La situación política y de seguridad en el pasado mes de mayo se caracterizó en gran parte por la campaña electoral para la Cámara de Diputados Federales, Gobernadores en nueve y Alcaldes en diecisiete Estados del país el 7 de Jubnio 2015.

La importancia política de estas elecciones parciales está directamente relacionada con la aprobación o desaprobación, el éxito o fracaso del Presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, durante los primeros casi tres años, como parámetro de apoyo o rechazo de la gestión del mandatario hasta que termine el sexenio.

De esta manera se considera que el Presidente Peña Nieto fue el verdarero protagonista de las elecciones, sin que haya participado directamente o fuera candidato.

Sin embargo, los signos de desconfianza e incredulidad, hacía el presidente y su gobierno, así como la crítica en el manejo de crisis en los incidentes armados de los úlitmos meses jugaron un importante papel en esta contienda electoral.

En la situación de política interior predominan aún los trágicos incidentes en Tlatlaya, Estado de México, en Junio 2014 (operativo del Ejército contra civiles), en Iguala, Estado de Guerrero, en Septiembre 2014 (desaparición y masacre de estudiantes normalistas) y en el Estado de Jalisco, el 01.05.2015, por los combates del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Ejército, la Marina y Policía Federal (con el derribo de un helicóptero militar, 8 soldados y 1 policía muertos).

También la reciente confrontación armada en Tanhuato, Estado de Michoacán, el 22.05.2015 (entre fuerzas de seguridad federal y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con 42 civiles y un policía muertos) hay que incluir en problemática política actual, sobre todo por las críticas preguntas que este lamentable incidente ha despertado.

Considerando estos acontecimientos en el país, como parte de la escalación de violencia, de confrontaciones armadas provocadas en su mayoría por narco-cárteles con ánimo de retar al Presidente Peña Nieto y su gobierno por la estrategia de combate al narcotráfico y crimen organziazado, no parece extraño, que esta situación formara parte del proceso electoral.

En este contexto los medios nacionales (e internacionales) reportaron hasta finales del mes de mayo respecto a las númerosas protestas, manifestaciones e incidentes violentos, bloqueos de carreteras, ataques con cócteles molotov contra sedes de partidos, oficinas electorales, alcaldías y atentados a políticos y candidatos a lo largo y ancho del país, con un saldo de 25 muertos.

De esta manera la campaña electoral, a lo largo de los últimos tres meses, transcurrió en un ambiente de extrema confrontación, criticas, desconfianza y denuncias de corrupción contra las élites políticas y ha despertado a nivel nacional e internacional dudas y escepticismo en la capacidad de mando del Presidente Peña Nieto e incluso en la estabilidad de su gobierno. Según amplios sectores mediales y criterios de observadoras políticos, se considera esta campaña electoral como una de las más violentas en la más reciente historia del país.

La máxima responsablidad de estos violentos, criminales y sanguinarios incidentes e intentos de desestabilización en diferentes estados, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerero, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Estado de México y Zona Metropolitana del Distrito Federal, corre en principio a cargo de la CNTE-Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. La CNTE llamó al boycot de estas elecciones, organizó todo tipo de protestas, incidentes violentos, apoyándose a nivel regional en grupos mafiosos y criminales, de izquierda radical en los estados señalados.

La CNTE convocó a los maestros de diferentes estados como se señaló anteriormente, incluso en el Distrito Federal, y justificó sus manifestaciones y protestas con su desacuerdo por la reforma educativa, que exige, entre otras normas, la evaluación de los maestros.

Para negociar la posición intransigente de la CNTE, la Secretaría de Educación, a instancias del Presdiente, ofreció demorar temporalmente las medidas de evaluación de los maestros para no agravar y calentar más el ambiente de violencia en la recta final de las elecciones.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

La ola de violencia que se vivió también durante el pasado mes de mayo fue principalmente el resultado de las recientes agrecividades criminales de los narco-cárteles y grupos criminales y la extensión de su presencia en los estados de mayor importancia estratégica para el tránsito de drogas. Este situación empeoró a medida que el Gobierno Federal ordenó el envío de refuerzos militares y de la Policía Federal a estas regiones como medida de prevención.

Las confrontaciones militares provocadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de Jalisco y los Estados limítrofes de Colima, Guanajuato y Michoacán, y los fuertes combates del 01. de mayo pasado entre el Ejército y nacrco-sicarios, en cuyo transcurso fue derribado un helicópetero militar y dado muerte de ocho soldados y un policía, motivaron fuertes críticas en la sociedad por la ineficiencia de la estratégia del Gobierno Federal en el combate al narcotráfico.

En este contexto suscitaron también fuertes críticas contra el Gobernador del Estado de Jalisco, Aristides Sandoval, por negligencia y falta de medidas de control y defensa de la seguridad del estado contra el crimen organizado.

Sin embargo, estas críticas repercutían en última instancia en el Presidente Peña Nieto y su gobierno por las deficiencias en su combate de los narco-cárteles y el crimen organizado. Como primera mediada por los graves acontecimientos del 01.05.2015 el Presidente ordenó el retiro de las fuerzas policiales destinadas en la zona y el envío de refuerzos de un contingente de unos 6 mil elementos del Ejército y la Marina, junto con una unidad de la Gendarmería Nacional.

