Análisis del Tercer Informe del Presidente Peña: Política General

El III Informe de gobierno del Presidente Enrique Peña tiene lugar en un escenario cuyos rasgos económicos, sociales y políticos principales son:

1) Incertidumbre económica creciente como resultado de un entorno internacional de nuevo adverso, en el que destacan una apreciación del dólar (con la consiguiente depreciación del peso entre otras monedas) y una caída de los ingresos petroleros.

2) La persistencia de un bajo crecimiento de la economía mexicana que podría ser todavía menor como consecuencia de la devaluación del peso y el alza de la carestía.

3) Un supuesto incremento de la pobreza en el país pese al aumento del gasto público “social”.

4) La permanencia de la crisis de inseguridad pública, pese a la disminución de la incidencia de homicidios y secuestros.

5) Deterioro de la imagen del Estado mexicano y en particular del gobierno federal por escándalos de corrupción y casos de violaciones muy graves a los derechos humanos.

6) La creciente probabilidad de que crezca la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador y gane la Presidencia de la República en 2018, con la consiguiente implantación de su programa radical.

A continuación se analizan estos rasgos del contexto en que se produce el informe presidencial, salvo respecto a seguridad pública, tema que se aborda en nota por separado.

Incertidumbre económica

La recuperación de la economía estadounidense y sobre todo las expectativas creadas por la inminente alza de las tasas de interés de referencia a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, han provocado que el dólar se fortalezca frente a todas las monedas del mundo.

En lo que va del año el peso se ha depreciado en un 30% frente al dólar y en los dos últimos años en 37%. Pero la depreciación podría ser todavía mayor una vez que finalmente se anuncie el aumento de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos. Además y precisamente en previsión de una mayor depreciación podrían producirse compras masivas de dólares, que mermarían las reservas del Banco de México que por ahora rebasan los 184 mil millones de dólares.

Las consecuencias previsibles de la depreciación del peso son principalmente el encarecimiento de las importaciones y el abaratamiento de las exportaciones.

El encarecimiento de las importaciones se traducirá un aumento de los costos de las mercancías cuya producción precisa de insumos extranjeros y por ende de sus precios, aunque la magnitud del fenómeno variará de una rama económica a otra o de un tipo de producto a otro.

Pero además del encarecimiento objetivo de las importaciones y de los costos de productos que precisan de insumos importados, debe considerarse el impacto del factor psicológico en la actividad económica.

Por lo menos desde 1976 las devaluaciones del peso han significado severas crisis económicas en México, en las que se combinan carestía, inflación y recesión ¿Qué garantías hay de que los actores económicos no reaccionen como han reaccionado antes, es decir, con la desconfianza y la inhibición de la inversión en México?

Ante esta situación tanto el Banco de México como el gobierno federal han expuesto que los riesgos de complicación económica son menores ahora porque, a diferencia de lo ocurrido con las mega-devaluaciones de 1976, 1982 y 1994, no hay un tipo de cambio fijo, que favoreció la especulación.

Asimismo sostienen que las reservas del Banco de México son las mayores jamás acumuladas, la devaluación no está impactando en los precios pues su índice general es el más bajo registrado en la historia y la depreciación del peso hace más competitivas las exportaciones.

Pero el hecho objetivo es que pese a todo ello el peso se sigue depreciando, las importaciones se siguen encareciendo y no tardarán mucho en impactar el nivel de precios, lo cual a su vez afectará como ha sucedido siempre a las personas de menores ingresos. Y otro efecto adicional, como suele ocurrir ante situaciones económicas adversas, que los demagogos y el populismo ganen adeptos.

Por lo demás los efectos benéficos de la devaluación, esto es, el abaratamiento de las exportaciones no petroleras no serán duraderos, no ofrecen una ventaja competitiva al largo plazo ni al mediano, pues los demás países al ver depreciadas sus monedas igualmente venderán sus exportaciones a menor precio.

Ante la depreciación del peso se han expresado voces en favor de que el Banco de México aplique la medida más sensata para revalorar a nuestra moneda y que es elevar las tasas de interés de referencia, precisamente porque la causa principal de apreciación del dólar es la inminente alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Y para que la medida fuera plenamente eficaz el nivel de las tasas de interés en México tendrían que ser superior al nivel previsto que determinará la Reserva Federal para Estados Unidos.

Quepa señalar que si en Estados Unidos y en México, como ocurre en el resto del mundo, no hubiera una política para inducir un crédito artificialmente barato, el problema ni siquiera habría surgido, porque el mercado habría determinado un costo más elevado del dinero, según la oferta y la demanda.

