Ofensiva política para que el ejército se repliegue, lo cual dejaría manos libres a los grupos criminales

En medio de su peor crisis de seguridad en tiempos de paz, México está enfrentando un momento muy peligroso, en virtud de la ofensiva que diferentes actores políticos han desatado para presionar al Presidente de la República, Felipe Calderón , a fin de que retire a las fuerzas armadas de las labores de refuerzo a la seguridad pública en distintos puntos del país.

Con el retiro del ejército y la marina, lejos de disminuir la violencia ésta escalaría, pues la sociedad mexicana quedaría inerme ante los grupos criminales. Sólo a estos beneficiaría el retiro, precisamente en el momento en que enfrentan un combate sostenido por parte de las fuerzas armadas, el cual empieza a desarticular la capacidad operativa de grupos del crimen organizado.

El mayor riesgo en lo que resta de su mandato del Presidente Felipe Calderón no es que un día anunciara abiertamente que ha cedido a la presión creciente de quienes le exigen repliegue al ejército, sino que lo haga en forma silenciosa y gradual.

Por ello convocamos a la sociedad mexicana entera a que rechace y condene las presiones que buscan  el repliegue de las fuerzas armadas, a que manifieste su apoyo a dichas fuerzas, con las salvedades obvias, y exija al Presidente Calderón se mantenga firme en su decisión.

Denunciamos  que los actores visibles (por ahora) de esta ofensiva son, por un lado, el ex Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y la tríada compuesta por José Narro Robles, rector de la UNAM, Sergio García Ramírez y Jorge Carpizo McGregor.

¿A qué influencias estratégicas  responden estos personajes con su presión para el repliegue del ejército?, ¿que buscan obtener? No lo sabemos. Lo que importa es el hecho objetivo y previsible de las consecuencias de la presión que están ejerciendo.

Lo que sí sabemos es que –independientemente de cuales sean las intenciones de los mencionados- el repliegue de las fuerzas armadas que demandan, sólo beneficiaría a los criminales y significaría más pérdida de vidas y más sufrimientos para personas inocentes. Sabemos también que estas personas carecen de la autoridad moral para hacer sus reclamos.

El Estado Mexicano tiene la obligación constitucional y política de utilizar las fuerzas armadas para proteger la seguridad de los ciudadanos y la gobernabilidad del estado  ante la agresión armada de un verdadero “ejército” criminal como son los zetas.

El Estado Mexicano conforme al principio de subsidiariedad tiene la responsabilidad de mantener a las fuerzas armadas en este combate al crimen por el tiempo que sea necesario y luego la obligación de retirarlas cuando ya no sea necesario. Hoy es un hecho que las solas fuerzas policiacas son insuficientes, por tratarse de una lucha armada que empezó el crimen y porque las policías están rebasadas.

Estos principios jurídicos, constitucionales y políticos son conocidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que estamos seguros que con el rigor y seriedad que lo caracteriza no coincidirá con la presión ni de Sergio García Ramírez ni de Jorge Carpizo McGregor.

Los verdaderos académicos de la ciencia jurídica saben que para preservar el derecho humano de todos los mexicanos a la paz, a la justicia y a la seguridad, es indispensable el uso legítimo de la fuerza del estado en contra del crimen organizado. Y si esos criminales retan al estado, usan armas poderosas, socaban la gobernabilidad, asesinan autoridades, corrompen funcionarios, extorsionan a miles de establecimientos, y se van apoderando de territorios, entonces el monopolio del uso de la fuerza por parte del estado debe llegar a las fuerzas armadas.

El Documento de Conclusiones del evento recientemente realizado en la UNAM sobre el tema de seguridad pública no contiene como conclusión la presión al Presidente de la República para que retire a las fuerzas armadas. Esa es conclusión del rector. No hay precedente de la actual utilización de la Universidad Nacional Autónoma de México como instrumento político de presión, lo cual contradice la razón de ser de la institución, que no es otra que la académica.

