¡Debe ponerse fin al linchamiento de Florence Cassez! ¡Debe castigarse a quienes le fabricaron delitos!

  • Hasta ahora ha habido un linchamiento que aparenta ser un proceso penal.
  • La manipulación de las víctimas es una constante y ha dado lugar algo peor que el “Síndrome de Estocolmo”: el Síndrome del Cirquero Mexicano.
  • Los instigadores del linchamiento han apelado al malestar social por la inseguridad y a la xenofobia.
  • Las amenazas de “revelaciones” y nuevas acusaciones, confirman la ilegalidad y mala fe con que proceden las instituciones de seguridad del gobierno federal.
  • La pretensión de “reponer” el proceso no busca justicia, sino perpetuar el linchamiento.
  • La cadena de abusos de poder de Genaro García Luna ha puesto en crisis al gobierno de México y al país.

Florence Cassez ha sido por más de 6 años víctima del abuso del poder, de un linchamiento con apariencia de proceso penal. Ahora está en manos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restaurar los derechos fundamentales de esta ciudadana francesa y liberarla de manera absoluta e inmediata, como propone el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo Director era el actual Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detuvieron arbitrariamente a Florence Cassez, la retuvieron ilegalmente, la obligaron a participar en una farsa para presentarla ante los medios de comunicación como si hubiera sido aprehendida en flagrancia en una supuesta casa de seguridad utilizada por secuestradores y luego la presentaron ante el ministerio público fuera de los tiempos establecidos por la ley y sin ninguna evidencia en su contra.

Los agentes y mandos de la AFI que intervinieron en estos hechos y el propio García Luna, sabían que Cassez sólo era novia del plagiario Israel Vallarta y que no sabía ni participaba de las acciones criminales de este sujeto. Pero a sabiendas de ello decidieron hacerla participar en la farsa de la “recreación” de la detención y la remitieron ante el ministerio público, porque supusieron que incluir en esta fabricación a una persona de nacionalidad extranjera le daría más “dramatismo” e impacto mediático a su escenificación.

La autoridad policíaca y ministerial nunca tomó en consideración a las víctimas del delito. En sus declaraciones ministeriales las tres víctimas Cristina Ríos Valladares, Christian Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde dan una descripción detallada y pormenorizada de sus victimarios y señalan claramente con nombres y apellidos a personas de su entorno y de su familia, los cuales nunca fueron investigados. En estas declaraciones las tres victimas no se contradicen, son precisas desde la primera declaración y “ministerialmente” las autoridades las ignoran, no investigan y las protegen para ocultar a los verdaderos secuestradores.

Igualmente, a pesar de que el agente del ministerio público federal no tenía elementos sobre la supuesta participación de Cassez en los secuestros y sobre todo porque en las declaraciones de dos de las víctimas no había ninguna mención a algo tan notorio como la presencia de una mujer con acento extranjero entre los plagiarios (sino sólo los dichos de los agentes que mintieron al declarar que la capturaron en flagrante delito), solicitó una orden de arraigo, que fue concedida con base en falsedades.

A los pocos días de desarrollada la farsa de la falsa detención de Cassez el 9 de diciembre de 2005, fue trascendiendo que García Luna y sus secuaces habían engañado a la opinión pública y en base a ese engaño la ciudadana francesa estaba privada de su libertad.

El 5 de febrero de 2006, a casi dos meses del “montaje”, la periodista Denise Maerker en una entrevista orilló a admitir a Genaro García Luna que, en efecto, había habido un montaje y que las imágenes de televisión en donde Cassez aparece supuestamente detenida en flagrancia, eran una “recreación”

Al ser descubierta la farsa y ante el riesgo de enfrentar consecuencias legales y/o afectaciones a sus ambiciones políticas, García Luna ordenó a sus secuaces dar un paso más en la fabricación de evidencia y en el linchamiento de Florence Cassez, con la complicidad del agente del ministerio público federal. Los días 12 y 13 de febrero de 2006 se ampliaron las declaraciones de Christian Ramírez Ríos y de Cristina Ríos Valladares, víctimas de secuestro de la banda de Israel Vallarta, quienes de pronto recordaron lo que jamás pudieron haber olvidado y que es la supuesta participación de una mujer extranjera en el maltrato e intento de mutilación durante su cautiverio, lo cual jamás hasta entonces habían mencionado.

