Boletín de seguridad octubre 2017

La trascendencia del fuerte sismo el 19 de septiembre pasado en la Ciudad de México y su gran zona Metropolitana, sacudió profundamente la conciencia de la ciudadanía, aumentó la desconfianza por el manejo de justicia, la corrupción y la impunidad del Gobierno Federal y las autoridades estatales.

En lo referente a las políticas de reconstrucción de los daños, ayuda a los damnificados en lo económico y facilitación de viviendas a corto y largo plazo, se han manifestado indignación y protestas en zonas, colonias y municipios más afectados por las precarias condiciones que aún tienen que soportar sin soluciones a la vista, con agravios por las pérdidas materiales, patrimoniales, incluso robos y saqueos por negligencia de policías y autoridades.

Es preciso hacer eco a los medios, que resaltan que después del sismo el 07.09.2017 siguen siendo los Estados de Chiapas y Oaxaca los más necesitados y con emergencias de primeros auxilios.

La ya de por si existente crisis política-económica-social que se refleja en el país, junto con los factores que marcan los pasos de política interior, como la sorprendente renuncia del Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, el pasado 16, la no previsible y poco razonable destitución de Santiago Nieto, titular de FEPADE- Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, el pasado 24 de este mes, representan ya alertas rojas para el proceso de las elecciones, recién comenzado.

La renuncia de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General, se puede considerar como consecuencia de protestas contra la intención del Presidente Peña Nieto, de nombrarle titular de la nueva Fiscalía General de la República. La destitución del Fiscal Especial de Atención de Delitos Electorales, por el encargado de la PGR, alegando manejos incorrectos y fuera de su incumbencia, ha causado mucho revuelo y crisis en la Cámara de Diputados y del Senado, avivando sospechas por evidencias encontrados referente al caso de Corrupción de la empresa brasilera ODEBRECHT por sobornos a Pemex y la campaña electoral del PRI en 2012.

Los dos casos se identifican con la inoperancia de la PGR, ausencia de imparcialidad, deficiencia de procuración de justicia, violaciones de derechos humanos, corrupción e impunidad, como factores para la creciente inseguridad nacional.

El inicio del proceso electoral coincide con el reciente estudio de Transparencia Internacional sobre América Latina y el Caribe, y en cuanto a sus conclusiones indica que la política y la clase de los políticos en México, son los más conspicuos representantes de la corrupción, que corroen hasta las más recónditas partes del sistema.

En este contexto el Rector de la UNAM, Enrique Graue, expresó que "la corrupción es la pata flaca de todo el sistema administrativo del país”.

El clima de descontento generalizado en amplios círculos de ciudadanos repercutirá en la credibilidad y aceptación de programas electorales, partidos, candidatos.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Los informes generalizados sobre la situación de inseguridad pública actual, basados en las más recientes cifras son alarmantes en cuanto a los impactos de homicidios dolosos que afectan cada vez más regiones y entidades estatales. Las actuales cifras publicadas durante los meses de octubre y lo que va de noviembre, reflejan un aumento de 24.8% en todo el país, confirmadas por el Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional y el Secretario de Gobernación como vocero competente del Gobierno Federal.

Referente a la Ciudad de México, el titular de la PGJ capitalina, informó que los homicidios dolosos aumentaron recién en un 20%. Además aumentaron los robos a casa habitación, de vehículos y a peatones. Esto significa que en el país se han registrado en lo que va de esta año más homicidios que en todo 2016, son similares a situaciones de guerra, como notició el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en su reciente visita al país.

Entre las entidades estatales que más sufren de homicidios dolosos, como resultado de la presencia de narco-cárteles y enfrentamientos violentos y armados entre ellos por el “control de plaza y pago de derecho de piso”, el dominio de territorios estratégicos de siembra y producción de drogas así como las vías de tránsito de drogas, se mencionen principalmente Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Chihuahua, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Lamentablemente la presencia, la violencia y los asesinatos de los narco-cárteles perjudican sensiblemente los principales centros turísticos de afluencia internacional y nacional de Los Cabos y La Paz, Cd. Juárez y Tijuana, Acapulco, Ixtapa y Puerto Vallarta, Manzanillo, Cancún y La Rivera Maya, Playa del Carmen.

