La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que a partir de hoy visitará México una “misión de alto nivel” la cual “dará atención a la situación de inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y las organizaciones de la Campaña Cívica “Construir la Paz y Reformar la Justicia” hemos señalado claramente muchas veces que los grandes retos del Estado Mexicano son abatir la violencia y combatir la impunidad, fruto de corrupción y complicidad. Los hechos de Guerrero han revelado al mundo la violencia cruel y las complicidades que obstaculizan la justicia.

Pero esta “misión de alto nivel” no tiene el propósito de ver los derechos humanos en México, incluido el derecho a la seguridad pública, sino que tiene un fin claramente político contrario el mandato del organismo y que pervierte su razón de ser, uno que busca desacreditar por completo a las instituciones públicas del país y desestabilizarlas, para así favorecer un proyecto electoral, específicamente, el de Andrés Manuel López Obrador con vista a los comicios de 2018.

Es el mismo objetivo político que perseguían los directivos de la CIDH cuando enviaron a México al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el informe que este grupo dio a conocer.

Por un lado han buscado y buscan hacer olvidar que el peor acto de violación de los derechos humanos en México de los últimos 46 años fue ordenado por gobernantes y políticos de izquierda y -de ser posible- que queden impunes. Por otro lado han buscado y buscan culpar sin pruebas al gobierno federal.

La actuación de la CIDH y el GIEI es astuta. Como carecen de evidencias que sustenten sus maquinaciones no hacen acusaciones frontales sino oblicuas, pues de las primeras se encarga el aparato propagandístico de la izquierda en México, con el que CIDH y el GIEI trabajan en equipo, en una evidente división del trabajo.

La principal aseveración del GIEI sobre la investigación de la PGR, con la cual tratan de desacreditarla por completo es que supuestamente la incineración de los 43 desaparecidos no pudo ser posible en el basurero de Cocula, pese a que los restos de dos víctimas ya han sido identificados.

La descalificación de la PGR es pura basura propagandística sin respaldo científico y ha sido refutada por los verdaderos expertos, incluidos los citados por la CIDH en forma tergiversada como John DeHaan, quien al conocer el informe del GIEI declaró:

“He leído algunos de los reportes sobre este horrible caso y me decepciona saber la especulación y mala información que ha sido ofrecida como ‘conclusiones de expertos’ (….) Dada la descripción del pozo y cómo fueron colocados los cuerpos y las 13-15 horas de cremación continua mi respuesta es: sí, sí es posible reducir 40 cuerpos adultos a fragmentos y bultos frágiles (“Quema en Cocula sí es posible: científico citado por la Comisión”, 7 de septiembre de 2015).

Pero la aseveración falsa del GIEI-CIDH no implica otra cosa que la PGR tomó los restos de otro lugar y los “sembró” en el basurero. Eso ya no lo dicen los “expertos”, de eso se encarga el aparato de propaganda que construye historias tan rocambolescas como esta: los normalistas capturados por la policía de Iguala fueron entregados al Ejército, el cual asesinó a por lo menos 2 de ellos, los quemó y luego entregó los restos carbonizados a la PGR ¿Evidencias? ¡Ninguna!

Pero esta patraña de los falsos expertos de la CIDH implica otra cosa: que José Luis Abarca y su esposa, los policías de Iguala y Cocula y los integrantes de Guerreros Unidos detenidos son inocentes, fueron falsamente acusados y deberían ser liberados.

Esto es, lo que la GIEI y la CIDH promueven no es otra cosa que la impunidad de los asesinos y que en su lugar sean castigados inocentes.

La segunda aseveración principal del GIEI es que el Ejército y la Policía Federal no hicieron nada para impedir que los 43 normalistas fueran desaparecidos y ejecutados. Pero ante la falta de menor evidencia, los supuestos expertos no se atreven a acusar a militares y policías federales de haber concertado la inacción con los policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos.

Quien sí ha hecho esa acusación es, de nueva cuenta, el aparato de propaganda de la izquierda, que lo mismo -sin el menor escrúpulo- inventa historias sobre personas completamente inocentes han sido convertidas en sicarios mediante la tortura, que una grabación de video pérdida fue destruida porque en la misma supuestamente se ve como soldados y policías federales capturan a unos normalistas.