Como es bien sabido, Vicente Fox,  ha culpado del aumento de la violencia al Presidente Felipe Calderón por haber recurrido a las fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado y en general por hacer uso de la fuerza del Estado, pues –asegura- “la violencia no acaba con la violencia”, sino que trae más violencia.

El ex Presidente de la República también propone violar la ley al pretender que el gobierno dé una tregua a los criminales y quiere también que a estos se les conceda una amnistía. Explicable que Fox no quiera la violencia, pero si perseguir a quienes delinquen fuera la causa de la violencia, entonces habría que abolir las leyes y que los delincuentes ni siquiera tengan  temor al castigo.

La política de Vicente Fox frente al crimen organizado se caracterizó por tolerar  de hecho la violencia de bandas criminales, incluso la de San Salvador Atenco.

Los grupos criminales responsables de alrededor de 40 mil asesinatos en los últimos 5 años, no surgieron durante el mandato del Presidente Calderón. Ellos estaban activos desde hace varios años, incluso bajo la presidencia de Fox, durante la cual se cometieron alrededor de 10 mil asesinatos, casi todos los cuales quedaron impunes.

Pero no sería demasiado tarde el que ahora el gobierno del Presidente Calderón procediera a investigar a políticos de los gobiernos anteriores, tres décadas, para investigar y evidenciar como se fueron formando las redes de complicidad que generaron la terrible impunidad actual. Esto debe hacerse por la salud de la República y para construir el futuro.

El gobierno de Fox, es cierto, detuvo a capos como Osiel Cárdenas o Benjamín Arellano Félix, precisamente  rivales de la organización criminal que el ex Presidente y sus colaboradores no tocaron, entonces conocida como “La Federación”, que  actuó con impunidad y, como también es sabido, tuvo como máximo jefe a Joaquín Guzmán, quien   a las pocas semanas de que Vicente Fox tomó posesión de su cargo,  escapó de una prisión de alta seguridad, y los colaboradores de Fox fueron incapaces de recapturarlo; y muy lejos de ello Joaquín Guzmán aumentó su poder criminal en libertad, hasta convertirse en el máximo jefe criminal del país.

Con honestidad este Consejo Ciudadano y otras organizaciones hemos criticado aspectos de la estrategia de seguridad del Presidente Calderón, mas no por combatir al crimen organizado, sino por no hacerlo con la debida eficacia, profundidad e inteligencia. Que dicho sea en justicia, ha mejorado.

La tríada Narro-García Ramírez-Carpizo tiene menos autoridad moral. El señor Sergio García Ramírez es de lo menos indicados para hablar de impunidad, pues fue ésta, el signo definitorio de su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

Si algún momento en la historia del país hay que situar el inicio del desastre de seguridad pública en curso, ese es precisamente el periodo en que García Ramírez fue titular de la PGR, cuando el narcotráfico se convirtió en México en una actividad criminal altamente rentable, organizada y protegida, con el surgimiento del Cártel de Guadalajara que se desarrolló en sus narices. García Ramírez no pudo o no quiso detener al máximo capo, Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los autores intelectuales del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Tampoco Jorge Carpizo tiene la menor autoridad moral para hablar de impunidad. Como se recordará, ocupó las mayores responsabilidades en el gobierno de Carlos Salinas en los dos últimos años de su gestión: en 1993 fue Procurador General de la República y en 1994 Secretario de Gobernación. Justo en esos años se inició la política causante de la desgracia que hoy vive México: dejar que los narcos se maten entre sí y por ende permitir que su poder criminal no tenga más límites que su capacidad de violencia.

En 1993, cuando Carpizo era Procurador el capo Amado Carrillo Fuentes inició el asalto para apoderarse de la plaza de Juárez, objetivo que finalmente alcanzó entre 1995 y 1996, tras dejar un reguero de mil cadáveres. Esta matanza se inició en las narices de Carpizo, quien –como es bien sabido- no lo impidió y no detuvo al capo, contra quien siquiera había orden de aprehensión.

