Los terroristas han retado al Estado Mexicano ¿Cuál será la respuesta?

El secuestro de Diego Fernández de Cevallos ahora se ha demostrado fehacientemente como un acto de un grupo terrorista , tal y como lo denunciamos el 4 de junio del presente año en conferencia de prensa.

02La presunción de que un grupo terrorista había cometido el secuestro no era una ocurrencia. La misma razón por la cual entonces sostuvimos que un grupo terrorista había privado de la libertad a Diego Fernández de Cevallos, es la misma por la cual ahora se reconoce por todos dicha autoría: el discurso de los secuestradores en sus comunicados y su modus operandi, similar a de otros plagios cometidos por grupos terroristas.

03La diferencia entre el secuestro de Diego Fernández y los cometidos por grupos terroristas durante los últimos 20 años, es que por primera vez los autores reconocen explícitamente su autoría y le dan un significado político también en forma explícita. Hasta abril de 2009 los terroristas cometían secuestros, pero no los reivindicaban, aunque tampoco les importaba dejar huellas sutiles de su identidad. En abril de 2009 la Tendencia Democrática Revolucionaria, una escisión del EPR, hizo lo que ningún grupo terrorista había hecho en México desde el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo en 1985: admitir la comisión de plagios, si bien no especificó cuales cometió.

04El secuestro de Diego Fernández significa un salto cualitativo del movimiento terrorista en México, por la prominencia de la víctima, porque como ya se dijo por primera vez se admite la autoría específica y porque en el más reciente comunicado hay una declaración de guerra contra el Estado mexicano, un abierto llamado a la rebelión y el anunció de que habrá más atentados contra agentes del Estado como contra particulares.

05De este modo, con la convergencia entre terrorismo y la violencia sin precedentes del crimen organizado, México ha entrado claramente en una ruta que conduce a la condición de Estado fallido. Esto implica el riesgo de mucho más derramamiento de sangre, destrucción, empobrecimiento y en suma sufrimiento para los mexicanos.

06Esta convergencia entre terrorismo y violencia del crimen organizado (que no significa que necesariamente estén fusionados), es posible porque el Estado mexicano ha fallado en su obligación primordial de garantizar la seguridad pública, para lo cual es indispensable que mantenga el monopolio de la fuerza legítima. El Estado y más particularmente el gobierno federal, han fallado en impedir la proliferación de las milicias privadas, ya se trate de “ejércitos” de sicarios del crimen organizado o de grupos terroristas con discurso ideológico y político. Frente a los primeros, sucesivas administraciones siguieron la política estúpida y suicida de dejar que los criminales se maten entre sí; frente a los segundos, el gobierno ha seguido la política no menos estúpida y no menos suicida de apaciguamiento, de no perseguir y castigar a los terroristas por sus crímenes, con la cándida esperanza de que estos criminales se contendrán, cuando que ha ocurrido exactamente lo contrario: mientras más se tolera, más lejos van.

07En efecto, el secuestro de Diego Fernández no habría ocurrido si el secuestro de Eduardo García Valseca no hubiera quedado impune, como lo sigue hasta ahora. Y el secuestro de Eduardo García Valseca tampoco habría ocurrido si se hubiera aplicado toda la fuerza del Estado para perseguir y castigar -con estricto apego a la ley- a los responsables de alrededor de 200 secuestros cometidos por los terroristas en poco más de dos décadas incluyendo el de Alfredo Harp, entre otros.

08En este sentido debe recordarse que el 18 de marzo de 2009 presentamos una denuncia penal en contra de Rogelio Ortega Martínez por su probable implicación en la comisión de secuestros por parte de un grupo terrorista mexicano en alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con base en la evidencia incontrovertible obtenida de las computadoras del líder terrorista “Raúl Reyes” tras el ataque de la fuerza pública colombiana contra un campamento de las FARC en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008. Pero lejos de que la Procuraduría General de la República procediera a investigar al señalado, ni siquiera lo llamó a declarar y este sujeto, cobijado por su partido -el de la Revolución Democrática - se ha sentido tan tranquilo como para contender por la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, como lo hizo a inicios del presente año, por enésima vez.

09La PGR tampoco ha movido un dedo por cumplir su obligación de investigar a los militantes de las FARC que operan en México, como Lucía Morett, quien sobrevivió al ataque al campamento terrorista en Sucumbíos, Ecuador, el 1 de marzo de 2008. El Estado mexicano no sólo no ha investigado sino que ha protegido a los presuntos terroristas, como demuestra un negativa par conceder la extradición de Morett requerida por la justicia ecuatoriana y por negarse a cumplir contra esa persona la orden internacional de captura (boleta roja), de Interpol, librada a solicitud de Colombia, por terrorismo y lavado de dinero. Hoy, gracias a la negativa del gobierno mexicano a cumplir la ley, Morett disfruta de impunidad en Venezuela, bajo el cobijo del gobierno de Hugo Chávez.

10Secuestros como los de Diego Fernández y Eduardo García Valseca seguirán ocurriendo y se multiplicarán por miles, mientras el gobierno continúe con su política ilegal, medrosa, pusilánime y suicida de apaciguamiento ante los terroristas. Pero México se sumirá en un mar de sangre si, también, los políticos siguen con su abyecto coqueteo con el terrorismo y su carencia de lealtad democrática, si un ex candidato presidencial revindica atentados terroristas como el cometido contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, si la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sale en defensa de terroristas como Morett, si partidos como el del Trabajo mantienen relaciones con los terroristas de las FARC, si partidos como el de la Revolución Democrática dan cobijo a secuestradores como Rogelio Ortega o si la Suprema Corte de Justicia presenta como “luchadores sociales” y absuelve a secuestradores e incendiarios como los de San Salvador Atenco.

La liberación de Diego Fernández, excandidato presidencial que fuera secuestrado en mayo, es una buena noticia. Pero los mexicanos están profundamente preocupados por los secuestros, los cuales suben de manera alarmante.
Felipe Courzo | Reuters
"Todas las organizaciones adheridas al Movimiento Blanco y al Consejo Ciudadano manifestamos nuestra respetuosa y enérgica exigencia a los políticos de todos los partidos de rechazar con fuerza la impunidad de los criminales por la protección de cómplices, la violencia y el terrorismo; y a conformar urgentemente una alianza nacional entre sociedad civil, partidos y gobierno para construir la paz".
Azteca Noticias
"Les interesaba tenerlo precisamente para esto, para que el mensaje fuera más evidente, porque está reconociendo la presencia de un grupo que lo secuestra, que humilla al Estado, que lo pone de rodillas, que deja de investigar, que lo paraliza".
Diario La Estrella
Junto con Movimiento Blanco, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal afirmó que el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos fue un acto de un grupo terrorista.
Tuareg Seguridad
El Movimiento Blanco alertó que el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es un acto terrorista.
Once Noticias
La organización (Movimiento Blanco) advierte que con la convergencia entre grupos terroristas y la violencia sin precedentes del crimen organizado, México ha entrado en una ruta que puede conducirnos a la condición de Estado fallido.
Silvia Otero | El Universal