Estas patrañas son eso: no se ha presentado la menor evidencia que las avale.

La supuesta omisión de militares y policías federales no fue tal. Primeramente habría que recordar lo que la CIDH y el aparato de propaganda de la izquierda trata de ocultar. Los aproximadamente 80 normalistas que se presentaron en Iguala el 26 de septiembre de 2014 no actuaron en forma legal y pacífica. En el plantel de su escuela ya tenían 8 autobuses que habían robado y fueron a Iguala a robar más, a delinquir.

Cuando la policía trató de frenar la marcha de los normalistas en los autobuses que habían robado, estos no se detuvieron y arrojaron piedras.

Por supuesto que esto no justifican que hayan sido desaparecidos y ejecutados. Nunca se justifica que ni los peores criminales sean ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos o torturados. Pero lo que soldados y policías federales atestiguaron fue que policías municipales, de acuerdo a sus atribuciones, trataban de detener a quienes estaban en flagrante delito, si bien con uso excesivo de la fuerza y que finalmente los detuvieron.

Si militares y policías federales hubieran actuado para impedir las detenciones habrían procedido contra la ley.

Ni militares ni policías federales podían adivinar, literalmente adivinar, que los detenidos en lugar de ser presentados ante el ministerio público iban a ser desaparecidos y ejecutados. Cuando lo empezaron a sospechar ya era demasiado tarde, los normalistas ya habían sido asesinados y sus restos empezaban a ser incinerados.

Ni los “expertos” de la CIDH ni el aparato de propaganda de la izquierda ha presentado la menor evidencia de que militares y policías federales supieran el destino que los normalistas detenidos tendrían.

Ahora bien, la CIDH ha percibido que el daño causado a la imagen del gobierno es menor a lo que hubiera deseado, por lo cual ahora ha doblado la apuesta y ello explica la presencia de la “misión de alto nivel”. Su propósito es presentar el caso de los 43 normalistas como una parte de una supuesta situación de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos en México, como si viviéramos bajo una sanguinaria dictadura.

Es innegable que México ha vivido años de un elevado nivel de violencia, pero que no ha respondido a ninguna imaginaria política represiva del gobierno sino a la acción de los grupos criminales. Este problema no ha sido resuelto, pero empiezan a producirse progresos innegables en términos de reducción de la incidencia de homicidios y secuestros y recuperación de la tranquilidad en zonas del país que han estado gravemente golpeadas por la violencia y la inseguridad.

A los directivos de la CIDH no los mueve el menor interés por la “seguridad ciudadana”. Si así fuera, la “misión de alto nivel” no estaría en México sino en El Salvador, que en este año se convertirá en la nación del mundo con la más alta tasa de homicidios, cercana a los 100 por cada 100 mil habitantes, la cual nuestro país estuvo muy lejos de alcanzar en los peores momentos de violencia.

Si tanto le preocupa la “seguridad ciudadana” a los directivos de la CIDH ¿por qué no va a El Salvador? Por una simple razón: porque en ese país hay un gobierno socialista al que ellos no quieren incomodar.

Según los directivos de la CIDH llegan a México preocupados por “la situación de los periodistas”. Y quien puede negar la gran cantidad de asesinatos y otras agresiones contra los comunicadores. Pero de nuevo no es el gobierno el agresor, sino el crimen organizado.

Si de veras a los directivos de la CIDH les preocupara “la situación de los periodistas”, la violación de la libertad de prensa, no vendrían a México, irían a Venezuela donde el gobierno socialista ha cerrado todos los canales de televisión que no se someten a sus designios y a Ecuador y Argentina, en donde los respectivos gobiernos socialistas se encaminan en el mismo sentido y sobre todo a Cuba, donde simplemente no existe prensa libre, donde todos los medios de comunicación están bajo el control de la dictadura que afortunadamente no puede callar a la prensa internacional.

