Boletín de seguridad marzo 2016

La situación política nacional se pinta ya poquito a poco de colores y pancartas electorales, con los partidos políticos que apuntan a las elecciones el 5 de junio 2016 para gobernadores, diputados y alcaldes en 12 entidades estatales, más en 2 que renovarán alcaldes y congreso locales.

Estas elecciones parciales representan así mismo una importante orientación de los logros y/o deficiencias, de aprobación o desaprobación del Presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno con cifras porcentuales, de criterios reales referente a la situación de los derechos humanos (desapariciones, ejecuciones extra-judiciales, tortura) y casos de crímenes no resueltos por impunidad, falta de capacidad o voluntad (casos de Iguala (Ayotzinapa), Tlatlaya, Tanhuato), que repercuten en la imagen internacional del país.

De igual manera mostrarán tendencias, trayectorias y paradigmas que regirán las próximas elecciones federales en julio de 2018, pues con las contiendas del 5 de junio 2016 arranca ya la batalla con rumbo a 2018, independiente de que desde ya se “comercializan” muchos nombres de candidatos.

Esta fase electoral implicará, como de costumbre, un aumento de delitos comunes y crímenes de alto impacto, junto con un considerable incremento de la violencia en todo el país. Los cárteles de narcotráfico perseguirán la consolidación de su dominio en lugares estratégicos y rutas de tránsitos de droga, a la par de corromper a candidatos a cargos políticos estatales y municipales, por medio de coludir como de costumbre.

Pero aún hay suficiente tiempo para que el gobierno federal coseche “éxitos” en sus medidas políticos, económicos, en revertir la inseguridad, con el combate al crimen organizado, la violencia y los crímenes de alto impacto.

Referente a los esfuerzos del gobierno federal de combatir más eficazmente la presencia y el dominio de cárteles del narcotráfico en las entidades estatales más agobiadas por los cárteles de narcotráfico, como Tamaulipas y Guerrero, así como Michoacán y la zona metropolitana del Estado de México con la CDMX, consta el esfuerzo federal de enviar coyunturalmente fuerte contingentes de unidades del Ejército, la Marina y la Policía Federal como refuerzos contra los narco-cárteles y el crimen organizado.

En cuanto al proyecto del gobierno federal de crear un mando único de policía y la consiguiente reforma policial, se han iniciado debates entre el gobierno federal y los estatales sobre un nuevo modelo mixto, más flexible, que, entre otros puntos, no incluye ya más la desaparición de todas las policías municipales.

Se pretende ahora un modelo que exige la comprobación de las capacidades institucionales de las corporaciones de policías estatales y municipales, certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según reportes recientes, el Ejército y la Marina cumplen órdenes del gobierno federal de combate al crimen organizado en todo el país, con el despliegue de unos 90 mil efectivos, que realizan operativos y patrullajes constantes para reducir el narcotráfico, la violencia y los crímenes de alto impacto. Entre estos operativos están llevando a cabo unas 10 operaciones especiales de apoyo en ocho entidades estatales.Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

La problemática situación de inseguridad, violencia, crímenes de alto impacto, entre asesinatos, secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, que en su conjunto representan una fuerte recriminación de la población en ciertas ciudades y regiones, afectan en la actualidad principalmente los Estados de Tamaulipas y Guerrero, y últimamente también Veracruz.

En Tamaulipas, por el fuerte recrudecimiento de violencia, balaceras y bloqueos de carreteras, registrados durante cinco días seguidos a mediados de este mes de marzo, principalmente en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Tampico y Altamira, con asaltos armados a comercios, restaurantes, oficinas, el Presidente Peña Nieto ordenó el envío inmediato de un refuerzo de 900 militares.

Estos refuerzos forman parte de los operativos del Ejército, la Marina y la Policía Federal en curso, especialmente contra los narco-cárteles Los Zetas y Del Golfo, dentro del plan de la estrategia federal, hasta rescatar y recuperar plenamente la seguridad en todo el estado.

Guerrero figura como entidad estatal a la vanguardia de crímenes, como homicidios, asesinatos, ejecuciones en todo el país. A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública envió para el periodo de vacaciones de Semana Santa fuertes contingentes al estado, solamente a Acapulco unos 5 mil militares, se han reportado en Semana Santa un total de 43 asesinatos, de los cuales correspondieron 23 al Puerto de Acapulco.

Según información publicada en los medios, comerciantes del Puerto de Acapulco hicieron un llamado a la ciudadanía y a la delincuencia organizada de iniciar junto con los tres niveles de gobierno, negociar un pacto de paz.

