El problema es que al crimen se le encara con incompetencia, ambivalencia y simulación

Todas las organizaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal y del Movimiento Blanco, manifestamos nuestro pésame a las familias de los jóvenes asesinadas en Cuernavaca, la semana pasada y nuestra solidaridad con el anhelo de justicia y de paz manifestado en todas las marchas de de antier  y anteriores durante años en diversas ciudades del país.

También expresamos nuestro apoyo moral con las familias de 35 mil asesinados en lo que va del año en todo el país. En especial nos unimos al dolor de secuestrados que fueron asesinados durante el secuestro y a todas las víctimas del secuestro, extorsión, asalto violento y violación. Hay indignación acumulada en todo el país.

Por ello toda protesta ciudadana contra la violencia merece apoyo humano porque el anhelo de paz es de todos los mexicanos. Las propuestas de los líderes y organizadores de marchas y protestas requieren análisis, no toda propuesta es positiva. En las marchas que hemos organizado hubo peticiones de pena de muerte, que rechazamos; de castración de violadores, que no aceptamos; o afirmaciones de que los criminales no tienen derechos humanos, lo cual  es inaceptable.

La propuesta de las marchas del jueves pueden sintetizarse en:

  1. Que el Ejército regrese a los cuarteles.
  2. Que se pacte con los criminales y pedirles  que tengan un código de ética, dado que el combate no ha tenido éxito.
  3. Que si no se resuelve el último asesinato en Morelos, renuncie el Gobernador.
  4. Que el Gobierno Federal es el responsable.

Los adversarios políticos del Presidente Felipe Calderón lo culpan del asesinato de casi 40 mil personas desde que tomó el poder, porque al “declararle la guerra al narcotráfico” provocó a los narcotraficantes y ellos reaccionaron con violencia inusitada.

Ahora con motivo del asesinato de 7 personas inocentes en la ciudad de Cuernavaca, los adversarios de Calderón se aprovechan de la oportunidad para intensificar sus acusaciones y para reclamarle al Presidente que ponga fin a su supuesta guerra contra el narcotráfico y en particular a la movilización del ejército, con lo que –aseguran- cesaría la violencia.

La acusación contra Calderón se basa en puras falacias y la pretensión de que el gobierno deje de aplicar la ley, retire al ejército, se rinda ante los grupos criminales y les permita hacer cuanto quieran, lejos de parar la violencia o disminuirla, la va a escalar más.

Pero el hecho de que los detractores de Calderón mientan y favorezcan con sus exigencias al crimen organizado (independientemente de que sus intenciones sean otras), tampoco significa que el gobierno federal haya actuado de forma irreprochable y menos aún que estén libres de reproche los gobernantes locales. Si la situación es tan grave es porque el combate a la violencia de la delincuencia organizada se ha realizado de manera incompetente, ineficaz y ambivalente, pues mientras en unos casos hay esfuerzos palpables por detener la matanza en otros pareciera que el gobierno la deja correr.

Y el comportamiento de los gobiernos de los estados y municipios más afectados por la violencia no es mejor, pues mayormente se han desentendido de sus obligaciones y en algunos casos están coludidos con la delincuencia organizada.

La primera gran mentira es asegurar que el gobierno de Calderón “provocó” la matanza porque atacó los negocios criminales de los capos del narcotráfico y a los narcos mismos. Lo curioso es que el primero en propalar esta patraña fue el propio gobierno de Calderón. En 2008 al querer explicar el aumento de las ejecuciones, la PGR las presentó como un logro al atribuírselas a una supuesta disminución del narcotráfico conseguida por el gobierno, lo que habría puesto a reñir a unos narcos con otros en pos de un negocio criminal achicado.

Pero es falso que el negocio se haya achicado. El gobierno de Calderón no ha hecho contra los narcotraficantes más que lo que hicieron gobiernos anteriores. Como se puede apreciar en la primera lámina de  la presentación, en 2007 ciertamente hubo uno de los mayores decomisos de cocaína (gracias a información de la DEA), pero en los demás años los aseguramientos han sido relativamente bajos.

Pero además mientras en México se mantenía la constante histórica de aseguramientos de cocaína, en Colombia se lograban los mayores de la historia (por ejemplo en 2010 mientras que en México se aseguraron 13 toneladas, en Colombia se incautaron 153).

Pero además el dramático aumento de los aseguramientos de drogas en Colombia en los últimos 9 años, lejos de haber significado más violencia ha significado menos: mientras que los aseguramientos casi se triplican, los asesinatos son menos de la mitad que entonces. Esto demuestra que la creencia de que atacar a los pobres narcos provoca violencia, es un mito sin base empírica.

Entre 2006 y 2010 el área de cultivo dedicada de amapola subió en México en ¡600%! (mientras que bajó en un 71% en Colombia). Consecuentemente en México aumentó la producción de heroína de 11 a 50 toneladas, ¡un 345% en sólo 3 años! (mientras en Colombia bajó en 62%).