Estas declaraciones se nos han querido presentar como la evidencia incontrovertible de la implicación de Cassez en los secuestros, pues, se da entender: las víctimas jamás pueden equivocarse en sus testimonios.

Pero si algo ha enseñado la ciencia forense en el último siglo, es que los testimonios, incluyendo los de las víctimas, no son evidencias incontrovertibles ni mucho menos, lo cual ha terminado de fortalecer la convicción en la justicia penal sobre la preeminencia de la evidencia física. En tal sentido es de destacar que contra Florence Cassez no exista evidencia física alguna, la cual debería haber en exceso si de veras hubiera participado en los secuestros.

Desde la introducción de las pruebas de ADN, en Estados Unidos y otras naciones, miles de personas acusadas y aún sentenciadas han sido exoneradas, pese a que habían testimonios en su contra, incluyendo los de sus supuestas víctimas. Destacan los numerosos casos de violaciones (que por supuesto sí habían ocurrido) en los cuales las víctimas identificaron erróneamente a sus agresores. Es de destacar en tal sentido el extenso trabajo de documentación de casos que han realizado tanto el Departamento de Justicia como la organización Innocence Project de Estados Unidos.

No se trata -en la mayoría de los casos- de que las víctimas mientan deliberadamente, sino que, según explica la psicología forense, su percepción y recuerdo puede estar definitivamente trastornado precisamente por lo traumático de la experiencia de victimización.

En el caso concreto de los testimonios contra Cassez que García Luna y sus cómplices se sacaron de la manga, estamos ante la inducción de testimonios tanto si la víctima cree en lo que dice, como en caso, de ser consciente de que miente.

No debería olvidarse que la falsedad de uno de los testimonios ya ha sido acreditada. Una de las víctimas Ezequiel Elizalde asegura que recibió una inyección de anestésico por parte de Cassez, previa a una operación para apuntarle un dedo de la mano y la supuesta evidencia sería una mancha provocada por la mala aplicación de la inyección. En el juicio la defensa probó que la mancha en realidad era una marca de nacimiento.

Nos consta la manera absolutamente deshonesta en que García Luna y sus secuaces manipulan el sufrimiento de las víctimas. En 2003, agentes de la AFI secuestraron, torturaron y asesinaron a Guillermo Vélez Mendoza, a quien trataban de acusar de ser integrante de la banda de los “Ántrax” que secuestró a Masciel Islas González, a pesar de que Guillermo era una persona completamente inocente y de conducta ejemplar.

Para tratar de proteger a los agentes torturadores y asesinos, García Luna y sus secuaces no dudaron en chantajear sentimentalmente a la víctima de secuestro Masciel Islas González, para que ella secundara las falsas acusaciones contra Guillermo Vélez Mendoza. Ella en efecto hizo declaraciones públicas calumniosas contra Vélez, a pesar de que en sus declaraciones ante el ministerio público jamás lo había aludido y a pesar de que aseguró que los secuestradores hablaban frente a ella con total descaro de sus acciones criminales.

¿Por qué esta víctima de secuestro fue capaz de prestarse a la campaña de linchamiento que contra Guillermo Vélez después de muerto hacia la AFI?, asegurando cosas que no le constaban en absoluto. Porque muchas víctimas de secuestro desarrollan hacia e quienes suponen sus salvadores un sentimiento de absoluta incondicionalidad, que se sustenta en el terrible trauma que los secuestros provocan, con secuelas de por vida.

La psicología criminal ha documentado el Síndrome de Estocolmo, es decir el sentimiento de gratitud que víctimas de secuestro desarrollan hacia sus plagiarios por no haberlas asesinado ¿Puede sorprender que las víctimas desarrollen un sentimiento de completa incondicionalidad – al grado de mentir si se los piden- hacia quienes los rescatan de los secuestradores?

Astutos conocedores del alma humana, García Luna y sus secuaces no han dudado de manipular el sentimiento de gratitud de las víctimas que han rescatado (por cierto, en cumplimiento de su deber). Por eso, así como hay un Síndrome de Estocolmo, se ha desarrollado en México -y el caso de Florence Cassez es un ejemplo altamente representativo - el Síndrome del Cirquero Mexicano, en honor a quien durante casi 12 años ha abusado del poder y ha montado shows mediáticos sin importarle el sufrimiento que con ello ha causado a personas inocentes.

