¿Qué esperan para cumplir las 800 mil órdenes de aprehensión?

El que el operativo sea coordinado por Marcelo Ebrard es ya suficiente razón de alarma ¿Se repetirá a escala nacional un operativo criminal como el de la discoteca News Divine?

  • Las comisiones de derechos humanos deben observar con extremo celo el operativo policial nacional.
  • El ampliar la figura del arraigo llevará al país hacia un Estado policíaco.
  • Hay una manera muy simple en que los gobiernos estatales pueden contribuir a la seguridad: ¡cumplan las órdenes de aprehensión y reaprehensión vigentes!

¿Qué esperan para cumplir las 800 mil órdenes de aprehensión?

  • En término de un año podrían ejecutarse las 800 mil órdenes pendientes y habría un desplome de la incidencia criminal.

En el marco de la cumbre sobre seguridad pública que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que se  realizará en Chihuahua el 11 de julio, ayer se inició un operativo simultáneo de las policías de las entidades federativas, que concluirá el domingo 19 de junio.

Al respecto, lo primero que pedimos es que las comisiones de derechos humanos de todo el país, incluyendo la nacional,  estén en máxima alerta ante el riesgo de que se cometan abusos. Si lo que se están realizando son redadas y la operación de retenes y volantas, ello ya de suyo es violatorio de los derechos a la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la persona y la presunción de inocencia, como han sido violatorias acciones similares cometidas por fuerzas federales de seguridad.

Ya es hora que las comisiones derechos humanos se pronuncien de forma clara y sin concesiones contra estas prácticas, propias de un Estado policíaco.

Redadas, retenes, volantas, detenciones sin los supuestos de flagrancia o de cumplimiento de órdenes judiciales de aprehensión y allanamientos sin órdenes de cateo, además de ser en sí mismas violatorias de garantías fundamentales,  han dado lugar a abusos todavía más graves, como es bien conocido. Asimismo, estas tácticas han probado hasta la saciedad no ser efectivas para prevenir y perseguir el delito.

Resulta especialmente preocupante que el operativo nacional esté siendo coordinado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de presidente temporal de la CONAGO. El señor Marcelo Ebrard es ciertamente experto en operativos policíacos, pero anticonstitucionales y sanguinarios, como el que por órdenes directas suyas se llevó a cabo el 20 de junio de 2008 en la discoteca News Divine y que costó la vida a 12 personas.

El señor Ebrard también es experto en permitir que turbas linchen policías como ocurrió el 23 de noviembre de 2004 en la delegación Tláhuac, cuando el era jefe de la policía capitalina y ordenó no se rescatara a 3 policías federales cuando era perfectamente posible hacerlo (la prueba de ello es que mientras dos agentes fueron quemados vivos, uno pudo ser rescatado por policías judiciales capitalinos que desobedecieron órdenes de no intervenir).

El señor Ebrard carece de toda autoridad moral para dirigir operativo policial alguno y menos nacional, cuando en el Distrito Federal ha permitido que porros del Sindicato Mexicano de Electricistas sistemáticamente cometan sabotajes y agredan a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad e incluso periodistas. Hay más de 1,700 denuncias penales contra estos delincuentes y sólo uno está preso.

Resulta insólito que después de 4 años en que el país vive la peor ola de violencia de su historia en tiempos de paz, la CONAGO hasta ahora decida hacer algo al respecto. Pareciera que lo importante es la proyección nacional de Ebrard.

Alarma también que los gobiernos locales pretendan más herramientas legales para supuestamente combatir la inseguridad, como es el proyecto de que la figura del arraigo ya no se limite a casos de delincuencia organizada. Lo que se pretende es legalizar la vieja práctica arbitraria de detener para investigar, en lugar de investigar para detener.
En ningún país libre las medidas de excepción son la regla. Eso sólo ocurre bajo los  regímenes dictatoriales y totalitarios.

Los señores gobernadores deben dejarse de excusas y de apoyar actos autoritarios y shows mediáticos, cuando lo importante es que cumplan con su obligación de combatir en su estado la impunidad.

Si realmente quieren cumplir con su obligación de garantizar seguridad, ahí tienen las herramientas en sus manos. Sus ministerios públicos solicitan y obtienen órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes. El problema es que muchas de ellas no se cumplen. Hay 800 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse, que equivale a que cientos de miles de presuntos delincuentes estén libres, impunes y muchos de ellos criminalmente activos.

Si esas 800 mil órdenes se ejecutaran, habría un desplome de la incidencia criminal. Y es perfectamente posible hacerlo en menos de un año.

Los policías judiciales o ministeriales tienen una productividad pésima: ejecutan un promedio de 3 órdenes de aprehensión por cabeza al año. Siendo estos agentes alrededor de 25 mil en el país, no cumplen más de 75 mil órdenes por año, aunque cada año se generan cuando menos 160 mil nuevos mandamientos judiciales de aprehensión (y de reaprehensión). Cada año al menos se suman al rezago alrededor de 85 mil nuevas órdenes.

Ahora bien, según la Constitución la policía es auxiliar del ministerio público. Por tanto, los 300 mil policías que participan en el operativo nacional en curso, perfectamente podrían ayudar a ejecutar las 800 mil órdenes pendientes (cada uno podía contribuir a cumplir 2.7 órdenes).

Hay gobernadores que están haciendo su esfuerzo, pero el organismo de la CONAGO, debe contribuir a que todos los  gobernadores cumplan su  obligación de abatir la impunidad. El operativo planeado de hecho va a favorecer  la demagogia, la arbitrariedad y las mascaradas.