¿Quién puede sostener entonces que al narcotráfico le ha ido mal en los últimos 4 años?

El gobierno presume de la detención de capos. Pero en otras administraciones hubo aprehensiones similares. Por ejemplo en 1989 fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, que no era jefe de unos narcos, sino el máximo jefe de todos los narcos de México.

El gobierno también presume con la cantidad de detenidos y presos, cuando en realidad la mayoría de ellos son narco-menudistas. En 1999 el 31% de quienes recibieron condena por narcotráfico (2,303 personas) fueron condenados a 7 o más años de prisión, cuando que en 2009, la cifra fue inferior: 1,917 o 19% de los condenados.

La segunda gran mentira es afirmar que la violencia se desata cuando el gobierno decide realizar operativos en tal o cual punto del país, sobre todo con participación del ejército, pues hasta entonces esos lugares eran oasis de paz y tranquilidad.

Exactamente lo opuesto es la verdad. El problema real es la que los gobernantes hayan tolerado la violencia del crimen organizado, que hayan aplicado la política torpe, miope y criminal de dejar que los narcos se matan entre sí, sin considerar las obligaciones del Estado y que la violencia tolerada entre delincuentes siempre terminar por golpear a los inocentes.

Esa política criminal se inauguró con la administración de Carlos Salinas, cuando  se toleró que Juan García Ábrego barriera a sus rivales en Tamaulipas, cuando se toleró la disputa entre Joquín Guzmán y los Arellano Félix y sobre todo cuando se toleró que Amado Carrillo se apoderara de Juárez a sangre y fuego.

Esa política se mantuvo en los siguientes años. Se toleró que Amado Carrillo siguiera matando para consolidar su poder y que lo mismo hicieran los Arellano Félix. Se toleró la “guerra” entre La Federación y Los Zetas bajo el gobierno de Vicente Fox y entre Los Zetas y lo que después se conocería como La Familia.
Vicente Fox toleró una violencia que costó 9 mil vidas y le heredó un desastre a su sucesor.

La decisión de Felipe Calderón de enviar al ejército a Michoacán no fue un capricho ni ello causó que se desatara la violencia: esta venía creciendo en forma acelerada desde 2005. La mitad de las 9 mil ejecuciones en el sexenio de Fox ocurrieron en Michoacán, 20 jefes de las policías locales habían sido asesinados en 2006 y corporaciones municipales enteras estaban al servicio de un cártel o de otro.

Lejos de escalar la violencia, al menos durante el primer año (2007) la cifra de homicidios bajó. Después, en 2009 la violencia repunto, para bajar en 2010. Pero sostener que la violencia en Michoacán fue provocada por el gobierno, es una fantasía psicótica.

Además, la violencia ya no se limitaba a los narcos. Cada vez más gente inocente estaba siendo asesinada y La Familia empezaba a imponer su extorsión y apoderarse de diversas actividades criminales, para volverlas más “profesionales”, como el secuestro.

Es mentira también que Juárez, Chihuahua fuera un oasis de tranquilidad hasta que el gobierno se le ocurrió enviar a los soldados a molestar a los pobres narcos. En enero de 2008 el Presidente Municipal demandó la intervención del gobierno federal ante la escalada de ejecuciones. El ejército llegó 3 meses después.

Es cierto que tras la llegada del ejército los asesinatos no bajaron, sino que siguieron subiendo. Pero si fuera cierto que la mera presencia militar provocó la violencia, cuando el ejército se retiró de las calles en Juárez, en abril de 2010, los asesinatos tendrían que haber disminuido, pero ocurrió lo contrario: la violencia siguió escalando.

En Tamaulipas las narco-ejecuciones venían-creciendo desde 2009 porque la pugna entre Los Zetas y el Cártel del Golfo era incontenible, pero fue hasta marzo de 2010 que intervino el ejército. La violencia siguió escalando, pero luego bajó.
En la zona metropolitana de Torreón entre 2007 y 2010 las narco-ejecuciones crecieron en un ¡1,814%!, al pasar de 36 a 689.

Y ¿cuándo llegó el ejército para supuestamente provocar este fenomenal disparo de la violencia? Jamás, no hay en Torreón un operativo como el de Juárez, según se quejaba amargamente el año pasado el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

Lo que estos datos duros revelan es que falso que Calderón haya provocado la violencia. El problema es que pese la intervención del gobierno federal, en la mayoría de los casos no se logra frenar o reducir la violencia y esta sigue escalando.
Y de ello hay responsabilidad del gobierno federal como de las autoridades locales. La acción del gobierno federal ha sido sumamente ineficaz por 4 razones principales:

  1. El gobierno carece de una definición de victoria en esta lucha que no es contra el narcotráfico, sino contra la violencia y extorsión del crimen organizado.
  2. El gobierno federal junto con los locales no se ha fijado los objetivos y metas a cumplir para alcanzar la victoria y los tiempos en los que los resultados parciales deben irse logrando.
  3. Consecuentemente nadie se siente presionado a cumplir nada en plazos perentorios. Por el contrario, se premian los malos resultados, cuando se mantiene contra viento y marea a los mandos notoriamente incompetentes, entre ellos al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y al comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas.
  4. No hay una política firme y unívoca. En 2010 en Tamaulipas y Nuevo León el número de asesinatos no llegó a la mitad de los habidos en Chihuahua, pese a librarse en las tres entidades feroces “guerras” entre los grupos criminales ¿Por qué estos resultados? Porque mientras que en Tamaulipas y Nuevo León parece haber un mayor esfuerzo por impedir la libre acción de los “ejércitos” de sicarios, en Juárez pareciera repetirse la misma política nefasta de dejar que los narcos se maten entre sí, aunque se lleven entre las patas a los inocentes, aunque ello aumente el poder de los grupos criminales y dispare los secuestros, la extorsión y diversos delitos del fuero común.

Y si no es porque en Juárez se sigue la política de dejar que los narcos se maten entre sí ¿cómo explicar entonces que la ciudad con la mayor concentración de agentes del orden tenga la mayor tasa de homicidios entre todas las urbes del planeta?

Si el desempeño del gobierno federal presenta estos graves defectos, la conducta de los gobiernos locales de las entidades y municipios más afectados por la violencia, es todavía peor. El común denominador de estas autoridades es que eluden sus obligaciones alegando que enfrentar a la delincuencia organizada es una facultad federal. Esta pretensión carece de todo fundamento legal y la omisión conforma a ella debería dar lugar a fincar responsabilidades políticas, administrativas y penales contra estos gobernantes que evaden sus obligaciones.

Genaro García Luna declaró que la matanza no descenderá antes 7 años, porque supuestamente así ocurrió en otros países afectados por la violencia del crimen organizado, como si se tratara de una ley física. Su afirmación es falaz y con ella pretende disculpar su incompetencia y seguir comprando tiempo.

Lo que en Colombia hizo que la violencia se prolongara tanto no fue ninguna supuesta fatalidad en la duración de la hecatombe, sino la falta de voluntad política y las malas políticas de sus gobernantes y altos burócratas. Cuando el Presidente Álvaro Uribe tomó el poder en 2002, repuntaban los asesinatos, los secuestros y el terrorismo. Pero a un año de su llegada empezaron a verse resultados, empezaron a bajar los índices criminales y así continuó, año tras año.

¿Por qué tuvo éxito Uribe contra la violencia desde el principio? Porqué su política tuvo los siguientes ejes:

  1. Expresó con precisión una definición de victoria: el Estado debía regir de nuevo en todo el territorio nacional, los grupos armados ilegales deberían ser erradicados o sumamente debilitados y al menos habría que recuperar la tasa de homicidios que había antes del inicio de la “guerra” de Pablo Escobar contra el Estado colombiano en 1984.
  2. Le impuso a su gobierno objetivos y metas que cualquiera podía leer en Internet.
  3. Degradó, despidió o encarceló, según el caso, a policías y militares que no cumplieran las metas, violaran derechos humanos o estuvieran vinculados a criminales.
  4. Rechazó permitir que unos criminales mataran a otros criminales, por eso lo mismo combatió a los guerrilleros que a los paramilitares y a los sicarios.
  5. Hizo cumplir a los gobiernos locales su parte.

Rendirse ante el crimen, dejar que los criminales hagan lo que quieran o negociar impunidades con ellos, no sólo es moralmente abominable y es penado por la ley, sino que ya se ha hecho (y se sigue haciendo) y lo único que ha resultado es la actual hecatombe.

Lo que se tiene que hacer es algo muy similar a lo hecho por Uribe en Colombia, pues los ejes de su política son principios de sentido común y validez universal.

O se sigue ese rumbo o el país se hundirá en un mar de sangre.

La persecución de los delitos del fuero común, secuestro, homicidio, extorsión, es competencia fundamental de los gobiernos de los estados y del DF. En muchos casos son grupos de crimen organizado y la PGR puede atraer algunos casos. No se vale que ningún gobernador se escude en que “es delincuencia organizada”, que le toca al Gobierno Federal y no asumir su propia responsabilidad.

El gobernador de Morelos, ante el asesinato de los jóvenes está investigando, actúa, persigue y da la cara. Así queremos que actúen todos los gobernadores sobre todo los de estados con mayor número de crímenes.

Las fuerzas armadas participan en la seguridad interior y en el combate al crimen no por su iniciativa sino por necesidad y decisión presidencial, y el balance de su actuación, a pesar de algunos errores muy lamentables, es positivo. Retirarlos sería dar ventajas a los grupos violentos. Es lo que ellos quieren. Lo que debemos hacer es mayor vigilancia ciudadana.

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