Si a los directivos de la CIDH de veras les preocupara la situación de los derechos humanos no vendrían a México, estarían en Venezuela donde el gobierno socialista criminal de Nicolás Maduro asesinó el año pasado a 43 personas que participaron en manifestaciones de protesta, ha sometido a su pueblo a la escasez y la miseria y ha expulsado a miles de ciudadanos colombianos que en ese país residían en forma pacífica.

Pero si a los directivos CIDH realmente les preocupara la situación de los derechos humanos, en lugar de venir a México, deberían pasar la mayor parte de su tiempo en Cuba, donde uno de los peores regímenes del mundo ha violado en forma grave, generalizada y sistemática cada uno de los artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La presencia de los directivos de la CIDH en México no es sino un ejercicio de extrema hipocresía y forma parte de la acción más osada y desvergonzada de perversión del sistema internacional de protección a los derechos humanos que se haya dado en el mundo, del uso de sus instrumentos e instituciones para golpear políticamente a gobiernos desafectos, solapar las violaciones de gobiernos política e ideológicamente afines, promover la impunidad de criminales y culpar a inocentes.

Las intenciones que atribuimos a los directivos de la CIDH e integrantes del GIEI no son producto de nuestra imaginación, se basan en su proceder de ahora y antes. En tal sentido, baste mencionar dos casos.

Primero. Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de la CIDH, ha militado desde su juventud de las filas de la izquierda radical de México y ha estado ligado al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Fue él quien lo hizo presidente de la Comisión de Derechos del Distrito Federal en 2001 y en 2005 lo hizo reelegirse en el cargo.

En 2006 Álvarez Icaza devolvió el favor a su padrino y líder político, cuando AMLO le impuso a los capitalinos el bloqueo de importantes avenidas en el Distrito Federal, en protesta por su derrota electoral. Ante las quejas presentadas por cientos de capitalinos por la violación al derecho humano al libre tránsito, Emilio Álvarez Icaza -en violación de la ley- se negó a recomendar al gobierno del Distrito Federal a que pusiera fin al bloqueo en el que las propias autoridades capitalinas participaban, en perjuicio de cientos de miles de habitantes de la ciudad de México.

Segundo. Ángela María Buitrago, integrante del GIEI, ha mantenido una estrecha relación con políticos ligados al terrorismo y fue fiscal en Colombia. En ese cargo Buitrago se encargó de fabricar una acusación, con base en pruebas falsas, en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien encabezó el operativo del Ejército colombiano para recuperar el Palacio de Justicia asaltado por un comando del M-19 en Bogotá en 1985. El militar fue acusado de desapariciones forzadas y purga una condena de 30 años de prisión como venganza por su acción legal contra los terroristas.

Ante esta situación la sociedad mexicana y el Estado mexicano tienen que cobrar plena conciencia de la amenaza de desestabilización que encabezan los directivos de la CIDH y obrar en consecuencia.

Ante los terribles sucesos en Iguala el gobierno del Presidente Enrique Peña ha incurrido en diversos errores, pero no los que le atribuyen sus enemigos, sino en aquellos que son producto del pasmo y una sorprendente ingenuidad. El mayor de eso errores ha sido haber solicitado la colaboración de la CIDH para aclarar el caso. El gobierno debe enmendar este error de inmediato, poner fin a su convenio con la CIDH y echar al GIEI.

El gobierno debe; defender con firmeza la investigación de la PGR basada en evidencias y no pedir el aval de ninguna institución ajena al país; subsanar las deficiencias de la pesquisa presente y atajar cualquier reclamo por convertir al Ejército en chivo expiatorio.

La PGR debe adicionar al expediente del caso el contexto político-criminal de los hechos de Iguala, específicamente la sangrienta pugna que desde hace 10 años ha habido en Guerrero entre facciones de izquierda, agravado por las alianzas con grupos criminales, y que ha cobrado al menos 200 vidas, tal y como documentamos en el estudio “Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia”.

La PGR debe aclarar también el rol jugado por los directivos de la normal de Ayotzinapa en los hechos y el encubrimiento del gobierno de Ángel Aguirre a los crímenes de José Luis Abarca, incluido el asesinato de tres activistas entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2013.

Lo que los mexicanos exigimos es justicia, transparencia y combate a la impunidad.


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