Boletín de seguridad febrero 2017

Durante el pasado mes de febrero el gobierno se concentró en la definición de la política nacional referente a los variables (patológicos) pronunciamientos del Presidente Donald Trump contra México y la discusión de las iniciativas para un marco legal para las fuerzas armadas en la futura ley de seguridad interior.

Las prioridades de la política del Presidente Peña Nieto y de su gobierno para corresponder a las presiones de EU en materia económica y de migración con vistas a las relaciones bilaterales a corto y mediano plazo, definir sus tácticas negociadoras y su estrategia de política nacional en cuanto a renegociación del TLCAN y la problemática deportación de miles y miles de migrantes ilegales mexicanos y trazar un futuro acuerdo de migración.

Si bien entre el gobierno, la oposición política, las instituciones representativas empresariales (Coparmex, CCE, etc.), académicos, profesionistas, etc., y la sociedad coinciden en la necesidad de que se conforme un frente común, de unión de todos los mexicanos de apoyo al gobierno del Presidente Peña Nieto, la manifestación “Vibra México – Unión Nacional”, por iniciativas varias, entre la UNAM y ONG, el día 12 de febrero en la capital, no dio el resultado anhelado, puesto que ya en vísperas del evento surgieron discusiones controvertidas entre diferentes líderes organizadores. Pareciera, que fue el mismo gobierno que no estaba consciente de la importancia de que el país y los mexicanos dieran una imagen de unión más allá de sus fronteras.

En lo referente a la discusión de las iniciativas sobre la seguridad interior en materia legislativa para definir un marco legal a las fuerzas armadas en su labor de combate –hace ya más de 10 años- al crimen organizado en todo el país, ha vuelto a cobrar la importancia que corresponde a la actual situación de (in)seguridad pública, por la creciente violencia, fuerza y poder de los narco-cárteles.

En este contexto se reavivó el debate público en todo el país, entre diputados, fracciones de partidos y corrientes políticas de diferente índole, en relación a la presencia y el combate del crimen organizado por parte del Ejército y la Armada, los pros y contras de su permanencia y actuación anti-crimen por órdenes y en coordinación del gobierno federal en turno.

Las discusiones al respecto incluyen las deficiencias de la actual estrategia de seguridad del gobierno en el combate al crimen organizado, por las evidencias de que esta estrategia no solamente no ha disminuido la violencia y los homicidios y demás crímenes de alto impacto, sino que lo ha multiplicado por el fraccionamiento de diferentes cárteles y su extensión territorial.

El otro enfoque de la otrora iniciativa del gobierno, de crear un mando unido para las policías federales, estatales y municipales, junto con una selección y capacitación generalizadas, previa prueba de confiablidad y honestidad, no ha avanzado como se pretendía.

Finalmente fue la Arquidiócesis Primada de México, que comentó la tensa situación en el País: “El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto está mostrando cobardía y sumisión ante el terrorismo migratorio del indigno presidente estadunidense”, en alusión a las visitas de los miembros del Gobierno Estados Unidos, el Secretario de Estado Rex Tillerson y el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly, el 24 en México.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Los datos oficiales y semioficiales disponibles a finales de los primeros dos meses de este año 2017 coinciden en que el nivel de violencia por los homicidios registrados reflejan un aumento muy preocupante por ser los más altos en los últimos 50 meses, es decir desde comienzos de este sexenio en diciembre de 2012. Comparando las cifras de homicidios de 1.387 casos de enero 2017, con los 829 casos en enero de 2016, se observa un aumento de 67.3%. En conclusión se estima que 2017 podría finalizar con un total de 14.236 ejecuciones.

Estas terribles cifras coinciden con otras fuentes, que han reiterado últimamente que la estrategia de seguridad en el combate al crimen organizado, elaborada y estrenada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hace 10 años, en diciembre de 2006, con el mandato a las fuerzas armadas de hacerse cargo de la guerra iniciada contra el narcotráfico y el crimen organizado, no fue exitosa y fue empleada en principio también por el gobierno de Peña Nieto.

Es obvio, que los diagnósticos sobre la actual problemática de (in)seguridad pública, se han dificultado bastante más en todos estos años, y muy en particular en este sexenio, por las evidencias de difusión y prácticas de corrupción e impunidad en todas las esferas, además de la pronunciada desigualdad, pobreza y exclusión social.

En base a la información actualizada que difunden los medios continuamente, como son la Radio y TV en su conjunto, así como las evaluaciones de las más nombradas Organizaciones No Gubernamentales, Consultores de Seguridad, etc., sobre las crecientes y más feroces actividades armadas de los narco cárteles y grupos de crimen organizado, entre sí por el dominio de territorios por los cultivos y tránsito de drogas y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad federales, se reflejan en el fuerte aumento de las ejecuciones en general y últimamente de funcionarios, políticos, funcionarios, etc. Esta situación causa nuevamente la impresión de que la guerra de Calderón ha resurgido en numerosos regiones y entidades estatales.

