En el recién terminado año 2015, los resultados del Gobierno Federal en el combate a la delincuencia y el crimen organizado y mejorar la inseguridad permanente en el país, no cumplieron con los objetivos iniciales ni satisficieron las esperanzas de la sociedad.

La percepción en amplios círculos sociales resalta que la estrategia de seguridad nacional del Gobierno Federal, desde el principio del sexenio en 2012, cuyos objetivos principales señalaron bajar la violencia, los homicidios, secuestros y extorsiones en un 50% (en el primer año) y combatir eficientemente a los narco-cárteles y las organizaciones criminales, no funcionó satisfactoriamente en todo el país.

La política de información del gobierno sobre importantes logros en la reducción de los principales delitos, como secuestros de un 27%, homicidios de un 22%, extorsiones de un 30%, resultan por lo general poco convincentes.

Las diferentes ONGs, como Alto al Secuestro, México Evalúa y otros, incluso INEGI, critican estos resultados oficiales como incorrectos, debido a la aplicación del sistema de datos, incompletos y erróneos, facilitados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Incluso las cifras emitidas por el SNSP, admiten aumento p.ej. en homicidios en relación con el año 2014, particularmente unos 18 estados, entre los que figuran Baja California Sur, Zacatecas, Guerrero y Guanajuato. A nivel nacional se indica incluso un ligero aumento de los homicidios en 2015, y que la tasa sigue siendo la doble registrada en 2007.

Sin embargo, la actual administración puede presumir que de los 122 principales criminales buscados fueron eliminados o encarcelados (o extraditados) 98, de manera que las "narco-ejecuciones" han bajado un 8% en 2015 comparadas con 2014.

Dentro de este panorama se critica la falta de una política y estrategia que diera más prioridad a la Inseguridad pública, la violencia y los crímenes de alto impacto, así como la crisis de credibilidad del gobierno federal. Además, apremian la erradicación de la incontrolada corrupción e impunidad, el reajuste de la Procuración de Justicia, el reordenamiento de la Justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Además, la corrección del hasta ahora negligente manejo e irrespeto a los derechos humanos, la mejora de la desigualdad social por las altas cuotas de pobreza de gran parte de la población, están dentro de las prioridades de la agenda 2016 del Presidente.

Esta agenda del Gobierno Federal de 2016 incluye todavía los más críticos casos sucedidos en 2014 y 2015, en Iguala (Ayotzinapa), Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán, aún no resueltos a estas alturas. También la enigmática fuga del capo más peligroso, El Chapo Guzmán, considerada como un claro ejemplo de corrupción existente entre instituciones y autoridades de diferentes niveles, no se puede tachar aún de la agenda 2016.

Entre los desafíos políticos, sociales y humanitarios, el gobierno federal confronta en una complicada situación de inseguridad por la fuerte presencia de narco-cárteles y organizaciones criminales, especialmente en los Estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco y Veracruz.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Durante el año 2015, sobre todo en los últimos meses del año, en noviembre y diciembre recién pasados, se percibió un llamativo aumento de crímenes de alto impacto, de homicidios y secuestros de autoridades políticos, ediles, policías municipales, policías federales, soldados, ex funcionarios de seguridad, ex diputados, e incluso numerosos asesinatos de narcos entre sí.

En el Estado de Guerrero reportan un alarmante aumento de jornadas violentas, mientras que en Acapulco imperan los crímenes de narcos (con 2 homicidios diarios en promedio). A pesar de continuos refuerzos del operativo federal en 9 municipios de Tierra Caliente y en la capital Chilpancingo, Guerrero sigue siendo el estado con más homicidios, presencia y control de narco-cárteles en todo el país.

En Michoacán atentan comandos de criminales contra establecimientos en zonas urbanas; en Sinaloa se reportan confrontaciones y balaceras entre fuerzas de la Marina (con varias bajas) y sicarios del cártel de El Chapo Guzmán en poblaciones apartados en la sierra, que costaron hace poco dos muertos a la Marina; en Puebla se sorprendieron con la fuga de once reos de un penal de Huejotzingo; en Tamaulipas, un comando de narcos atacó la subdelegación de la PGR en Reynosa y se detuvo un capo del Cártel del Golfo, encargado de la red de robo de pipas (ordeña) de PEMEX en Tamaulipas y Nuevo León.

En el Distrito Federal se registraron focos de bandas criminales en la Central de Abasto y en el Barrio de Tepito, que pelean por el control de las plazas, con muertos y heridos. En unas once colonias de las Delegaciones de Atizapán y Tlalnepantla, los vecinos han solicitado al Gobierno Federal patrullajes permanentes del Ejército.