Esto, además habría impedido que se produjera una sucesión de burbujas especulativas y una gran cantidad de inversiones en realidad ineficientes (de lo cual el caso más emblemático son los millones de inmuebles construidos en Estados Unidos y en Europa -gracias al crédito artificialmente barato- que a la fecha siguen sin encontrar mercado).

El Gobernador del Banco de México ha respondido que el mandato de la institución no es sostener el tipo de cambio, sino controlar la inflación, pero tal respuesta es un sofisma, en la medida que una mega-devaluación necesariamente impactará el índice general de precios.

Los directivos del Banco de México y funcionarios de la Secretaría de Hacienda consideran que lo que más que por el momento puede hacerse frente a la depreciación del peso es aumentar la venta de dólares de la reserva. También consideran que la medida de elevar las tasas de interés debe ser la última en el repertorio y no utilizarse de inmediato, pues ante una situación extrema ya no habrá más recursos de los cuales echar mano.

Pero ese es otro razonamiento erróneo, que equivale a decir que mientras sólo dos recamaras de una casa se estén incendiando sólo hay que utilizar baldes de agua para enfrentar el incendio y no utilizar los extinguidores hasta que toda la casa esté completamente en llamas (y el uso de los extinguidores resulte…inútil).

Por lo demás el Banco de México ha vendido este año más de 8 mil millones de dólares de la reserva, sin ello haya tenido el menor efecto en frenar la depreciación del peso. Previsiblemente se podría vender la mayor parte de la reserva sin que tampoco haya un respiro para el peso en su caída.

La otra causa de incertidumbre económica es la baja de los ingresos petroleros debido a la caída de los precios del crudo (además de la baja en la producción de PEMEX). Para 2016 la previsión de la Secretaría de Hacienda es un precio de 49 dólares el barril, cuando que ahora es de 34 y eso que aún el mercado no siente el impacto del retorno de Irán, al ser removidas las sanciones comerciales en su contra a causa de su programa nuclear.

El efecto de menores ingresos será, necesariamente, el de un gasto público menor. Ese en sí mismo no es un problema. La real dificultad es hacer efectivo un gasto público menos dispendioso, tiene su principal sustento en la falta de voluntad política de los agentes políticos. Por ejemplo ya empieza la campaña de las burocracias universitarias y sus aliados para impedir una reducción de las erogaciones para educación pública superior.

Ningún gobernador, presidente municipal, legislador o juez está dispuesto a gastar menos. Tampoco se ve esta disposición en favor de la austeridad en el gobierno federal; no hay por ejemplo algún plan para reducir sustancialmente la burocracia y los sueldos y prestaciones del personal de confianza.

La salida fácil pero onerosa al mediano y largo plazos podría ser aumentar el endeudamiento externo.

Pero la deuda pública externa que ya asciende a 81,069 millones de dólares, es apenas una parte del problema del déficit público. En julio de 2015 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó: “muchas de las causas que llevaron a Grecia a la debacle económica representan retos que aún no superamos del todo en el país”.

El CCE refirió que Grecia entró en crisis cuando su déficit público llegó a ser equivalente a poco más del 100% de su PIB, pero en México el déficit ya supera el 150%. De esa cantidad el 42% corresponde a deuda tanto externa pero interna, pero el resto se completa con los pasivos laborales de las empresas paraestatales, principalmente de PEMEX y CFE.

Y el déficit público viene creciendo en forma cada vez más acelerada. Sólo entre enero y mayo de 2015 el déficit público sumó 180 mil 693 millones de pesos más, cantidad 2.2 veces mayor a la correspondiente al mismo periodo del año anterior.

Lo que todavía los economistas no se atreven es a establecer el punto llegado el cual el déficit público real podría llevar a una crisis como la que ha venido enfrentando Grecia.

Otro impacto de la baja de los ingresos petroleros es que el gobierno no va a flexibilizar la reforma fiscal de 2013, ni muchos menos promover su derogación. A líderes empresariales la Secretaría de Hacienda y diputados federales del PRI apenas electos este año, les hicieron creer que habría deducibilidad del 100% de las inversiones.

En realidad el Secretario de Hacienda Luis Videgaray y el Presidente Enrique Peña jamás han aceptado que haya habido error alguno con la reforma fiscal de 2013. Pero ahora con la caída de los ingresos petroleros tienen un pretexto más para no dar marcha atrás en esa reforma, en ninguno de sus puntos.