En el estado de Veracruz, en el Municipio de Papantla, se produjo otro caso de desaparición forzada de tres jóvenes (el 19.03.2016), detenidos por policías municipales, que los subieron a sus patrullas y los entregaron supuestamente a una organización criminal. Este es el segundo caso después de la desaparición de 5 jóvenes el 11.01.2006 en la región de Tierra Blanca. Las autoridades correspondientes pidieron el envío inmediato de Ejército y Marina para evitar más crímenes.

En la actualidad han aumentado los linchamientos e intentos de castigar a delincuentes retenidos en flagrancia, principalmente en el Estado de México y en las zonas conurbadas de CDMX, seguidos de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Llama la atención que últimamente es a través de las redes sociales que se ha difundido una “guía” que sugiere como actuar e incitar a una turba, si un ciudadano haya atrapado a un delincuente, asaltante, violador en flagrancia, para “hacer justicia” en el acto.

En el Estado de Colima se reporta que la violencia y el número de homicidios están aumentando y que la inseguridad se ha generado en el estado por la guerra entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, para desplazar Los Templarios.

Los focos rojos de crímenes de alto impacto en el país se concentran actualmente en lo que se refiere a homicidios en los Estados de Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California; en secuestros en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Veracruz, México; en extorsión en Nuevo León, Baja California Sur, Jalisco, CDM, Baja California; en Robo de Vehículo con Violencia en México, Sinaloa, Morelos, Guerrero, CDMX.

Según diferentes fuentes de información el Ejército mantiene desplazado fuertes contingentes en Culiacán-Navolato-Guamúchil, en Durango, en Centro de Mando Especial en Laguna, en la Operación Tamaulipas, Operación Noreste, Operación Jalisco, en la Operación Guerrero Seguro, en la sede del Mando Especial Iguala, como Refuerzo a la Novena Región, en el Llano Largo y en el Apoyo a la Seguridad Pública en Michoacán, por lo que se puede percibir parte de las medidas especiales en contra del crimen organizado.

Se considera que el crimen organizado constituye un factor importante en fomentar la corrupción de autoridades (y funcionarios) e instituciones públicas y por lo tanto una gran amenaza para la democracia.

Para frenar el paso descontrolado de grupos de narco-cárteles y deshacer el dominio que mantienen en las zonas limítrofes (Tierra Caliente) y parar los desplazamientos de pobladores, el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Chong, creó una Fuerza Especial de Seguridad con participación de fuerzas de seguridad de los Estados de México, Michoacán y Guerrero.

En este contexto Osorio Chong pidió a la Iniciativa Privada, que de común acuerdo con estos gobiernos estatales desarrollaran una estrategia de combate al crimen organizado en apoyo y coordinación de la Secretaría de Seguridad Públcia.

Ante el fuerte incremento de delitos en el transporte público en la CDMX, la Asamblea Legislativa propuso la instalación de botones de pánico en microbuses, camiones RTP, Metro y Metro-Buses.

La Delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, inició un paquete de medidas de seguridad para hacer frente a la inseguridad en cumplimiento de peticiones de ciudadanos.

Comentarios

En una encuesta de El UNIVERSAL Y BUENDÍA Y LAREDO registran un bajón de diez puntos en la aprobación de su gestión, después de que haya pasado más de la mitad de su mandato.

Además hay una considerable mayoría (“silenciosa”) que crítica la situación de los Derechos Humanos, de acuerdo con las recientes críticas de la CNDH, que reclama a la vez deficiencias en la estrategia de combate al narcotráfico y crimen organizado, la procuración de justicia y del Estado de Derecho.

Sin embargo, la sociedad en general, no ha perdido esperanzas en la política del Presidente y de su Gobierno para bien común económico, social y de seguridad pública del país.

Por otra parte, crímenes como p.ej. en el Estado de Veracruz, donde han desaparecido en recién en de enero pasado 5 jóvenes en la Región de Tierra Blanca, y ahora, el 13 de este mes de marzo recién, otros tres jóvenes en el Municipio de Papantla, a manos de policías municipales, coludidos con grupos de narcos, a los que entregaron los jóvenes sin más rastros concretos hasta ahora.

Los reclamos de los padres de las víctimas y grupos de ciudadanos han reclamado la ineficiencia, falta de voluntad e incapacidad de las autoridades correspondientes, incluido el gobernador del estado por corrupto.

Es de mencionar, a pesar de los esfuerzos del gobierno y entidades civiles federales de combatir y erradicar la corrupción, no hay grandes avances, a pesar de proyectos de ley presentados en el Senado de la República. Últimamente el sector patronal de la IP reclamó los casos de corrupción de autoridades que extorsionan a cambio de prestar servicios.

Un hecho curioso fue el reclutamiento abierto del Cártel de Jalisco des sicarios a través de una de una (inexistente) empresa de seguridad, como un ejemplo de innovación.