México atraviesa por el peor momento de impunidad de su historia

La publicidad nos golpea día tras día en forma inclemente y ubicua con spots que claman las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Pero se trata de una gran campaña de mentiras. La verdad es que el país padece de los peores niveles de impunidad de su historia, al menos desde que existen registros estadísticos.

En 2015 – los datos de 2016 se conocerán hasta dentro de un año- en el país 47,187 imputados por delitos del fuero común fueron objeto de sentencia condenatoria o de alguna de las salidas alternas que prevé, precisamente, el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Esta es la cifra más baja jamás registrada (salvo en 2014 en que fue ligeramente menor). Esto implica una tasa de convicción de 3.14%, es decir, sólo 3 de cada 100 responsables de delitos pagaron por sus faltas y lo autores del 97% de los 1,501,061 delitos registrados quedaron en la absoluta impunidad.

La tasa de convicción podría ser más baja aún si se considera que la cifra de 1,501,061 no alude propiamente a delitos, sino a carpetas de investigación y averiguaciones previas que pueden referir a uno o más ilícitos.

Entre 1997 y 2015, como se puede observar en los gráficos y tablas adjuntas, la máxima tasa de convicción se alcanzó en 2005. Fue de 8.68%, cuando 122,908 sujetos fueron castigados y en ese año se registraron 1,415,681 delitos.

El desplome de la tasa de convicción entre 2005 y 2015 fue de casi -64%, al pasar de 8.68% a 3.14%, como ya se indicó.

Después de 2005 las tasas de convicción empezaron a descender en México, pero el proceso se intensificó a partir de 2009 cuando el Nuevo Sistema de Justicia Penal se fue propagando hasta la plena implantación en todo el país en junio de 2016.

El desplome de las tasas de convicción no fue igual en todos los delitos. En homicidios dolosos se pasó de una tasa de 36.47% en 2007, la más alta lograda, a una de 6.85% en 2015, la más baja jamás registrada. La caída de la tasa de convicción de homicidio doloso en México fue del orden del -81.22%.

En 2015 sólo 1,422 criminales fueron objeto de sentencia condenatoria con relación a 20,762 homicidios dolosos. Pero en virtud de lo confusas que son las estadísticas INEGI a partir de 2013, el número de convictos por homicidio doloso en 2015 podría ser menor, del orden de 936, con lo cual la tasa de convicción por homicidio doloso habría sido de 4.51%, un 87.64% inferior de la de 2007.

Es decir, por cada 100 homicidios sólo se castiga a los autores de menos de cinco. En México un homicida tiene una posibilidad entre 20 de ser capturado y castigado. Con esta impunidad casi absoluta ¿a quién puede sorprender que la violencia homicida esté reputando? Lo sorprendente es que no haya una cifra de homicidios mucho mayor.

Estas tasas de convicción tan bajas por homicidio son incluso inferiores a las de países de los que se dice están al borde de la impunidad total frente a la violencia homicida, como son Venezuela, El Salvador, Honduras o Brasil,

Entre 2012 la cifra de convictos por secuestro fue de 891 y en 2015 de 468, un 48% menos. Con tal impunidad ¿puede sorprender la dificultad para bajar la incidencia de secuestro?

Las procuradurías no tienen excusa ante semejante desastre, pues disponen de más recursos que nunca en la historia.

En 2015 las procuradurías de las 32 entidades federativas erogaron 32,398,934,720 pesos, un 150% más dinero que en 2005 en términos nominales y un 81% más en términos reales, es decir, si se descuenta la inflación.

En 2005 lograr que un imputado terminara siendo sentenciado y condenado tenía un costo de 101,849 pesos. En 2015 el costo por convicto fue de 480,954 pesos de 2005: un 372% más caro. Las procuradurías se han vuelto casi cuatro veces más ineficientes de lo que eran hace apenas 11 años.

Pero esto crecimiento del gasto de las procuradurías es independiente de la erogación relativa a la implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que según el Presidente Enrique Peña fue del orden de 21 mil millones de pesos y esto sin contar los recursos destinados a este programa estratégico por el gobierno de Felipe Calderón.

Y el resultado neto de mucho mayor gasto es que el país es mucho más impune que nunca.

En octubre de 2015 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció que en México el nivel de impunidad era casi absoluto, de casi el 100% y demandó al gobierno mexicano ponerle remedio. En marzo de 2016 Zeid Ra'ad Al Hussein volvió a demandar medidas al gobierno mexicano y éste respondió con evasivas. En octubre de 2016 Zeid Ra'ad Al Hussein volvió a la carga y la respuesta del gobierno un desdeñoso silencio.

¿Qué está haciendo el gobierno del Presidente Peña y que están haciendo los gobiernos de las 32 entidades federativas ante este absoluto desastre de la justicia penal en México?

En diciembre de 2016 tuvo su más reciente sesión la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ¿acaso abordó toda esta situación desastrosa que ahora estamos denunciando? ¡Para nada!, a pesar de que los Estatutos de este organismo colegiado establecen como su misión la de “impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia, en un ambiente de corresponsabilidad, para ejecutar políticas públicas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción”.

A t e n t a m e n t e

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.

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