Asimismo y como es bien sabido el 24 de mayo de 1993, cuando Carpizo era procurador, fue asesinado en Guadalajara el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Respecto a la actuación de Carpizo ante este crimen, lo menos que podemos afirmar es que se esforzó en lograr la impunidad de los asesinos.

Sabido es también que bajo la gestión de José Narro, instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eran base de operaciones al menos de una célula del grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), parte de cuyos integrantes murieron en un campamento en Sucumbíos, Ecuador el 1 de marzo de 2008, que fue atacado por la fuerza pública colombiana.

Ante los hechos funcionarios de la administración de Narro justificaron que en la UNAM, institución académica, hubiera dado permiso para actividades de las FARC. El propio Narro salió en defensa de los integrantes de la célula de la organización terrorista que cayeron en Ecuador y justificó la participación en la misma de Lucía Morett, aduciendo que ella era libre de militar en las FARC.

Se ha hecho pública evidencia de que las FARC podrían estar implicadas en secuestros cometidos en territorio mexicano y contra ciudadanos mexicanos, evidencia que forma parte de la denuncia penal que en su momento presentamos ante la Procuraduría General de la República.

¿Qué autoridad moral tiene el rector Narro para hablar de seguridad pública cuando sale en defensa de integrantes de una organización terrorista, que presumiblemente cometieron delitos no sólo en México y sino en otros países?

Además, el rector Narro ha envilecido el elevado cargo de rector de la UNAM, al utilizarlo para frecuentes pronunciamientos claramente políticos y de efectos demoledores que nada tiene que ver con las funciones  académicas y de investigación de la UNAM. El señor Narro como cualquier individuo, tiene derecho a expresar su opinión, pero lo que no se vale es que presente su opinión personal como si fuera la opinión de los cientos de miles de personas que integramos la comunidad universitaria y manipule la representación para presionar al gobierno a favor de su  agenda desestabilizadora.

En los últimos 2 años las fuerzas armadas de México han rescatado con vida a más de mil personas que habían sido secuestradas por grupos criminales, los cuales -las más de las veces- actúan con la complicidad de las policías locales. De no haber sido por los soldados y marinos, de no haber intervenido,  como exigen Fox, Narro, García Ramírez y Carpizo, la mayoría de esas personas habrían sido asesinadas. Si esos "presionadores" se salen con la suya y el ejército es retirado a sus cuarteles, muchas más personas serán secuestradas y asesinadas.

Damos seguimiento a la acción de las fuerzas armadas, a sus errores, abusos y corrupciones, a sus aciertos y logros, a la calumnias en su contra, a los ataques injustos. Sabemos de los miles de quejas ante la CNDH, la gran mayoría por allanamiento y detenciones ilegales, que sirven de pretexto para intentar generar la imagen de que el ejército es violador de derechos humanos. El balance es objetivamente positivo. Por ello convocamos a la sociedad mexicana a rechazar y  desenmascarar a quienes no cesan ni cesarán de satanizar a las fuerzas armadas y presionarán para que sean retiradas a sus cuarteles.

Convocamos también para que de una manera más explícita, la sociedad mexicana dé apoyo humano, solidario y cívico a las  fuerzas armadas incluyendo la exigencia de que respeten siempre los derechos humanos.

Convocamos a los legisladores, académicos y líderes sociales a abordar el tema con responsabilidad, con visión de futuro, con información, para exigir a las fuerzas armadas que sean más eficaces, que refuercen la ética, que renueven el patriotismo, que sigan defendiendo la seguridad y que su combate tenga como finalidad la paz social, la convivencia, las libertades y la justicia, por el bien de todos los mexicanos.

Hoy recordamos a los “niños héroes” que ofrecieron su vida por salvar el honor de la Patria. Hagamos historia viva, respaldemos a las fuerzas armadas, y a quienes actúen con heroicidad, mínimo el reconocimiento social.