Bajo crecimiento económico

Contrariamente a los ofrecimientos y pronósticos del gobierno federal la economía ha mantenido un bajo crecimiento en lo que va del sexenio.

La explicación del gobierno federal sobre esta situación ha sido culpar al entorno económico internacional. También ha admitido de modo implícito que los ofrecimientos de mayor dinamismo mediante las reformas “estructurales” fueron ambiguos, que no se aclaró que sus efectos no se verían en el corto plazo.

Pero en el discurso gubernamental lo que falta es autocrítica, el reconocer que al bajo dinamismo económico han contribuido las acciones y omisiones del propio gobierno y del Estado en general. Y de las acciones más las lesivas destacan la reforma fiscal aprobada en 2013 y el crecimiento de la carga regulatoria.

La reforma fiscal provocó la desaparición de decenas de miles de pequeños negocios hasta ahora y contribuyó a que la inversión de la industria minera cayera en un 25% en 2014. El daño causado por la reforma fiscal se integra tanto por el aumento de la carga fiscal, que restó más recursos –siempre escasos- a la inversión productiva y redujo poder de compra, como por las nuevas dificultades creadas a los productores de la riqueza en su labor.

Si la carga fiscal se concibe como todo cuanto gasta el Estado, menos lo que corresponde a déficit (pues todo cuanto el Estado ingresa en realidad no le pertenece -incluyendo ingresos petroleros-), la presión fiscal antes de la reforma ya rebasaba el equivalente al 32%, pero tras la reforma rebasó el 34%.

La reforma fiscal además de enajenar más recursos a los productores de la riqueza mediante nuevos impuestos, mayores tasas a los ya existentes y la casi anulación completa de las deducciones, impuso nuevos costos a los particulares como parte del proceso de tributación.

Estos costos han venido sumarse a los costos al alza de la carga regulatoria. A inicios de la pasada administración el gobierno estimaba esa carga en una cantidad equivalente al 5% del PIB, estimación en realidad conservadora. Supuestamente el valor económico de la carga regulatoria habría ido reduciéndose, si bien no hay estimaciones nuevas.

Pero lo cierto es que la carga no ha cesado de crecer pese a los programas oficiales de mejora regulatoria. De poco sirve que se simplifiquen trámites o incluso se eliminen si crean nuevos más rápido que lo que se les eliminan. De poco sirve que haya ventanillas únicas si los trámites son cada vez más engorrosos y demandantes en recursos.

El origen del problema está en una maquinaria legislativa que no cesa de crear nuevas normas e intenta regular más detalles de las actividades de los particulares, entorpeciendo cada vez más la creación de riqueza y las relaciones entre individuos. Toda nueva disposición, sobre todo cuando se crean nuevos falsos “derechos sociales”, significa adicionar costos a la generación de riqueza.

En consonancia con el furor legislativo se generan nuevas reglamentaciones por parte de las autoridades administrativas, se imponen nuevos trámites y requisitos y se amplían las facultades fiscalizadoras del gobierno.

Pero la situación se ha agravado en la presente administración al haber desatado una verdadera plaga de inspecciones desde diferentes dependencias y de acciones punitivas en contra de las empresas privadas, por el menor incumplimiento de las normas.

Cuando las regulaciones que crecen sin cesar se les trata de hacer efectivas mediante el uso de la capacidad coercitiva del Estado, es cuando se revela el pleno costo de la carga regulatoria, cuando se concreta la destrucción de muchos capitales.

Pobreza

El reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) asegura que en los dos últimos años en el país 2 millones de personas se sumaron a la franja de los pobres y que desde 1992 el ingreso promedio de los mexicanos no ha crecido. De ahí que el CONEVAL respalde la propuesta de un alza de los salarios decretada por el Estado.

Sin embargo las cifras de este organismo -que goza de autonomía técnica- son dudosos, si no es que falsos. Los más diversos indicadores revelan una mejora en el nivel de vida de la gran mayoría de los mexicanos y no solo de los integrantes de las clases media y alta. En los últimos 20 años el consumo aparente de alimentos ha crecido sustancialmente, ha habido una adquisición masiva de bienes de consumo duradero, mayor compra de vivienda de todo tipo y mejoras a la calidad de los materiales de las moradas y de sus servicios. Además ha aumentado el acceso a educación y salud.

Entre 1980 y 2013 el Índice de Desarrollo Humano de México aumentó en 27% al pasar de 0.595 a 0.756 y en un 19% entre 1990 (cuando el puntaje fue de 0.647) y 2013. El puntaje de México en este índice en 2013 es superior al que tenían Alemania y otros país desarrollados hacia 1980.

