7 de mayo de 2019

 

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum los delitos se han disparado en forma dramática, en particular los de carácter violento: homicidio doloso, secuestro, violación y robo con violencia.


En marzo de 2019 las víctimas de homicidio doloso aumentaron 46% (en números redondos) en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 114 a 166. Asimismo, las víctimas de secuestro aumentaron en 114% en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 3.3 a 7.0.


Otros delitos violentos crecieron en forma más acentuada. Siempre conforme a las propias estadísticas oficiales, en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018 las violaciones crecieron 137%, el robo con violencia a transporte público individual 159%, el robo con violencia a transportista 137%, el robo con violencia a negocio 136%, el robo a transeúnte en vía pública 103%, el robo con violencia a transporte público colectivo 95%, el robo a transporte público individual 59% y el robo con violencia casa habitación 51%.


Y todo esto sin considerar la cifra oculta, cuyos números son muy superiores a las cifras oficiales, en particular respecto a robo con violencia y violación.


Ejemplo claro de lo que sucede en la Ciudad de México es ver día tras días como ocurren asaltos contra los automovilistas en horas pico en decenas de puntos de la ciudad. Estos atracos han sido denunciados por los medios de comunicación, pero las autoridades capitalinas no hacen nada para poner vigilancia en esos puntos. O hay mucha incompetencia o hay colusión.


El gobierno de Sheinbaum ha alegado que el anterior gobierno “maquillaba” cifras de delincuencia y violencia, por lo cual ya eran altas bajo el anterior gobierno. Pero ambos alegatos no son excusa. El gobierno capitalino no ha probado la falsificación de cifras que señala y, lo que es más importante, no ha denunciado penalmente a los supuestos responsables, quienes habrían incurrido en el delito de falsificación de registros oficiales, tipificado en los artículos 339 y 340 del código penal local, además de lo correspondiente al federal.


Y acerca de que delitos y violencia ya venían creciendo desde la administración anterior, pues tampoco cabe la excusa, porque hay una nueva administración, cuya titular se comprometió a mejorar la inseguridad, no a que empeorara.


Cabe detenerse en el aumento previo de la inseguridad. En efecto esto ocurrió, aunque de forma muy acentuada a partir de julio de 2018. Si se comparan las cifras de marzo de 2019 con las de junio de 2018, el disparo de delito y violencia es todavía más dramático que lo antes señalado: el homicidio doloso creció 64%, la violación 289%, el robo con violencia a transportista 267%, el robo con violencia a negocio 186%, el robo a transeúnte en vía pública 157%, el robo con violencia a transporte público colectivo 112% y el robo con violencia a casa habitación 103%.


También es bueno preguntarse por qué a partir de julio de 2018 la delincuencia aceleró su ritmo de crecimiento. Faltan elementos para emitir un juicio concluyente, pero hay dos aspectos relevantes a considerar: el cambio de jefe de la policía capitalina que sucedió precisamente en julio y el efecto que en el hampa tuvo la narrativa de las administraciones entrantes, tanto en el nivel federal como en el local.


Tras de su triunfo electoral, la doctora Claudia Sheibaum se reunió con José Ramón Amieva, jefe de gobierno sustituto y el primer resultado fue la remoción del jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida, que según Amieva había entregado buenas cuentas. En su lugar fue nombrado Raymundo Collins, quien fue subsecretario de seguridad pública en el gobierno capitalino del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser muy cercano al actual canciller, Marcelo Ebrard.


Pero Collins ha sido reiteradamente señalado de estar vinculado con el hampa, en particular con la organizada. Lo que es un hecho, es que su paso de casi cinco meses por la policía capitalina significó un aumento de los delitos.


El otro factor a considerar: el impacto en el hampa de la narrativa sobre seguridad pública, no es menor. El presidente López Obrador ha presentado a los delincuentes como víctimas de las políticas de gobiernos previos frente a los cuales no cabe tanto la aplicación de la ley, sino otorgarles una serie de beneficios que van de los subsidios a las amnistías e indultos, además de la promesa -hasta ahora cumplida- de no perseguir a los jefes de los grandes grupos criminales.


Los delincuentes no son doctores en ciencia política, pero interpretan este discurso como una suerte de permiso para delinquir.


La Jefa de Gobierno ha secundado este mismo discurso, pero ella y sus colaboradores han añadido de su propia cosecha. Ejemplo de ello es el proyecto para reformar el código penal y los robos menores dejen de ser tipificados como delitos. Una invitación más para delinquir.


Ahora, las políticas de los nuevos gobiernos federal y local que supuestamente deberían empezar a lograr la baja de la delincuencia, se han aplicado desde el de diciembre de 2018. Pero ni en el país ni en su capital se ha producido la disminución de la inseguridad prometida, sino que ha ocurrido exactamente lo contrario.


O los delincuentes no están cobrando los nuevos subsidios que ya fluyen o los cobran, pero de todas maneras siguen delinquiendo.


La política de seguridad pública de ambas administraciones –la federal y la local- han probado rápidamente ser completamente erróneas, porque se basan en un diagnóstico falaz, no sustentado en hechos sino en dogmas ideológicos, como el atribuir que la inseguridad se genera por la pobreza, desempleo, marginación o desigualdad en los ingresos, en lugar de identificar la verdadera causa: que las autoridades no cumplen su obligación de prevenir y perseguir al delito.


No habrá magia. La inseguridad seguirá creciendo mientras esas políticas de seguridad pública desastrosas no sean abandonadas en favor de las correctas, en favor de imponer a los gobiernos y a los mandos y elementos de la seguridad pública metas para reducir los delitos y la impunidad, y hacer depender del cumplimiento de esas metas su permanencia en los cargos.


Ante la ola de secuestros contra mujeres en instalaciones del Metro y alrededores, diversos grupos ciudadanos protestaron y demandaron poner remedio. La jefa de gobierno optó por descalificar a esos ciudadanos y a su exigencia legítima.

 

Pero la Jefa de Gobierno y el Presidente de la República deben recordar y tener una certeza. Recordar que en 2004 marchamos en la capital del país cientos de miles de ciudadanos en demanda de seguridad y justicia. Y la certeza que deben tener es que ahora marcharemos millones, si sus políticas no cambian, si no honran su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y no combaten a fondo los delitos y hacen que se reduzca la inseguridad.


Como en 2004, estamos trabajando en la convocatoria y organización de esa gran movilización ciudadana.

 

 

 

 

 

 

 

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