Denuncia penal por fraude en contra de Emilio Álvarez Icaza con relación al caso Iguala

Hoy presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Código Penal Federal en su artículo 386 tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero el día mencionado y el siguiente.

Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del “Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región” y que tuvo como contraparte al gobierno federal.

¿En qué consiste el fraude que denunciamos? En tres aspectos fundamentales:

1) El Acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario.

Ángela Buitrago, como fiscal en Colombia acusó e hizo encarcelar a personas inocentes con base en pruebas falsas, en particular al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien debió permanecer preso por 8 años y medio hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de ese país, en diciembre de 2015.

Claudia Paz y Paz como Fiscal General de Guatemala encubrió los actos de corrupción del destituido presidente Otto Pérez (hoy preso), protegió a grupos violentos y desató una persecución en contra de la fiscal Gilda Aguilar por actuar contra esos criminales, quienes además intentaron asesinarla. Ante el atentado contra la vida de Gilda Aguilar, Claudia Paz y Paz bloqueo las investigaciones para garantizar la impunidad de los agresores.

Carlos Beristaín está gravemente implicado en un juicio fraudulento contra de la empresa petrolera Chevron con el cual le han pretendido despojar de 9,500 millones de dólares. Beristaín fue contratado por el juzgado que llevó el caso como perito imparcial, pero se coludió con los demandantes para falsear peritajes sobre daños a la salud y el ambiente.

Con sujetos con semejante historial criminal y de violaciones a los derechos humanos ¿cómo puede esperarse que contribuyan a la verdad y la justicia en el caso de Iguala o a cualquier otro caso?

2) Los “expertos” no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el gobierno de México en el citado Acuerdo. Los “expertos” no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos.

Muy por el contrario, han pretendido sin sustento, pero con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR basados en evidencia e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos “verdaderos” responsables, a señalar sin pruebas la supuesta responsabilidad en los hechos del ejército mexicano y a tratar de que el más de un centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones y asesinatos, ya detenidos, queden libres e impunes.

3) Además los “expertos” han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado Acuerdo y su addendum.

Ejemplos de ello son:

  • Las tareas de activismo político anti-gubernamental de Carlos Beristaín, quien estuvo en Roma todo el mes de enero de 2016 y los primeros días de febrero del mismo año con el manifiesto propósito de lograr que el Papa Francisco, durante su visita a México, presionara al gobierno mexicano con base en la visión falaz de los hechos de Iguala del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
  • El reciente viaje del pleno de este Grupo a Bélgica para reunirse con el Parlamento Europeo, también con el objetivo manifiesto de que ese órgano presione al gobierno de México para que acepte la versión falaz de los hechos de los “expertos” y prolongue su estadía en el país por tiempo indefinido.
  • Los frecuentes viajes a Uganda de Francisco Cox, quien recibe como los demás integrantes del GIEI un sueldo mensual de 138 mil pesos, a cambio de dedicarse de tiempo completo en México a las labores para las cuales fue contratado.

Ninguna de estas actividades que en forma involuntaria, bajo engaño, los contribuyentes y el gobierno de México financian contribuye en lo más mínimo al esclarecimiento de los sucesos de Iguala.

Pregunta obligada es porque la denuncia no se dirige en contra de los “expertos”.

La respuesta es simple, porque el addendum del Acuerdo garantiza completa inmunidad a los expertos.

Pero esto es una evidencia más del fraude de que hemos sido objeto. La única razón por la cual Emilio Álvarez Icaza Longoria presionó para incluir la garantía de impunidad es que él sabía la clase de pillos que la CIDH envió a México.

Anunciamos que sostendremos nuestra denuncia hasta sus últimas consecuencias legales.

Pero independientemente de ello demandamos que el gobierno de México ponga fin de inmediato al citado Acuerdo, ante el flagrante incumplimiento de su contraparte y bajo ninguna circunstancia prolongue la estadía en el país de estos expertos en prevaricación, fraude procesal y violaciones a los derechos humanos.