El mismo CONEVAL debe admitir un aumento en la satisfacción de las necesidades de la población y de los pobres en particular sea o no mediante subsidios. Entonces ¿cómo es que se afirma que la pobreza aumenta?

Porque la metodología del CONEVAL es tramposa, concebida para favorecer políticas marcadamente estatistas y de redistribución de la riqueza. Una verdadera medición de la pobreza tendría que considerar sólo el grado de satisfacción de las necesidades básicas, porque la pobreza se define así: como la insatisfacción –en un grado o en otro- de esas necesidades básicas.

Pero el CONEVAL introduce otras variables como son el ingreso formal y la desigualdad en los ingresos. Pero el ingreso formal no reconoce el que corresponde a la economía informal y la desigualdad es una categoría de naturaleza por completo distinta a la de pobreza. De esto último China es un ejemplo elocuente: en la medida que su economía se ha desarrollado en las 3 últimas décadas, la desigualdad ha crecido sustancialmente pero al mismo tiempo la pobreza ha experimentado una caía sin precedente.

Por lo demás si la aspiración a reducir y finalmente erradicar la pobreza es legítima no lo es la de la igualdad de los ingresos, que hace tabla rasa de las diferencias de esfuerzo, talento e incluso intereses y que sólo puede concretarse mediante el despojar de la riqueza a los que la produjeron para dársela a quienes no la produjeron.

El CONVEVAL de manera permanente emite informes que ofrecen una visión pesimista, pues en el organismo predominan académicos socialistas o cuando menos estatistas hostiles hacia la economía de mercado. Estos académicos están en guerra con las tímidas políticas de alejamiento del estatismo que se dio en México a partir de los años noventa. Ellos creen que su deber -para el regreso del estatismo más agresivo- es tratar de mostrar que la atenuación del estatismo sólo ha acarreado empobrecimiento y…desigualdad.

Esa difusión pesimista podría tomarse como perjudicial para la imagen de los gobiernos y sus políticas contra la pobreza Pero ¿por qué los gobernantes no parecen sentirse incómodos con ello?

Porque el presunto aumento de la pobreza o por lo menos su persistencia no es asumido por gobernantes como resultado de sus políticas, sino como culpa del mercado, supuestamente dejado demasiado a su propia auto-regulación. Hablar de más pobreza sirve para promover políticas de mayor intervencionismo estatal, de mayor redistribución de la riqueza, de quitar a unos su riqueza para dársela a otros mediante impuestos y regulaciones.

De hecho en el discurso del gobierno del Presidente Peña se ha pasado de la confusión entre pobreza y desigualdad, a privilegiar la segunda. En los mensajes previos al III Informe el Presidente nombró entre los tres principales problemas del país a la desigualdad.

De hecho es para combatir la desigualdad y no la pobreza que se gestó el proyecto de zonas económicas especiales, con impuestos más bajos, de tal suerte que Michoacán, Oaxaca y Chiapas puedan alcanzar el grado de desarrollo del resto del país.

Y por cierto la propuesta de zonas económicas especiales es un reconocimiento implícito de que las altas cargas fiscales frenan el desarrollo, por lo cual la pregunta obligada es: ¿por qué no extender a todo el país las bajas de impuestos para que la economía en todo el país crezca hasta alcanzar el desarrollo?

Corrupción

En sus mensajes previos a la presentación de su III informe, el Presidente Peña incluyó a la corrupción como uno de los tres principales problemas de México. Asimismo el titular de la Secretaria de la Función Pública, Virgilio Andrade, dio a conocer el informe resultado de su investigación sobre el asunto de la “Casa Blanca” y exoneró a su jefe y a su esposa del cargo de “conflicto de intereses”. De inmediato el Presidente emitió un mensaje para “pedir disculpas” por este escándalo, pese a la exculpación de la que fue objeto por su subordinado.

El gobierno federal ha reconocido que los dos principales hechos que han mermado la imagen presidencial son precisamente el escándalo en torno a la “Casa Blanca” y la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Es de llamar la atención que el escándalo del primer caso fue creciendo a la par del segundo, como si alguien estuviera orquestando una campaña de desprestigio contra el gobierno de Peña en varios frentes.

Desde hace más de tres décadas ha venido creciendo el malestar de la sociedad mexicana ante la corrupción, aunque a partir de la administración de Ernesto Zedillo la presidencia de la república dejó de ser el centro de los escándalos.