En la colonia La Condesa, un grupo de hombres armados aterrorizó a los vecinos de un edifico en un intento de desalojarlos de sus viviendas, sin la intervención de la policía.

Comentarios

De las amonestaciones de las Comisiones de Derechos Humanos Interamericanas y de Naciones Unidas por el alto número de torturas y abusos de autoridades, y las consiguientes investigaciones iniciadas por el Gobierno Federal, resultaron números expedientes judiciales, por los testimonios de afectados. Los testimonios obtenidos ratificaron la aplicación de torturas en diferentes entidades policiales (judiciales) y de Procuradurías (federal y municipales).

En Chilpancingo, Iguala y otros municipios del Estado de Guerrero, igual que en las comarcas denominadas como Tierra Caliente, que incluye parte del Estado de Michoacán, el peligro de crímenes de alto impacto (asesinatos, extorsiones, secuestros), por parte de narco-cárteles como La Familia Michoacana, Los Rojos, Guerreros Unidos y grupos que se han desprendidos de estos, y las continuas confrontaciones entre unidades del ejército y sicarios, causan un grave problema de inseguridad para los pobladores. Un asalto de un grupo de hombres armados a la localidad de Yextla, llamó mucho la atención en la comarca.

También en Chilpancingo y varios municipios vecinos, la violencia, las amenazas y extorsiones de grupos criminales contra padres y profesores de escolares, obligó a las autoridades de cerrar (temporalmente) gran número de aulas.

El Secretario de Defensa Nacional, General Cienfuegos, declaró que la inseguridad en el Estado de Guerrero es tan crítica que obligará al Ejército permanecer en 2016.

El Estado de Morelos y su capital Cuernavaca, uno de los principales lugares de recreo y residencial de fin de semana de gran número de vecinos del Distrito Federal, se ha vuelto últimamente uno de los lugares del país con más índices de crímenes de alto impacto (homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos).

En varios Estados en el Centro del país (Estados de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla) se producen a menudo asaltos a mano armada a automovilistas, autobuses de transporte público, así como bloqueos de carreteras y confrontaciones con grupos de autodefensa.

Tamaulipas se caracteriza por la violencia y las confrontaciones armadas de los narco- cárteles Los Zeta y Del Golfo, entre otros, que se pelean violentamente por el control de las rutas del narcotráfico hacía Estado Unidos y los bastiones fronterizos Matamoros, Ciudad Mier, Reynosa y Nuevo Laredo. En consecuencia, la inseguridad y el miedo alarman la población en general.

En Jalisco no ha cesado la violencia por la guerra entre los narco-cárteles Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y Los Templarios, entre otros, que causaron en 2015 unos 1.095 muertos entre sí.
Por otro lado, se registraron el alarmante aumento de 13% de feminicidios y un incremento de 500% de torturas denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el Estado de México aumentó el peligro de secuestro (le tocó incluso a un mando activo del CISEN - Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional) y los reportes del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el estado se concentra el 25%  de todos los del país.

En el Distrito Federal, la UNAM (Universidad Autónoma de México), por la creciente inseguridad y el aumento del narcomenudeo, consumo de drogas, asaltos y agresiones de grupos de estudiantes resentidos a profesores, se ha creado la Unidad Integral de Atención de Incidencias, con la instalación de un teléfono de emergencia Línea 911), para contrarrestar la inseguridad y crímenes.

Por la alarmante inseguridad que abunda en ciertas regiones del país, unos siete Gobiernos extranjeros recomendaron (nuevamente) a turistas que viajan por México, evitar ciertos municipios en el Estado de México, especialmente en la zona conurbada y el centro del Distrito Federal.

Moraleja: El Presidente Enrique Peña Nieto, en uno de sus últimos discursos antes de fin de año, expresó que no está del todo satisfecho con los "significativos" avances en materia de seguridad en los tres años de su gobierno y que, entre otras medidas, anunció un reforzamiento de la estrategia nacional de seguridad.

El nuevo presidente del CCE (Consejo Coordinador Empresarial), Juan Pablo Castañón, en su protesta de toma de posesión, pidió al Gobierno Federal urgentes medidas para mejorar la seguridad física y la cultura de la legalidad.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el Presidente Peña Nieto, concretó como número de emergencia a nivel nacional el 911 para el Sistema de Respuesta Inmediata en Casos de Urgencia.

La procuradora general de la República, Arely Gómez González, inauguró una Unidad Especial de Investigación de Delitos de Tortura (UEIGT), que coordinará las investigaciones por actos atribuibles a servidores públicos.


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