En este contexto la violencia y los crímenes afectan gravemente a las poblaciones, los comerciantes, restauranteros y campesinos ubicados en estas zonas, que en muchos casos se ven obligados a dejar estas zonas, como p.ej. en el “Triángulo Dorado (de Oro)” que forman en parte los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde los pobladores de la sierra se ven obligados a emigrar a otros regiones.

Por otro lado, en las zonas del llamado el “Triángulo Rojo”, en partes y límites de los estados de Puebla y Veracruz, dónde las autoridades no han podido frenar los robos de combustibles, la violencia de las bandas de “huachicoleros” contra los pobladores y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y policías estales, junto con los bandoleros que asaltan y roban los trenes de transporte de mercancías de Ferromex, al vez que atentan contra los transportistas de mercancía en las carreteras nacionales y regionales.

En términos generales, la violencia, los homicidios y demás crímenes de alto impacto se deben en primer lugar a la cada vez más extendida presencia y belicosidad de los narco-cárteles y sus células combativas, que, de acuerdo con la PGR, con fecha 31 de octubre pasado, son nueve en total que operan en unos 18 estados, como son el Cártel del Pacífico, De los Arellano Félix, de La Familia Michoacana, De Carrillo Fuentes, De los Beltrán Leyva, Los Zetas, Del Golfo, Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación.(Según reconoce la DEA al mismo tiempo, son seis cárteles, pues no cuenta de la presencia de Los Templarios, La Familia Michoacana y los Arrellano Félix).

Comentarios

En sociedad mexicana repercuten actualmente en primer lugar las altas cifras de homicidios dolosos mencionados en el apartado anterior, igual que la creciente violencia y crímenes como secuestros, extorsiones, desapariciones. Las apariciones de personas asesinadas con señales de tortura, mutilaciones, decapitaciones de cadáveres, aumentan la inseguridad y siembran terror, miedo e incertidumbre en la población.

Los medios han informado que existe en la actualidad un control parcial o total de en amplios territorios por parte de Los Zetas en Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Morelos.

En lugares como Acapulco en Guerrero y Reynosa de Tamaulipas, entre otros, las autoridades advirtieron a la población de no salir, al mismo tiempo que cerraron temporalmente gran número de escuelas y advirtieron a la población de no salir a la calle cuando se dieran cuenta de tiroteos y en las vías públicas. Además suspendieron temporalmente diferentes rutas de transporte público en ambos estados.

Saltan a la vista los continuos incidentes y asesinatos de alcaldes, secretarios de seguridad estatales, jefes de policías estatales y municipales, en servicio o retirados, dirigentes de partidos políticos.

Incluso la violencia y los asesinatos de sacerdotes en diferentes lugares del país, son muy preocupantes, puesto que antes los curas estaban intocables.

También siguen los ataques a periodistas.

Uno de los focos rojos para la iglesia católica es el alarmante reclutamiento de jóvenes por grupos del crimen organizado.

Los más razonables motivos de estos asesinatos se considera que radican en la infiltración de los narco-cárteles en los gobiernos estatales e instituciones municipales, para que, de esta manera aumentar su poder e impunidad.

A estos acontecimientos criminales hay que agregar los enfrentamientos y ataques a mano armada de sicarios y comandos de organizaciones criminales en por lo menos 22 se estados, incluyendo la capital del país.

Entre estos estados se cita Baja California Sur, que en el mes de octubre registró 91 asesinatos, por la violencia que ha convertido el corredor de 32 km entre las urbanizaciones turísticas de Cabo San Lucas y La Paz, que de esta manera se ha vuelto uno de los lugres más peligrosos del país.

Para hacer frente al crimen organizado y combatir la violencia y los crímenes de alto impacto con más eficiencia, en 22 a 24 entidades estatales, el Gobierno Federal pretende incrementar la deficiente cantidad de policías estatales en todo el país, aumentando el promedio en por lo menos 1.8 policías por 100 mil habitantes. Además el Secretario de Gobernación defendió recién nuevamente la necesidad de crear el mando único a nivel nacional. Además el Gobierno Federal privilegia para el año 2018 incrementar los gastos en seguridad.