Pero Los Pinos regresó al centro del escándalo a partir del 9 de noviembre de 2014 cuando se reveló que la esposa del Presidente Peña, Angélica Rivera, había adquirido una mansión valuada en 2010 (año de la compra/venta) en 8 millones de dólares, pero quien se la había vendido era ni más ni menos que el empresario que más había sido beneficiado con contratos de obra pública durante la gestión del ahora Jefe de la Nación cuando fue gobernador del Estado de México: Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.

Pero además el mismo empresario siguió teniendo un trato preferencial en lo que iba de la actual gestión presidencial respecto a obra pública, al grado de que era socio de inversionistas chinos que habían ganado la licitación del proyecto de tren de alta velocidad México-Querétaro, con valor de más de 3 mil millones de dólares.

Quienes hicieron esta revelación daban a entender que la casa supuestamente adquirida por la esposa del presidente, en realidad era uno de los sobornos pagados por el empresario beneficiado con contratos de obra pública.

La compra-venta en realidad jamás había ocurrido: o el dinero pagado fue devuelto a Enrique Peña o jamás lo entregó. Tal presunción se vio fortalecida cuando posteriormente se reveló que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray igualmente había comprado una casa al mismo empresario y en similares términos.

Es de llamar la atención que poco antes de que se diera a conocer el caso de la “Casa Blanca” y el Presidente Peña iniciara una gira por Asia, se anunció la anulación de licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Existen versiones de que si el Preside te Peña decidió viajar justo cuando crecía el escándalo con relación a los desaparecidos de Ayotzinapa es porque personalmente debía disculparse con altos funcionarios del gobierno chino por dar marcha atrás respecto al tren de alta velocidad.

Independientemente de la veracidad de la denuncia sobre la “Casa Blanca” es un hecho que se trata de una campaña debidamente orquestada, que tiene como operadores a personajes más allá de los evidentes (como la periodista que inicialmente hizo la primera revelación). Uno de esos operadores es el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien trató de darle la máxima difusión internacional al asunto para magnificar el daño de la figura presidencial. Es evidente que detrás del propio Ebrard podría haber otros actores políticos, cuya identidad no ha sido revelada, ni sus móviles.

El caso de la “Casa Blanca” como los que se veían sucediendo por la corrupción en los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno, ha obligado a la clase política a discutir una política para prevenir y perseguir estas prácticas criminales tan arraigadas precisamente entre gobernantes y políticos.

Sin embargo el enfoque de las reformas aprobadas y de las que están por aprobarse elude los aspectos más importantes del problema:

• Que el Estado mexicano es demasiado grande y mientras más lo es, mayores son las posibilidades de corrupción. Por el contrario mientras menor es el tamaño del Estado menores son las posibilidades de corrupción.

• La contratación de obra pública no está regida por el principio de utilidad. No hay criterios ni limites sobre la obra a contratar lo cual permite desde remozar calles que no precisaban ningún remozamiento hasta promover los trenes redundantes con el transporte aéreo o con el terrestre y que son más económicos.

Exceso de regulaciones lo que facilita la extorsión y los sobornos.

• Impunidad respecto a los casos de corrupción ampliamente documentados en cuando menos los 10 últimos años. En la clase política no existe ni remotamente la intención de iniciar una investigación que desmadeje la trama de la corrupción hasta dar con todos sus cabos, como fue el caso en Italia con la Operación Manos Limpias en la última década del siglo pasado.

Derechos humanos

La imagen nacional e internacional del Estado mexicano y del gobierno federal en particular ha sido empañada por una serie de eventos en los que habrían cometido graves violaciones a derechos humanos. En unos casos las violaciones han sido acreditadas pero en otros no.

Los dos hechos que han causado mayor impacto son: la ejecución extrajudicial de 15 secuestradores a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014; la desaparición y ejecución de 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas más, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

Respecto al primer caso se estableció la responsabilidad de soldados y mandos que intervinieron en un operativo de rescate víctimas de secuestro (entre ellas está una que delató a los militares). Pero la versión propalada por la izquierda de que este caso forma parte de una política de gobierno es falaz, porque no puede explicar cómo en cientos de operaciones de rescate de víctimas de secuestro no hubo ejecuciones extrajudiciales si la política es que las hubiera.

Respecto a los hechos de Iguala la investigación de la PGR parece estar apegada a la verdad. La ejecución fue resultado de la confabulación entre el alcalde perredista de la localidad y sus socios del grupo criminal Guerreros Unidos.

Pero la izquierda fue capaz de construir el mito, sin evidencias que lo soporten, de que en la operación criminal habría habido participación del gobierno federal y del Ejército en particular.

