Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla

Este estudio responde a justificadas inquietudes acerca del futuro de Jalisco en materia de seguridad pública y estado de derecho, reforzadas por acontecimientos alarmantes de los últimos años y en particular de recientes semanas.

Las masacres de policías y soldados, los atentados contra altos funcionarios y políticos locales y antes los bloqueos a vías de comunicación por integrantes de grupos criminales, que por varias horas han desquiciado a la Zona Metropolitana de Guadalajara, llevan a hacerse preguntas por demás legítimas: ¿qué tan alto es el riesgo de que Jalisco siga la ruta de estados como Tamaulipas, Michoacán y Guerrero con elevados niveles de incidencia criminal y violencia y vulneración de la paz y el orden públicos?, ¿qué debe hacerse aquí para conjurar que tal riesgo se materialice?

Para responder a estos grandes cuestionamientos y a los muchos particulares que se derivan de ellos, resultaba necesario elaborar un estudio que lo mismo investigara lo que ha venido ocurriendo desde que Jalisco y Guadalajara obtuvieron notoriedad mundial con relación al narcotráfico desde mediados de los años ochenta, que indagara cual es la situación actual de la seguridad pública y la acción de los grupos criminales, cual es el contexto nacional en el que la situación específica del estado debe analizarse y que, además, explorara los futuros más probables en el tema y desarrollara propuestas de políticas públicas que desde la sociedad civil puedan hacerse para lograr que Jalisco tenga un futuro de seguridad y tranquilidad.

Un estudio de tal alcance precisaba de un enfoque y este es el del riesgo de caer en la condición de Estado fallido. La noción de Estado fallido refiere a una situación crítica para una jurisdicción en la cual el poder público enfrenta el desafío de grupos ilegales de civiles armados que le disputan los monopolios exclusivos sobre el uso de la fuerza y sobre las exacciones.

En la mayoría de las experiencias en el mundo relativas al Estado fallido los grupos ilegales de civiles armados que desafían al poder público suelen responder a motivaciones ideológicas y políticas. Pero principalmente en América Latina los grupos criminales también han aparecido como agentes de la violencia capaces de conducir a la condición de Estado fallido.

La elección de este enfoque no es fortuita, ni responde a una visión catastrofista del mundo y del país. El enfoque se fue construyendo a partir que desde 2008 el país enfrentó una ola de violencia sin precedentes. Una pregunta obligada surgió entonces: ¿hasta dónde no llevará todo esto?

Había una serie de hechos que hacían primero intuir y luego constatar que un vuelco cualitativo se había producido. Entre estos hechos figuran: el atentado terrorista contra civiles inocentes en Morelia el 15 de septiembre de 2008; las masacres también contra inocentes en fiestas, bailes o bares; los atentados contra agentes del Estado o integrantes de la clase política de elevada jerarquía; las acciones que demostraban que los grupos criminales disponían de control territorial, como la instalación de retenes o los bloqueos a vías de comunicación; la masificación del secuestro y la extorsión.

Los enfoques convencionales no ofrecían una explicación satisfactoria sobre lo que ocurría, sobre todo cuando los grupos criminales en varios puntos del país se estaban convirtiendo en una fuerza paralela a la del Estado, que lo confrontaba y en efecto hacía uso intensivo de la violencia y cobraba “impuestos”. Era obvio que el problema era y es mucho más grave que el de narcotráfico.

México como país por supuesto que no ha caído en la condición de Estado fallido, pero hay zonas donde ese riesgo sí se ha materializado y ha causado un enorme daño a la comunidad. La idea, por supuesto, es recuperar esas zonas e impedir que otras caigan.

Con ese enfoque el presente estudio consta de cinco capítulos. El primero ofrece un amplio panorama de la seguridad pública de Jalisco a partir de todas las fuentes de información disponibles. El panorama comienza por el análisis de la incidencia criminal según fuentes oficiales, para luego considerar fuentes alternativas de información, entre ellas las encuestas de victimización. Estas revelan que la incidencia delictiva y la violencia presentan un nivel mucho más elevado del que se desprende de las cifras oficiales.

En segundo apartado del primer capítulo se analizan las expresiones del crimen organizado en Jalisco, el papel que ha jugado en el esquema nacional e internacional del narcotráfico, la violencia de los grupos criminales y su tendencia a ir más allá del tráfico de drogas en la búsqueda de rentas.

El tercer apartado del capítulo uno evalúa lo que han sido las políticas tanto federales como locales frente a la inseguridad y el crimen organizado.

El segundo capítulo se dedica analizar las experiencias de seis entidades federativas que inicialmente tuvieron problemas de seguridad como los que hoy vive Jalisco y terminaron por caer en la pendiente que conduce a la condición de Estado fallido. Este ejercicio es indispensable para, precisamente, no seguir el curso que esos estados siguieron.

En ese mismo sentido el tercer capítulo busca identificar que tan lejos o que tan cerca se encuentra Jalisco del modelo de deterioro del estado de derecho que condujo a esas seis entidades federativas a la situación crítica que enfrentaron (y algunas siguen enfrentando).

Con base en todo lo anterior el cuarto capítulo expone una exploración prospectiva, ejercicios razonables de imaginación sobre los más probables desarrollos que la problemática de seguridad podría seguir en Jalisco. Un escenario indeseable sería el que Jalisco terminara por deslizarse en la pendiente que conduce al Estado fallido y lo que acarrea: sufrimientos para la sociedad, caos, destrucción de riqueza.

Un segundo escenario es que la situación actual, con variantes, se prolongara, lo cual significaría que se mantendrían los riesgos de derivar hacia el escenario indeseable. Y un tercer escenario ofrece una imagen sobre el futuro deseable en que los riesgos se conjuran y la seguridad mejora sustancialmente.

El quinto y último capítulo versa, precisamente, sobre las políticas que deberían permitir que el futuro deseable se convierta en realidad. Y estas políticas son de dos grandes tipos: aquellas que se enfocan en resolver el problema de la existencia de milicias privadas que desafían al Estado; aquellas otras que bajo cualquier circunstancia son recomendables para tener un sistema de justicia penal íntegro, eficaz y eficiente.

Por último cabe aclarar que las fuentes consultadas son más que las que aquí se citan en la sección de notas, pero la gran mayoría de ellas no fueron citadas para no sobrecargar la exposición.