'Expertos' de la CIDH: Mentirosos, prevaricadores, criminales, violadores de derechos humanos

El jueves 17 de diciembre de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió la absolución e inmediata libertad del Coronel retirado del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, quien estaba preso desde 2007 por el delito de desaparición forzada, por el cual fue acusado por la entonces fiscal y la actual integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Iguala, Ángela María Buitrago.

Esto confirma lo que hemos venido denunciando:

  • Que el GIEI no vino a México a ayudar a esclarecer la masacre de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre sino a tergiversar los hechos, a buscar la impunidad de los responsables de los crímenes (en su mayoría ya detenidos y presos) y a culpar con falsedad a inocentes, específicamente a integrantes del Ejército Mexicano.
  • Que los integrantes GIEI son sujetos carentes de toda autoridad moral y probidad y en particular la ex Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz y la ex fiscal de Colombia, Ángela María Buitrago, cuyas trayectorias están marcadas por la mentira, la prevaricación, el delito y la violación a los derechos humanos.

El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega estuvo preso por más de 8 años por un delito que no cometió y, todo parece indicar, ni siquiera existió. El 16 de julio de 2007 fue capturado por órdenes de la entonces Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, por la supuesta desaparición forzada de 11 personas, supuesto delito que habría tenido lugar el día 7 de noviembre de 1985, durante el operativo del Ejército Colombiano para recuperar el Palacio de Justicia tomado por asalto por un comando del grupo terrorista M-19.

Cabe recordar que el 6 de noviembre de 1985 el aludido grupo terrorista se apoderó de la Sede del Poder Judicial Colombiano en Bogotá y tomó como rehenes a más de 350 personas, entre magistrados, empleados judiciales y visitantes. El objetivo principal del asalto fue derrocar al entonces Presidente de la República, Belisario Betancur, mediante una farsa de juicio que a exigencia de los terroristas debería realizar el propio poder judicial por ellos secuestrado.

Entre las últimas horas del 6 de noviembre de 1985 y el siguiente día el Ejército Colombiano se dio a la recuperación de la sede judicial y el rescate de los rehenes. Los terroristas resistieron el operativo, ejecutaron rehenes, hicieron estallar explosivos y prendieron fuego a la Sede Judicial. La acción criminal de los terroristas cobró la vida de 98 personas, entre inocentes y agresores.

Años después de los hechos se sabría que el operativo del M-19 fue financiado por el capo Pablo Escobar y que el verdadero propósito de la acción era la destrucción de los expedientes judiciales, incluidos lo de este criminal, a fin de retrasar su proceso de extradición a Estados Unidos.

El operativo militar que encabezó el Coronel Plazas Vega permitió rescatar con vida a más de 250 rehenes. Esta acción heroica no sólo permitió salvar vidas, sino impedir la destrucción de la democracia colombiana.

Desde estos hechos surgieron versiones del propio M-19 y la izquierda pro-terrorista sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, pero no cobraron la forma de acusaciones penales hasta que simpatizantes de la guerrilla, como Ángela María Buitrago, lograron una profunda infiltración en el aparato de justicia de Colombia.

La entonces fiscal fabricó una acusación en contra del Coronel Plazas Vega como una venganza por el operativo que, en acatamiento de la ley, realizó el Ejército para recuperar el Palacio de Justicia tomado por asalto por terroristas del M-19.

Buitrago no incurrió en errores de juicio de buena fe, como a los que no están exentos los fiscales. No. Ella sabía de la inocencia de Plazas Vega y aun así decidió fabricarle pruebas falsas, a saber:

  1. El supuesto testimonio del entonces cabo del Ejército Edgar Villamizar, quien supuestamente declaró haber escuchado al Coronel ordenar desapariciones y ejecuciones judiciales de 11 personas supuestamente rescatadas con vida del Palacio de Justicia y que después “desaparecieron”. El supuesto testigo ha manifestado que jamás acudió a hacer declaraciones sobre el caso porque para empezar no estuvo presente durante la recuperación del Palacio de Justicia, que jamás declaró lo que se le atribuye y que su nombre no es el mismo que figura en el expediente ni tampoco su firma.
  2. Como dijo en su resolución la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: “Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa del Florero, lugar a donde fueron trasladados los liberados del Palacio de Justicia, quienes quedaron a disposición del B2 de la Brigada XIII, de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no era labor del procesado”. Sin embargo Buitrago siempre sostuvo, sin pruebas, todo lo contrario.
  3. El segundo testigo estrella que usó Buitrago contra el Coronel fue René Guarín Cortés, hermano de una de las supuestas desaparecidas, Cristina Guarín Cortés (quien trabajaba como cajera en el comedor del Palacio de Justicia). Este sujeto dijo haber identificado a su hermana en un video tomado el 7 de noviembre de 1985, en el que se observa que un soldado saca del Palacio de Justicia a una mujer y la carga en un hombro. Pero desde hace años la señora María Nelfi Díaz, quien laborara en el Palacio de Justicia como elevadorista testificó que era ella a quien llevaba el soldado del video (y no a Cristina Guarín Cortés), lo cual se confirma por la ropa que llevaba puesta, su corte de pelo y los rasgos de su rostro.
    Pero Buitrago desestimó este testimonio y dio por buenas las afirmaciones de René Guarín Cortés ¿Por qué? Porque este sujeto, al igual que su hermana y otros familiares, militaron en el grupo terrorista M-19 y para Buitrago vale más siempre la palabra de un terrorista que la de sus víctimas. Y por cierto el video en que se basa el testimonio de este sujeto ya había sido visto por él desde 1986 y no fue sino hasta 20 años después en que ¡oh milagro! por fin “reconoció” a su hermana...
  4. Buitrago como fiscal siempre tuvo a su disposición los restos semi-calcinados de alrededor de 30 personas, que fueron hallados en el Palacio de Justicia (que sufrió un gran incendio). Sin embargo Buitrago se negó a someterlos a análisis de ADN a fin de comprobar si entre ellos se encontraban los supuestos “desaparecidos”. Semanas atrás en forma “misteriosa”, se dio a conocer que entre esos restos estaban los de tres supuestos desaparecidos, entre ellos los de Cristina Guarín Cortés.

Más detalles sobre la manera criminal en que Buitrago fabricó delitos al Coronel Plazas Vega se pueden consultar en nuestra página, específicamente en la sección “Las Mentiras – Los pájaros de cuenta de la CIDH”.

En suma, Ángela María Buitrago como fiscal cometió delitos contra la justicia y violó gravemente los derechos humanos fundamentales al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, a quien privó de su libertad por más de ocho años.

Como revelamos en la conferencia de prensa del 17 de noviembre de 2015, Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI, como Fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 tuvo una actuación criminal y violatoria de los derechos humanos. La ahora “experta” de la CIDH, encubrió los hechos de corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina, hoy preso por los mismos.

Como venganza de la guerrilla a la que ella estuvo vinculada, Paz y Paz fabricó delitos a mandos militares y policiales que combatieron al terrorismo y dio amplia impunidad a los grupos violentos creados por ex guerrilleros y que en Guatemala han cometido numerosos bloqueos de carreteras, ataques contra instalaciones públicas y privadas, secuestros y asesinatos.

Además Claudia Paz y Paz como Fiscal General de Guatemala desató una feroz persecución en contra de la fiscal Gilda Aguilar por tratar de investigar y acusar penalmente a los grupos violentos, apoyados por la primera. Asimismo Paz y Paz se negó a investigar el atentado contra la vida de Gilda Aguilar y no puede descartarse que haya estado implicada en la decisión del fallido intento de asesinato.

Es decir, las dos principales integrantes del llamado “Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes” de la CIDH (los otros tres son en realidad los palafreneros de Paz y Buitrago), lejos de ser defensoras de los derechos humanos son violadoras de estos.

El GIEI ha probado que no está interesado en contribuir la búsqueda de la verdad, sino a lo contrario. Así lo demuestra su descalificación de la investigación de la PGR sin base técnica o científica alguna y las mentiras recientemente aportadas: las fotos satelitales que supuestamente revelarían que no hubo “incendio” en Cocula, cuando en realidad no prueban nada y el intento por hacer pasar un reporte de lluvia en Iguala como si se tratara de Cocula.

Existen versiones de que el gobierno mexicano ya no renovará en abril 2016 el financiamiento que con el dinero de los contribuyentes hace del GIEI. En realidad este financiamiento debería cesar de inmediato.

Y tampoco queremos que la CIDH envié otro grupo de “expertos” en lugar de este. Simplemente no se puede confiar en un organismo cuyos directos y funcionarios envían a “ayudar” en el esclarecimiento de crímenes a verdaderos criminales.

Exigimos la inmediata cancelación del convenio entre el gobierno mexicano y la CIDH y la salida de sus “expertos”.