La campaña de la izquierda ha prosperado y ha puesto al gobierno del Presidente Peña contra la pared debido a las siguientes razones:

La izquierda es muy hábil en este tipo de campaña mendaz. Pero se se ha afanado más en mentir porque busca desviar la atención del hecho incontrovertible: el peor acto de violación a los derechos humanos en México desde la masacre del 2 de octubre de 1968 fue cometido por izquierdistas en contra de izquierdistas.

• El gobierno federal fue muy torpe al no explicar el contexto de la masacre: el que durante una década, en la que la izquierda estuvo en el poder en Guerrero, facciones izquierdistas se masacraron entre sí, con saldo de al menos 200 muertos. En Iguala, el alcalde de la facción de los “oportunistas” actuó contra activistas (los de Ayotzinapa) de la facción de los “radicales” o pro-guerrilleros.

La izquierda cuenta con una extensa red de apoyo internacional en la que destacan juristas que han copado organismos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su actual Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un reconocido líder ultraizquierdista de la “teología de la liberación”.

• El gobierno de Peña cometió un grave error al haber solicitado la asistencia de precisamente la CIDH, cuyos integrantes están empeñados en hacer pasar por cierta la falsedad de la responsabilidad del Ejército Mexicano. Entre los “expertos” enviados por la CIDH a México hay sujetos que en diferentes países del continente -como autoridades- han participado en la fabricación de falsas acusaciones en contra de mandos militares.

La errónea decisión de solicitar la asistencia de la CIDH no es resultado de la candidez. Entre quienes la operaron por un lado hay funcionarios con interés político pragmático en golpear al Ejército y, por otro, hay funcionarios que actúan con afinidad ideológica con la izquierda.

La postura final de la CIDH sobre la masacre de Iguala será que fue perpetrada cuando menos con la complicidad del Ejército. Frente a ello el gobierno de Enrique Peña tendrá dos opciones: aceptar convertir a mandos militares en chivos expiatorios o negarse y enfrentar una eventual acusación de la CIDH ante la Corte Penal Internacional.

Sucesión presidencial

La mayor preocupación del Presidente Enrique Peña es que quien lo suceda en el cargo no desate una persecución en su contra,

Tal escenario de persecución sería casi seguro si en 2018 gana la elección Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y tal posibilidad no es remota. Según la encuesta más reciente de Reforma el 42% de los entrevistados estaría dispuesto a votar por él. Sin embargo en las dos elecciones presidenciales anteriores AMLO también iba al frente antes del inicio de las campañas electorales, pero al final perdió.

El problema es que ahora ni el PRI ni el PAN tienen aspirantes visibles “fuertes”.

Hasta agosto de 2015 el presidente Peña sabía que, para decirlo coloquialmente, en el PRI “estaba flaca la caballada”. De sus colaboradores los que han presentado mayores posibilidades son el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y el Secretario de hacienda, Luis Videgaray.

Pero a estas alturas ambos presentan desgate en su imagen. Osorio Chong por los magros resultados en seguridad pública y la evasión del capo Joaquín Guzmán; Videgaray por la baja de la actividad económica, provocada principalmente por la reforma fiscal que él promovió y sigue defendiendo.

Con la elección de Manlio Fabio Beltrones este político ingresó en el grupo de los presidenciables del PRI. Beltrones no es, por supuesto, el favorito del Presidente Peña, quien no ignora las versiones que señalan al político sonorense como parte de la campaña de desprestigio en torno a la “Casa Blanca” y la casa de Videgaray.

Para ampliar sus opciones, antes de su tercer informe de gobierno el Presidente hizo cambios en su gabinete. Dos de los nuevos secretarios nombrados José Antonio Meade, que pasó de la cancillería a la SEDESOL y Aurelio Nuño que fue puesto al frente de la SEP tras de ser el principal asesor presidencial, parecen “engordar la caballada”.

En cualquier caso ninguno de los aspirantes priistas a la candidatura presidencial tiene la presencia mediática que para mediados del sexenio anterior ya tenía Enrique Peña. Además hay un lógico desgaste por el ejercicio mismo del poder y porque gran parte de las expectativas creadas por la candidatura de Peña no han sido satisfechas. En la elección federal intermedia de este año la correlación de fuerzas no varió, porque se trata de unos comicios que buena parte de los electores desairan, pero las cosas podrían ser distintas en 2018.

En ese sentido hay que considerar la encuesta del Centro Pew que estableció que mientras que en agosto de 2014 el 51% de los entrevistados aprobaban la gestión del Presidente Peña, en agosto de 2015 la aprobación bajó al 44%.