Es de observar, que de entre la continuamente citada cifra de que en todo el país se consideran unos 20 estados como “zonas rojas”, el “semáforo de Ejecuciones de un renombrado diario capitalino, cita además los siguientes estados por su alto número de ejecuciones e incidentes de violencia, aunque no figuran en este “semáforo” como Morelos, Estado de México, Quintana Roo y Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí y Nuevo León. En la actualidad se observa en Sinaloa nuevamente las síntomas de otra guerra por el narco-poder, después del vacío y la lucha por el control del Cártel de Sinaloa como consecuencia de la extradición de El Chapo.

Se considera que las actuales y futuras campañas electorales, primero los referentes a las elecciones gubernamentales en 2017 en el Estado de México, Sinaloa y Nayarit, y muy particularmente las generales en 2018 por el nuevo presidente, cambiará pronto el enfoque de los medios de información hacia estos eventos y desplazaran los temas de seguridad pública, la violencia y los crímenes poco a poco a un segundo plano.

Comentarios

La profesión de periodista sigue en estos tiempos de inseguridad en permanente peligro, como lo demuestra el reciente asesinato de un periodista reportero en la Ciudad Altamirano en de Guerrero.

La presencia, los crímenes y las confrontaciones de los cárteles del narcotráfico que se pelean por el control de territorios y rutas de tránsito estratégicas y sus violentos enfrentamientos armados con unidades del Ejército, la Marina y la Policía Federal, junto con la Gendarmería en algunas regiones, se han convertido para la población en los principales factores de amenaza y peligros y de inseguridad en el país en general.

La delincuencia común concentra sus actividades principalmente en las grandes urbes y las demás ciudades y se manifiestan en robo y asalto a transeúntes, automovilistas y vehículos, usuarios de cajeros automáticos y sucursales bancarias, a casa habitación, amenaza y extorsión telefónicas, supuestamente desde dentro de cárceles, etc. En estos delitos se observa cada vez más delincuentes jóvenes, empleo de violencia y uso de armas, actuación de grupos (bandas) informales de jóvenes más violentos.

En lo que se refiere a los principales “teatros de operación de narco-cárteles” para sus crímenes, ejecuciones y enfrentamientos armados con las fuerzas públicas federales, estatales y municipales, figuran los estados de Guerrero, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, así como en la más reciente actualidad Nayarit. Estos estados se caracterizan sobre todo por la fuerte presencia y los continuos refuerzos de unidades del Ejército y la Marina que operan con unidades especiales, helicópteros y armas pesadas.

Entre los narco-cárteles envueltos en estos enfrentamientos armados figuran principalmente Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y otros de menor importancia, como p.ej. el Cártel de Noreste, que es una fracción del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En consecuencia se consideran actualmente como “zonas rojas” Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Cd. Victoria, Tampico en Tamaulipas, Chihuahua, Cd. Juárez, Tijuana y Los Cabos en Baja California Sur, Coahuila en Sinaloa y La Rivera Maya y Playa del Carmen en Quintana Roo.

En Tapachula, Chiapas, se ha observado últimamente una fuerte presencia de grupos criminales de los Maras de centroamericanos y mexicanos, con el consiguiente aumento de crímenes contra el comercio, la industria y la población.

La delincuencia en general concentra sus actividades principalmente en la Ciudad de México, la gran Zona Metropolitana y en municipios colindantes del Estado de México. Entre las ciudades afectadas son figuran además Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y Puebla.

En la CDMX se ubican las zonas peligrosas en las Delegaciones de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco; como colonias que últimamente registran un aumento de delitos figuran Colonia Acacias, Colonia San Pedro de Los Pinos, Colonia Lomas de Chapultepec, Colonia Roma y La Condesa, Colonia del Carmen Coyoacán, Colonia Narvarte, entre otras.

Además las zonas de Observatorio, el Periférico Sur a Norte, el Viaducto M. Alemán y sobre todo el transporte público en el Valle de México son lugares frecuentes de asaltos, incluso a mano armada. Los asaltos y robos a transporte público causaron en los dos anteriores meses 8 muertos, originados en algunos casos por “justicieros”.

Cabe mencionar también que la PGJ capitalina informó recién de un aumento de 40.5% de los homicidios., igual que de un creciente número de robos de vehículos.

En el Estado de México, que en el contexto nacional figura como uno de las más peligrosas entidades, se citan como municipios de alta delincuencia Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, entre otros.