Boletín de seguridad junio 2015

Las elecciones parciales del 7 de Junio 2015 terminaron, que en principio se caracterizaban por protestas y manifestaciones de grupos opositores, bajo el liderazgo de la CNTE y en un clima de violencia y descontento social por el lento crecimiento de la economía, terminaron finalmente controladas gracias a la visión y prevención del Gobierno federal.

A pesar de las usuales protestas e insultos de diferentes partidos políticos y sus candidatos por supuestas irregularidades, manipulaciones y fraude – siete de diez mexicanos suponen generalmente fraude en todas las elecciones- se percibía un clima político post-electoral de tranquilidad, sin alteraciones. Sin embargo los numerosos asesinatos durante y después del proceso electoral de candidatos, políticos e incluso de diputados, alcaldes, etc., fueron comentados ampliamente por los medidos y en crírculos sociales.

Sin embargo, en el trasfondo de la situación política están presentes los graves acontecimientos del pasado reciente de Tlatlaya, Iguala (Ayotzinapa), Tanhuato, Guadalajara y Apatzingan, todos ellos aún sin resolución definitiva y convincente, que han suscitado críticas, dudas e incredibilidad en la capacidad y autoridad del Presdiente y su gobierno.

En este contexto hay que mencionar que las críticas por los casos de presuntas irregularidades por la adquisición de imobilias por parte del Presidente y su esposa (”casa blanca”) y de una residencia de su Secretario de Hacienda, así como las posteriores insinuaciones relacionadas por las mismas irregularidades del Secretario de Goberanción siguen presentes. Pareciera, que el Gobierno (y el Presidente) persiguen a este respecto una “táctica de espera”.

Por otro lado el pasado mes de junio se caracterizó en principio por los esfuerzos del Presidente Peña Nieto para mejorar y acelerar el crecimiento económico y de empujar la realización de las reformas políticas (en total once) pendientes, en particular referente a las estructurales y de los Derechos Humanos, de la Transparencia Política y Anti-Corrupción, así como el combate a la pobreza y la construcción de viviendas sociales.

En este contexto el Presdiente Peña Nieto puso especial énfasis en sacar adelante la Reforma de Educación, que se había despachada ya hace unos meses, pero que cayó en un “impasse político”, originado por las violentas y masivas protestas de la CNTE contra la imposición de la práctica de evaluacione profesionales de los maestroas y la amenaza de boycotear las elecciones del 7 de Junio 2015.

En lo referente a la problemática de la Situación de Seguridad Pública, el Presidente subrayó de una manera categórica los adelantos en política nacional y los éxitos de su gobierno en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, así como la importante reducción de la violencia y los principales crímenes de alto impacto, especialmente los homicidios y secuestros, en lso últimos cinco meses (enero a mayo) de este año.

Agregó además que el éxito de la estrategia federal contra los narco-cárteles fue gracias al apoyo, la responsabildiad y el sacrificio del Ejército y la Marina Nacional. De esta manera ha sido posible consolidar la insegurid en los estados más amenazados como Michoacán, Guerrero, Morelos, Jalisco y Tamaulipas.

También el Secretario de Gobernación resaltó por su lado en sus más recientes declaraciones políticas la importante reducción de los crimenes de violencia y de alto impacto, como los homicidios, secuestros y extorsiones.

Referente a estas declaraciones, las más competetentes ONG confirmaron la reducción de los homicidios hasta un 27%, pero en lo referente a los secuestros y las extorsiones declararon que estos dos crímenes han sufrido un incremento de aprox. 30 y 40% respectivamente en los últimos cinco meses de este año en curso.

Por otro lado el Secretario Osorio Chong hizo especial hincapié en la eficiencia de la estrategia federal de combate a los narco-cárteles, que a lo largo del Gobierno del Presdiente Peña Nieto facilitó la captura y/o eliminacción de un total de 98 de los prinipales y más sanguinarios capos, entre los 122 más buscados en el país.

En contraste a estos éxitos estratégicos, la prensa nacional publicó una relación del número de los narco-cárteles en el país, comparando los últimos tres gobiernos: En la actualidad (de 2012 hasta hoy en día) operan nueve cárteles con 43 células, en comparación de los ocho cárteles con 80 células del gobierno de Felipe Calderón (de 2006 hasta 2012), y el Gobierno de Fox (2000 hasta 2006) de seis cárteles con 27 células.

El número impresionante de nueve cárteles y sus extremadamente violentas celulas de sicarios del actual Gobierno del Presidente Peña Nieto, contrasta en principio también con los datos oficiales publicados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la SNSP- Secretaría Nacional de Seguridad Pública, de que la violencia y los crímenes de alto impacto están ya controlados como lo demuestran los altos procentajes de su reducción.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Esta situación política relativamente positiva contrasta en principio con la realidad cotidiana de violencia, enfrentamientos y crímenes de los narco-cárteles y de las actividades de organizaciones criminales en gran parte del país. De esta manera y que a pesar de las declaraciones y estatísticas oficiales referente a la reducción y control de homocidios, secuestros, extorsiones, asaltos armados, etc., la población en general sigue temerosa porque siente la aún existene inseguridad.