A lo largo del caso Cassez, diversos integrantes el gobierno federal de México y sobre todo Genaro García Luna, han mantenido un clima de linchamiento en contra de Florence, para con ello influir en la opinión pública y en los jueces. En esta campaña de linchamiento los gobernantes no han dudado en explotar los sentimientos de malestar social ante la inseguridad y de xenofobia. Esta manipulación es sumamente perversa e hipócrita, porque la inseguridad pública que padece el país es resultado precisamente de la pésima actuación de los gobernantes tanto locales como de los federales y porque el gobierno mexicano le recrimina al gobierno francés el tratar de proteger los derechos de una ciudadana francesa que supone vulnerados, cuando que el gobierno mexicano hace exactamente lo mismo con relación a nacionales mexicanos sujetos de la justicia penal en otros países.

Un gobierno de una nación libre y democrática no gasta los recursos de los contribuyentes en linchar a nadie. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón está yendo más lejos todavía y ha cruzado una línea más que jamás debió cruzar: la intimidación al poder judicial. Voceros de la PGR han amenazado con que en caso de la Suprema Corte falle en el sentido propuesto por el ministro Zaldívar, harán nuevas imputaciones contra Florence Cassez para que no salga libre y habrá nuevas “revelaciones”.

Tales amenazas confirman la ilegalidad y mala fe con que en este caso han procedido las instituciones de seguridad del gobierno federal. Si la PGR sabía algo relacionado al caso y no lo presentó en el debido momento procesal, entonces está admitiendo - por si todavía alguien tuviera duda- que actúa de manera ilegal y de mala fe.

Al gobierno de Felipe Calderón no le importa las verdades histórica y jurídica del caso (que a las autoridades jurisdiccionales corresponde determinar), ni acata la separación y autonomía de los poderes de la república. Si la Corte no hace lo que el gobierno de Felipe Calderón quiere, entonces éste advierte que con chicanas seguirán violando los derechos de Florence Cassez.

Por eso a Felipe Calderón le exigimos: ¡saque las manos señor Presidente!, ¡deje de querer coaccionar al poder judicial que es un poder independiente!, ¡póngale fin al linchamiento de su gobierno contra Florence Cassez!

Otra manera en que el gobierno Federal está tratando de inducir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es promoviendo la idea de que, en todo caso, el máximo órgano jurisdiccional rechace la propuesta del ministro Zaldívar, pero ante los vicios de origen del proceso, éste sea repuesto y que mientras tanto Florence Cassez permanezca más tiempo en prisión.

Esto no es sino un sofisma que busca legitimar un proceso penal viciado de origen por las fabricaciones de la policía y el ministerio público. Este sofisma pretende que el proceso penal se mantenga a como dé lugar, cuando que la resolución propuesta por el ministro Zaldívar va en el sentido de que, precisamente, el proceso penal jamás debió haber iniciado.

El caso que nos ocupa es uno de los eslabones de la larga cadena de abusos de poder que Genaro García Luna ha cometido por casi 12 años (cuando menos). Ha sido reiteradamente señalado como protector de delincuentes. Sus secuaces torturaron y asesinaron a Guillermo Vélez para acusarlo falsamente de secuestro. Altera escenas del crimen y monta farsas mediáticas para de esa manera ocultar sus pésimos resultados. Incrimina a inocentes con “pruebas” fabricadas. Induce a testigos y a víctimas a cometer perjurio.

García Luna ha sido incapaz de capturar a los secuestradores de Eduardo García Valseca ocurrido en 2007. Pero además existe una versión plausible de que fueron colaboradores suyos quienes cometieron ese plagio.

Otra colaboradora cercana suya, Lorena González, está presa por su participación en el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí. Y los secuaces de García Luna han hecho grandes esfuerzos para exculparla y fabricar chivos expiatorios.

García Luna es por ley el responsable de la política criminal del gobierno federal, la misma que se ha probado como un absoluto fracaso, cuando el país vive la peor crisis de seguridad pública de su historia.

El Presidente Felipe Calderón jamás debió nombrar a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública. Debe despedirlo de inmediato e iniciar una investigación en su contra, no hundirse con él.