Boletín de seguridad enero-febrero 2015

La Inseguridad prevaleciente en México durante el año 2014, con sus altibajos en delincuencia, crímenes de alto impacto, violencia, homicidios, corrupción e impunidad, ineptitud y manipulación por parte de funcionarios y policías, han sido la constancia de los primeros dos meses de 2015.

La descomposición social, principalmente por los graves acontecimientos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, por las supuestas ejecuciones de unos 22 criminales por elementos militares, y el caso de Iguala, con el asesinato de seis estudiantes por la policía municipal, y la trágica desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Estado de Guerreo, el 26 y 27 de septiembre 2014, a instancias del alcalde de esta esta localidad y a todas luces a sabiendas del Gobernador del estado así como la participación de policías municipales, coludidos con el cártel Guerreros Unidos, han ocasionado una profunda crisis política y social en el país.

Parece que esta crisis política-social sigue latente o incluso se ha incrementado desde comienzos del año en curso, porque el propio Presidente Enrique Paña Nieto aceptó durante su reciente visita oficial a Gran Bretaña, que “en estos momentos México está plagado de incredulidad y desconfianza”.

Las causas de la crítica generalziada en la sociedad no solamente es por la indecisición y el mal manejo de los gobiernos federal y estatales en los casos de Tlatlaya e Iguala, sino por las presuntas corruptelas de la familia del presidente relacionadas con las adquisiciónes de la Casa Blanca en el D.F. y otra en Ixtapan de la Sal, Estadao de México, así como la casa del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el lujoso Campo de Golf de Malinalco, sobre todo por las coincidencias en los pre-finanziamientos de la Constructora Grupo Higa.

Con el esperado relevo del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, máximo responsable encargado de las investigaciones de los crímenes en Tlatlaya e Iguala, el Presidente Enrique Peña Nieto ha sentado un precedente para superar la tragedia de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, ratificando oficialmente la muerte de los estudiantes, a la vez que se les negó formalmente a los padres de los normalistas el acceso a cualquier cuartel del Ejército. Con esta actitud el Presidente Enrique Peña Nieto hace entender su decisión de pasar la página en el “caso Iguala-Ayotzinapa”.

Con la captura del líder del Cártel de los Caballeros Templarios “La Tuta”, a finales del pasado mes de febrero, seguido por detención del jefe criminal más peligroso y sanguinario “Z 42 del Cártel de los Zetas, unos días después, que se sumaron a las capturas de Joaquín “El Chapo Guzmán” del Cártel de Sinaloa y de otros, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se apuntó uno de sus más contundentes éxitos para ratificar los aciertos de su polítca y estrategia de combate al crimen organizado y contra el narcotráfico en su política de Seguridad Pública.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

Los focos rojos que reflejan hasta donde se está incendiado el país en la actualidad y que el crimen organziado y los narcocártels operan sin tregua, se concentran principalmente en en el centro del país en los Estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, México igual que en Tamaulipas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.

Además se menciona en este momento una expansión de crímenes en 66 municipios en 18 estados de la República, reprtando 173 secuestros en febrero pasado.

Oaxaca es otro de los estados con un alto índice de violencia y homicidios y sobre todo de las contínuas manifestaciones y protestas de los maestros de la CETEC.

En Chihuahua los índices de homicidios y violencia siguen prácticamente invariables, con un aumento de la corrupción de funcionarios, incluso por parte del mismo gobernador.

En Sinaloa, a pesar de la captura de su máximo lider Joaquín “el Chapo Guzmán“, su cártel sigue intacto y pelea por el dominio de la plaza causando un alto número de víctimas mortales.

En la capital de Nuevo León, Monterrey, después de una fase de relativa estabilidad desde principios de 2015 la violencia ha repuntado y se han registado un aumento de homicidios.

En Tamaulipas, a pesar de la presencia de fuertes contingentes del Ejército y la Marina nacional, junto con la Policía Federal, los grupos criminales han constituido un poder paralelo al Estado, castigándo con su violencia y crimenes a la población, esepcialmente por el control a los pequeños comerciantes en las pequeñas comunidaes municipales y rurales. Se considera que las autoridades estatales, en sus diferentes niveles, han fallado gravementes en sus obligaciones, por lo que este estado se ha convertido en uno de los más inseguros y peligrosos entre las entidades federativas.