Los aspirantes de todos los partidos inician la carrera presidencial con una clara desventaja de posicionamiento ante la opinión pública frente a AMLO, quien para ahora ya lleva 15 años en campaña electoral.

La posibilidad de que en su tercer intento AMLO llegue finalmente a la presidencia, es algo que debe considerarse con seriedad. Pese a los esfuerzos de presentar una imagen de moderación en la contienda de 2012, este político es partidario de un programa radical, de seguir un camino no muy distinto al de Hugo Chávez en Venezuela.

2. El mensaje del informe

En su mensaje con relación a la entrega del III Informe, el Presidente de la República hizo una evaluación de la primera mitad de su mandato y concluyó con los retos para la segunda mitad.

Comenzó por reconocer los asuntos que han afectado la imagen de su gobierno en meses recientes (los escándalos de corrupción y la masacre de Iguala) así como la incertidumbre creada por la depreciación del peso y la baja en los ingresos petroleros y concluyó con el anuncio de 10 grandes líneas de acción y una llamado de alerta en contra de la amenaza que populista que representa AMLO, aunque no mencionó su nombre. En la parte intermedia hubo una exaltación de los logros de su gobierno y respecto algunos temas una descripción con soporte estadístico.

El Presidente presentó como el mayor logro de lo que va de su administración el haber cumplido el compromiso de iniciar el “cambio con rumbo” por el cual votó la mayoría de los electores en 2012, como alternativa al “salto al vacío” (en alusión a la opción representada por AMLO).

En tal sentido destacó la capacidad de su administración para concertar acuerdos que permitieran cambios legislativos tendientes a concretar reformas estructurales, respecto a las cuales desde hace años había consenso sobre su necesidad entre fuerzas políticas y sociales, pero que no habían podido ser pactados.

Según el primer mandatario estos acuerdos se han ido traduciendo en mejoras económicas, sociales y políticas, aunque muchos de los resultados esperados se concretarán en lo que resta de su administración y en años posteriores.

Entre los logros de su administración destacó, además de los acuerdos en el marco del Pacto por México, los siguientes:

• Crecimiento de la economía en una tasa aun insatisfactoria pero superior en promedio a la de las dos anteriores administraciones.

• El crecimiento del índice de precios más bajo en los últimos 45 años.

• En julio de 2015 la tasa de desempleo fue la más baja desde el mismo mes de 2008.

• Un mayor acceso al crédito como resultado de la reforma en la materia.

• Atracción de inversión extranjera directa y la conversión de México en uno de los 10 países más atractivos del mundo en este renglón.

• Reducción de la pobreza extrema.

• La reforma educativa y en particular la implantación de la magisterial. Destacó la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para recuperar la rectoría del Estado sobre la educación en esa entidad federativa.

• Una baja significativa de la violencia.

Respecto al entorno económico internacional adverso debido a la apreciación del dólar, el alza de las tasas de interés y la baja en los ingresos petroleros, el Presidente dijo que el mejor camino es continuar con la concreción de las reformas estructurales

Para compensar la baja en los ingresos públicos por la baja de ingresos petroleros, la postura del Presidente fue que no hay que subir impuestos ni contratar más deuda, que “toca al Gobierno apretarse el cinturón”.

En la parte final de su mensaje, además de alertar contra la amenaza que representan el populismo y la demagogia, el jefe del ejecutivo anuncio diez medidas que su gobierno aplicara en los próximos días y meses:

1. “Impulsaremos leyes indispensables para fortalecer el Estado de Derecho”, en el que destacan: la promoción de iniciativas de leyes en materia de lucha contra la corrupción; leyes complementarias del nuevo Sistema de Justicia Penal, incluyendo la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes; leyes para la protección de los derechos humanos en particular respecto a tortura y desapariciones forzadas y “las reformas constitucionales para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales y redefinir el sistema de competencias en materia penal”.

2. Acuerdo Nacional para la Justicia Cotidiana, que no se refiere a justicia penal sino a los ámbitos del derecho ámbitos civil, laboral, mercantil o administrativo en los que ahora hay un sinnúmero de obstáculos para el ejercicio de derechos.

3. Creación de Zonas Económicas Especiales en regiones del país que presentan mayor rezago y en las que habrá incentivos fiscales y un marco regulatorio más laxo.

4. Mayor apoyo presupuestal a las actividades productivas de las zonas rurales de mayor marginación.

5. Renovación de infraestructura educativa “que será la mayor de las últimas décadas” a fin de “respaldar y ampliar los alcances del Programa de la Reforma Educativa”, cuyo financiamiento será apoyado con la colocación de Bonos de Infraestructura Educativa en la Bolsa Mexicana de Valores.