Estas medidas de enviar más Fuerzas de Seguridad Federales se extendieron principalmente a los estados considerados en la actualidad como los más críticos, como Michoacán y Guerrero, y también Colima, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, incluso el Estado de México y los límites con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Por otro lado el Gobierno Federal está promulgando, entre otras, una reforma política Anti-Corrupción, adaptación del sistema de la procuración de justicia y de combate de la delincuencia y el crimen organizado, y, según anunció el propio Presidente Peña Nieto, acelerar los procedimientos para la extradición de capos de narco-cárteles a petición de Estados Unidos.

En este contexto renombrados expertos e investigadores en cuestiones de seguridad nacional, han sugerido al Presdiente y su Gobierno encausar la estrategia contra el narcotráfico y crimen organizado a combatir y eliminar las redes de apoyo de la industria del narcotráfico y crimen organziado, conformados por destacados políticos y funcionarios, empresarios y personalidades de la Iniciativa Privada, corruptos y de dudosa repurtación.

Según una reciente publicación de la SNSP-Secretaría Nacional de Seguridad Pública operan en este momento nueve cárteles en todo el territorio nacional, de los cuales se determina que el Cártel Jalisco Nueva Generación es actualmente el más beligerante y peligroso.

Comentarios

La ya habitual dispersión de los cárteles de narcotráfico, como uno de los principales resultados de la estrategia prácticada por el Gobierno Federal, consistente en capturar y/o liquidar los pricnipales líderes y capos de organizaciones criminales, ha llevado a un peligroso aumento y una diversificación de violencia y crímenes de alto impacto (secuestros, extorsiones, homicidios, etc.), incluso en regiones y estados que hace poco estuvieron ajenos al crimen organizado.

De esta manera y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos federal y estatales y los refuerzos de contingentes del Ejército, Marina y Policía Federal, las publicaciones oficiales referente a una disminución de la violencia, de homicidios, secuestros y extorsiones, no corresponden en principio a la realidad o a otras publicaciones.

La ONG “Alto al Secuestro”, p.ej., publicó recién que los secuestros reportados durante el actual Gobierno del Presidente Peña Nieto hasta finales del pasado mes de abril 2015, son de 2 mil 577, incluyendo 357 víctimas mortales, y agrega, que en los meses de enero a abril 2015 se produjo un aumento de secuestros de un 7.8%.

Por otro lado se reportan aumentos en robos armados de vehículos particulares y de transporte, en la ordeña de ductos y distribuidoras de gasolina de PEMEX, trata de blancas, tráfico de armas y lavado de dinero.

La SESNEP-Secretariado-Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó a finales del mes de mayo pasado, que entre enero y abril 2015 se registraron 448 secuestros y mil 826 extorsiones.

Los principales cárteles del narcotráfico, distribuidos por todo el país, son Cártel de Jalisco Nueva generación, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Los Zetas, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacan, Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez (Tijuana), Cártel Arellano Félix. Estos cártelels forman el núcleo de tráfico de drogas, de violencia, crímenes de alto impacto, corrupción y penetración de autoridades e instituciones estatales, municpales, etc. Sus bases de operación abarcan todo el territorio nacional y se apoyan en “células armadas”, que se caracterizan por su extrema violencia y son pagados por los cárteles.

En el panorama de violencia y confrontaciones militares provocados por el Cártel Jalisco Nueva Generación, destacan los combate del 01.05.2015 entre fuerzas criminales y del Ejército, Marina y Policía Federal en el Estado de Jalisco y el de Tanhuato, en el Estado de Michoacán, el 22 02.2015, entre la Policía Federal y un numeroso grupo de civiles, supuestamente sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el trágico resultado de 42 sicarios y un policía muertos, 3 detenidos, sin ningún herido, que se sepa. Este trágico enfrentamiento ha suscitado críticas por la brutalidad de las Fuerzas Federales de Seguridad, por lo que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha iniciado una investigación en el lugar de los hechos.

En Chilapa, en el Estado de Guerrero, fueron secuestrados y desaparecidos 16 ciudadanos por un grupo armado (guardias rurales o sicarios), hechos por los cuales se ha desatado en la localidad una ola de violencia, que obligó el cierre de las 140 escuelas, que afectó a unos mil 500 alumnos.

En el Estado de Veracruz, en una de las principales carreteras nacionales, se encontraron diez personas asesinadas, víctimas de una confrontación armada entre miembros de los cárteles Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

Debido al aumento de violencia, homicidios y confrontaciones militares entre cárteles y Fuerzas de Seguridad Federales, así como de los cárteles entre sí, el Departamento de Estados Unidos ha alertado nuevamente a sus ciudadanos de evitar en lo posible viajes a México, particularmente a los Estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Moreles y Zacatecas, así como Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León y al Estado de México, especialmente a la las zonas limítrofes y metroplitanas de la Ciudad de México. Las alertas incliueron recomendaciones para prestar mucha atención ante los secuestros y extorsiones.

También el Gobierno de Canadá recomendó a sus súbditos, que residen o viajan a México, tener especial caución ante la violencia y actividades del crimen organizado, que predominan en amplias regiones del territorio nacional, en particular en los Estdos de Jalisco, Michoacán y Morelos, pero también a Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente cabe mencionar que a instancia de organizaciones civiles, no gubernamentales, se llevaron acabo el domingo 31.05.2015 en la Ciudad de México, en Guadalajara y otras ciudades del país, marchas de ciudadanos a favor de la paz y en memoria de víctimas de la violencia en el país.


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