctimas no a los victimarios. Quienes pregonan estas falacias son incapaces de explicar el porque si la pobreza orilla a la gente a delinquir, la inmensa mayoría de los pobres no delinquen, sino que muy por el contrario todos los días se esfuerzan en superar las situaciones adversas y, por cierto, poco a poco lo van logrando y sobre todo a favor de su hijos.

Quienes sostienen que la pobreza es la causa de la ola de violencia que sufrimos no pueden explicar porque ahora la violencia es mayor y no hace 40 años, cuando la pobreza era mayor que ahora.

Y si se justifica el robo, al sostener que es la manera en que los pobres tratan de ganarse la vida, entonces lo que se ofrece es que el Estado robe a las personas de mayores ingresos para repartir su dinero entre los pobres, como si el Estado no nos despojara ya de gran parte de la riqueza que generamos y que obtuvimos mediante nuestro esfuerzo honrado, sin quitarle nada a nadie.

Ahora se pretende un mayor despojo contra los principales generadores de la riqueza de México, a través de mayores impuestos para financiar más gasto público y subsidios. Pero si esto se llega a dar ni ayudará en nada en reducir la inseguridad, ni Tampoco en reducir la pobreza, la cual por el contrario crecerá al atacarse la fuerza que permite el progreso y es la base de la civilización, esa riqueza que genera más riqueza y que es el capital.

El ejemplo más elocuente de que las políticas socialistas de redistribución de la riqueza no sirven ni para reducir la delincuencia ni para reducir la pobreza, es el de Venezuela. Desde que Chávez conquistó el poder hace 13 años los atracos, los secuestros y los homicidios no han cesado de crecer hasta convertirse en el segundo país más violento del mundo. Y a la par, el alza de impuestos, la inflación que no es sino otro impuesto disfrazado y las expropiaciones no han hecho sino aumentar la pobreza en el país.

Si los políticos insisten en políticas desastrosas como esa, la razón es muy simple: ellos ven su interés, no el de la gente. A ellos les gusta la redistribución de la riqueza porque, como dice el dicho, el que parte y reparte, se queda con la mayor parte.

Por todo esto yo los exhorto a que, si tienen amor por nuestro país y desean impedir su destrucción, apoyen las políticas verdaderas para superar la inseguridad y rechacen las falsas.


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