La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su grupo de “expertos”, así como el aparato de propaganda de la izquierda en México, han intentado en forma sistemática de desacreditar la investigación de la PGR sobre la masacre en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Su propósito es lograr que los responsables de esta matanza, en su gran mayoría ya presos, queden impunes y en cambio se castigue a inocentes, específicamente a integrantes del ejército mexicano.

Hemos denunciado que esta maniobra tiene un objetivo político-electoral: impedir que la imagen de Andrés Manuel López Obrador se afecte por esos hechos terribles, dada su responsabilidad política en los mismos, a fin de que sus aspiraciones presidenciales no se vean comprometidas.

En efecto, en 2012 López Obrador se empecinó en mantener la candidatura de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, pese a que líderes del PRD le advirtieron sobre las ligas de este sujeto con un grupo criminal. Cuando Abarca ya era alcalde y había sido señalado como responsable de asesinatos y desapariciones, López lo siguió apoyando.

El eterno candidato presidencial no se presentó en Iguala ni en Guerrero para hablar contra la “mafia del poder”, porque habría escupido al cielo.

Por eso exonerar a Abarca es tan importante, porque la sombra de este criminal perseguirá por siempre a López o cuando menos en lo que resta en su larga e ilegal campaña electoral anticipada.

Pero el de López Obrador no es el único encubrimiento en que la CIDH y sus “expertos” participan y de hecho no es el más importante. El principal asunto que la CIDH y sus expertos tratan de mantener en la oscuridad es la razón por la cual los normalistas de Ayotzinapa fueron enviados a Iguala y quienes ordenaron mandarlos al matadero.

En su informe los “expertos” de la CIDH defienden como dogma de fe la versión de que los normalistas fueron a Iguala en busca de más autobuses para robar, porque los 9 que ya tenían en el plantel no les alcanzaban para trasladarse a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la ciudad de México, explicación absurda y pueril.

La CIDH por supuesto desestima las revelaciones de los sicarios y jefes de Guerreros Unidos detenidos acerca de su móvil para desaparecer y masacrar a los normalistas: consideraron la presencia de los normalistas como parte de una “invasión” o provocación de Los Rojos, el grupo criminal rival.

Pero nuevas informaciones confirman que el anterior fue el móvil central de las atrocidades en Iguala. Se acaban de revelar las conversaciones telefónicas del vocero de los normalistas de Ayotzinapa, Omar Vázquez Arellano y un condiscípulo sobre el reciente intento del grupo criminal Los Ardillos por “levantar” a alumnos pertenecientes al grupo criminal Los Rojos.

Ambos concuerdan respecto al daño que el “levantón” habría tenido, porque confirmaría la negada infiltración de Los Rojos (a su vez enemigos también de Guerreros Unidos).

Pero esto, además de confirmar la infiltración de Los Rojos y que la misma sería la causa principal de la masacre, indica que la infiltración persiste hasta ahora.

Pero ¿por qué la CIDH, sus expertos y el aparato de propaganda tienen tanto interés en ocultar esto?

Porque tratan de encubrir a quienes decidieron, aliados con el grupo criminal Los Rojos, usar a los normalistas para provocar una violenta reacción de Abarca y Guerreros Unidos. Y provocar esa reacción tenía un objetivo criminal estratégico que se cumplió: “calentar” la “plaza”, para que el gobierno federal desatará una persecución contra Guerreros Unidos, de modo tal que eso le dejara el camino libre a Los Rojos en Iguala, municipio estratégico en el esquema del tráfico de heroína.

¿Pero quiénes son esos aliados de Los Rojos que tanto buscan encubrir los expertos de la CIDH y que tuvieron el poder suficiente como para enviar a los normalistas al matadero y como para permitir que la infiltración de Los Rojos persista?

Pues quien siempre ha controlado y controla la normal de Ayotzinapa: el terrorista Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Desde cuando menos 2009 había sospechas de que el ERPI estaba involucrado en el narcotráfico. Pero las nuevas informaciones conforman las sospechas, lo cual resulta ominoso. Por ejemplo, en Colombia cuando las FARC se hicieron del control de la mayor parte del narcotráfico en ese país escalaron su violencia en busca de tomar el poder por asalto.

¿A dónde conducirá el que ahora en México tengamos, ya, narco-guerrilla? ¿Cómo contribuirá esto a la ola de violencia que desde hace años padecemos?

Si los “expertos” de la CIDH están tan interesados en encubrir al ERPI, más incluso de lo que están en encubrir a López, es porque ellos tienen una agenda ideológica y política pro-terrorista y en particular dos de sus integrantes: Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz.

Hoy nos vamos a referir a la segunda. Ella fue militante, a pesar de que lo ha negado, del grupo terrorista guatemalteco Ejército Guerrillero de los Pobres, en el cual militaron también su padre y sus hermanos. Tras los Acuerdos de Paz de 1996 en teoría los grupos terroristas fueron disueltos, pero en la realidad siguieron existiendo para seguir con sus objetivos pero por otros medios incluyendo la infiltración de las instituciones públicas.

Claudia Paz y Paz fue Fiscal General de Guatemala entre 2010 y 2014 y en tal calidad su gestión tuvo tres características principales:

  1. Utilizar el cargo para garantizar la impunidad de los grupos herederos del Ejército Guerrillero de los Pobres, los equivalentes guatemaltecos de la CNTE y los normalistas de Ayotzinapa, pero incluso más violentos
  2. Encubrir la red de corrupción del ex presidente Otto Pérez Molina, a cambio de que él no obstaculizara la agenda de venganzas políticas de Paz y Paz
  3. La violación de los Acuerdos de Paz y las leyes respectivas, al desatar una persecución contra quienes combatieron a los grupos terroristas financiados por Cuba y la Unión Soviética.

Información adicional sobre Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago y diversos aspectos sobre la masacre de Iguala se puede consultar en la página web del Consejo y con más detalle en la nueva página vinculada a nuestro sitio web: “La verdad de la masacre en Iguala”.

Pero para hablar con más detalle de quien es Claudia Paz y Paz hemos invitado a dos personalidades de Guatemala: Gilda Aguilar y Steve Hecht. La primera, de nacionalidad Guatemalteca, fue fiscal y por su decisión de actuar contra los grupos violentos –como era su deber- fue echada a y perseguida por Claudia Paz y Paz. El segundo es un ciudadano estadounidense, empresario, investigador y periodista, quien ha residido en Guatemala durante más de 40 años y quien también asiste en representación de la organización ciudadana de Guatemala Asociación Liga Pro-Patria.

La presencia de nuestros invitados Gilda Aguilar y Steve Hecht es la prueba de que hay personas de otras nacionalidades dispuestas a colaborar con México en el pleno esclarecimiento de los hechos. Mismo caso es el de los verdaderos expertos que colaborarán en el segundo peritaje del basurero de Cocula a invitación de la PGR.

Por supuesto que no nos oponemos a la participación de extranjeros en las investigaciones, sino a que falsos “expertos” vengan aquí con sus agendas destructivas, para distorsionar los hechos y ocultar la verdad.


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