La contínua información difundida por los medios nacionales referente a los más llamativos crímenes, homicidios, asesinatos en serie y amenazas violentos demuestran en términos generales otra realidad en cuanto a la inseguridad, como lo demuestran algunos de los más destacados ejemplos:

El pasado 13 de junio se reportaron en cinco entidades estatales del norte del país unos 12 asesiantos, entre los que se mencionan la muerte de 5 adolescentes en Sinaloa, de un funcionario en Chihuahua y de 2 en Coahuila (con señales de tortura).

En el Estado de Nuevo León ocurrieron el fin de semana del 19 al 21 de junio, un total de 22 asesinatos, relacionados generalmente por confrontaciones entre los mismos narco-cárteles por el control de territorios y rutas de tránsito de drogas.

En el Estado de Michoacán se registrzron el mismo fin de semana (19 al 21 de Junio) la muerte de unas doce personas, como resultado de enfrentamientos armados entre grupos civiles y miembros de un grupo de autodefensas.

En Acapulco se desató en las mismas fechas (19 al 21 de junio) una nueva ola de vilolencia que costó en un principio la vida a 21 personas.

Además se registraron en el Estado de Guerrero de enero a mayo de este año un total de 802 asesinatos (comparados con los 869 asesinatos que se produjeron en el mismo lapso de tiempo en el Estado de México).

Comentarios

Entre los principales factores de relevancia para la seguridad en el país figura desde hace mucho tiempo la desigualdad social debido a la gran pobreza de un 53.3% de la población, las constantes violaciones de los Derechos Humanos y la existencia del “Eje de Corrupción e Impunidad”, como principales problemas que impiden el funcionamiento del Estado de Derecho.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado recíen en el mes de Junio de 2015, mostró su gran preocupación por México en general. Además el informe cita como problemas más significativos, la implicación de la Policía Federal y del Ejército por abusos graves, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y abusos físicos.

Este informe, de carácter unilateral, se comprende como alerta ante la grave situación de los Derechos Humanos y un indicio del débil del Sistema de Estado de Derecho en México.

En términos generales predominan en una mayoría de los ciudadanos las dudas, la falta de credibilidad en la autoridad del Presidente y de su Gobierno, las deficiencias de su estrategia y decisión de combatir el cirmen organizado y erradicar la corrupción e impunidad.

A estos factores habría de agregar la decepción de amplios círculos de la sociedad por las críticas referente a los metodos de investigación de la Procuraduría General de la República, la Policiía Federal y demás instituciones competentes para la aclaración de los graves acontecimientos violentos en Tlatlaya, en Junio de 2014 (por supuestas ejecuciones por parte del ejército), Iguala, en Septiembre de 2014 (masacre de 43 estudiantes por un grupo del crimen organizado y policías locales), Tanhuato, en Mayo de 2015 (confrontación de Policías Federales y Ejército contra supuestos sicarios, con un saldo de 43 muertes).

Según informes recientes en la prensa nacional hubo quejas de padres de los 43 estudiantes normalistas masacrados en Iguala, que el gobierno federal y estatal habrían ofrecido indemnizaciones monetarias, viviendas, etc. a cambio de que reconocieran las declaraciones oficialias de sus hijos y se abstuvieran de más protestas y manifestaciones a nivel nacional e internacional.

La CNTE – Confederación Nacional de Trabajadores de Educación constituyó durante el mes de Junio pasado un importante factor de inseguridad por sus protestas públicas contra la nueva Ley de Reforma de Educación. Estas protestas, en gran parte violentas, tenían y siguen teniendo aún lugar en grandes partes del país, principalmente en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Moreleos y el Estado de México, incluso con múltiples bloqueos de las principales vías y avenidas en la Ciudad de México, que incluyen a menudo ataques a policías.

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se reportaron entre Enero y Mayo de 2015 un considerable incremento de asaltos (armados) a clientes de filiales bancarias y cajeros automáticos en total unos 242 casos (en comparación con 112 casos registrados en el mismo lapso de tiempo de 2014); en el pasodo mes de junio se registró una nueva ola de crímenes a mano armada en 16 delegaciones, en los cuales los criminales se presentaban en casas o apartamentos como empleados de empresas estatales de electricidad, agua, gas, etc.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se detectó que miembros de la Policía Federal controlaban el tráfico de drogas y personas en las áreas de entrada y salida.

Por las altas incidencias de crímenes e inseguridad en el Estado de Guerrero las autoridades confirmaron el cierre de la distribuidora de Coca Cola (FEMSA), que atendía todo el mercado en este estado; de igual manera participaron el cierre de la Mina Campoo Minado, de la empresa internacional Nyrstar.

También se confirmaron que unas 300 empresas pequeñas han dado por terminado sus actividades comerciales, entre ellas Agencias de Coches, Gasolineras, Farmacias, Joyerías, etc.

En la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero se registraron 29 casos de secuestros entre enero y mayo de este año.

Los númerosos y aún crecientes asaltos y robos a instalaciones de la Compañía Estatal PEMEX, han producido cierta escazez en el suminstro de gasolina, diesel, gas, etc., en los Estados de Puebla, San Luis Potosí, Zacateca y otros. Además estas actividades de bandas del crimen organzizado constituyen un serio problema para el transporte público y de mercancía.