6. Inclusión en el presupuesto de egresos de 2016 del Programa Nacional de Inglés, para alumnos de Educación Básica.

7. Creación de una Secretaría de Cultura para dar “un renovado impulso a la cultura de nuestro país”.

8. Estabilidad macroeconómica. Una propuesta de Paquete Económico a remitirse al Congreso de la Unión para 2016 que “sea responsable y realista” y que estará “centrado en el bienestar de los mexicanos, es decir, será sensible a las prioridades de la población y estará focalizado en la atención de los grupos más vulnerables”.

9. Acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional mediante “innovadores instrumentos financieros que nos permitan captar mayores flujos de capital” (sobre todo mediante “fibras” las cuales se definen como “fideicomisos que se encargan de rentar y administrar propiedades que ofrezcan un retorno”).

10. Austeridad presupuestal. El “Presupuesto de Egresos 2016 tendrá estrictas medidas de austeridad”; “el compromiso es disminuir los gastos administrativos y operativos, y aumentar la inversión en el bienestar y progreso de los mexicanos”.

3. Perspectivas

1) Las omisiones son de los aspectos más destacados del informe. Se omite una postura sobre el problema de la depreciación del peso y las medidas que habría que tomar para fortalecerlo, aunque en última instancia sea facultad del Banco de México fijar las tasas de interés de referencia. Consecuentemente no se puede esperar que el gobierno vaya a hacer un esfuerzo especial contra la depreciación.

2) Si bien es cierto que la economía no está paralizada, el gobierno del Presidente Peña sólo atribuye al entono internacional externo la falta de un crecimiento mayor. No reconoce que la reforma fiscal causó daño y ni siquiera menciona el efecto de la explosión de la carga regulatoria. Por tanto no hay siquiera la intención de flexibilizar la reforma fiscal, salvo por lo que hace a la creación de zonas económicas especiales. Tampoco es de esperar que haya un esfuerzo para frenar el crecimiento de las regulaciones y menos aún para reducirlas drásticamente, con lo cual las dificultades económicas serán mayores, se generará menos inversión privada de la que podría haber.

3) La propuesta de zonas económicas especiales aunque sea en unas pocas regiones del país es una medida atinada que demostrará que para lograr un gran crecimiento económico los bajos impuestos y la desregulación se requieren en todo el país.

4) Respecto a la lucha contra la corrupción tampoco hay la menor referencia al impacto que en la misma tienen en la misma la excesiva regulación y el tamaño mismo del Estado. Los controles propuestos no son inútiles, pero sí muy insuficientes porque no se va al fondo del problema y que es que en realidad no hay límites para el gasto a no ser la imposibilidad de seguir expandiéndose ante las nuevas condiciones adversas de la economía.

5) Aunque el Presidente Peña se pronunció en favor de menor endeudamiento público, sus propuestas de colocar bonos para financiar la infraestructura escolar y diversas obras públicas no hacen sino disfrazar el mayor endeudamiento público. Remozar escuelas no es negocio y la única manera de garantizar la amortización de los bonos y un retorno es pagando un subsidio a los tenedores.

6) En tal sentido otra omisión importante en el discurso presidencial es el crecimiento del pasivo laboral del sector público, que es una gran amenaza las finanzas públicas y la salud de la economía.

7) Respecto al asunto de las violaciones a los derechos humanos tampoco hubo pronunciamiento claro en contra de los señalamientos de que casos como el de Tlatlaya forman parte de una política de gobierno o de que el Ejército no tiene la menor responsabilidad en la masacre de Iguala.

9) El ofrecimiento de austeridad gubernamental parece poco comprometido cuando por un lado al mismo tiempo se pretende la expansión de la burocracia con la creación de una Secretaría de Cultura y por otro no se habla de modo más claro de reducción de la burocracia y de sus sueldos y prebendas.

10) Dado que el Presidente de la República es un político sagaz ha comprendido la seria amenaza que representa el populismo sobre todo si el crecimiento económico es todavía menor en los próximos años. Pero salvo la mención al problema en el discurso presidencial no se encuentran claves sobre las acciones que habría que tomar para impedir que esa amenaza se materialice.

Con todo y las deficiencias que presenta la gestión de la actual administración federal, en 2012 los mexicanos escogieron atinadamente al desairar la opción del “salto al vacío”, pero la amenaza del populismo sigue cobrando bríos de vista al 2018.

Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.