Las disputas de dos grupos del mismo Cártel del Golfo por el control de rutas de tránsito de drogas han causado una inusitada violencia en la zona fronteriza, en el corredor Reynosa-Nuevo Laredo y la zona petrolera de Altamira, Ciudad Victoria y Mier.

Los más inquietantes crimenes en todo el país en general son los de “alto impacto”, como secuestros, extorsiones (cobro de derecho de piso, amenaza de muerte, violencia, intimidación), homicidios y robo de vehículos y a transporte a mano armada, icluyendo el creciente robo organziado a PEMEX (ordeña de ductos y pipas).

A pesar de la información oficial, que indican reducciones consdierables de estos crimenes, p.ej. en secuestros hasta un 18%, las ONGs de más reputación indican sin embargo un aumentos de un 30% (en cifras concretas mil 395 vs. dos mil 818 en 2014).

En el centro del país, el crimen organziado se concentra en el Estado de México principalmente por sus colindancias con las zonas de tierra caliente de Michoacán y Guerrero, a la vez que la permeabilidad hacia la zona conurbada del Distrito Federal, e incluso con los Estados de Morelos, Hidalgo y los del Bajío constituyen un grave peligro para estas entidades federativas.

Los Estados de Guerrero y Michoacán se han convertido en escenarios de asesinatos de políticos (entre alcaldes, diputados y candidatos de diferentespartidos), aparte de otros crimenes.

El Estado de Guerrero, a pesar de los refuerzos de contingentes militares y federales en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, principlamente, sigue siendo uno de los más conflictivos e inseguros del país.

Los enfoques de los crímenes por la presencia y las rivalidades entre diferentes cárteles, principalmente los locales como “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”, que se concentran en Chilpancingo, Iguala y, a pesar de las medidas especiales para dar seguridad a los turistas nacionales e internacionales, en el Puerto de Acapulco (p.ej. en Acapulco ha habido jornndas violentas con 7 muertos, que se suman a los 173 registrados en los últimos 3 meses; en Iguala se registraron 14 muertos).

Además el valor estratégico del estado para el narcotráfico fomenta la descomposición política y social y las confrontaciones armadas entre los grupos radicales, criminales y contra las fuerzas públicas.

En el Estado de Michoacán prevalece entre la población la incertidumbre ante los constantes crímenes, asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de derecho de piso y violaciones) por parte de los cárteles de narcotráfico (Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Nueva Generación de Jalisco).

En las principales ciudades se reconoce la labor de las fuerzas federales (Ejército, Marina y Policía) en su combate al crimen organizado y los cárteles en general.

Ante los signos de descontento de ampios sectores de la sociedad, por las dudosas medidas políticas del Comisionado Nacional Alfredo Castillo, especialmente referente a los grupos de autodefensa y su conversión en policías rurales, el Presidente Enrique Peña Nieto lo ha relevado de su cargo y encagado la segruidad a un General del Ejército.

En el Estado de México se ha registrado un alarmante crecimiento de la violencia entre grupos criminales además de los secuestros y extorsiones en los municipios conurbados del Valle de México.

Entre otros crimenes que han aumentado figuran sobre todo los robos de coches (en Ecatepec), de manera que el estado lidera en este crimen a nivel nacional. Los municipios más peligrosos son Ecatepec, Nezahuálcoyotl, Chimaluacán, Chimalistac.

En el Distrito Federal se reportan cierto aumento de homicidios, secuestros, exorsiones y robos con violencia por la penetración de los grupos del crimen organizado de las zonas conurbadas con el Estado de México.

Se considera que el Distrito Federal cuenta hoy por hoy con más presencia de grupos de las mafias mexicanas, a pesar de que las autoridades correspondientes lo niegan.

En la actualidad operan en todo el país nueve cárteles: Del Golfo, del Pacífico, los de Arrellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación. Sólo en el estado de Guerrero operan cuatro de estos cárteles. (La organización Guerreros Unidos es puramente criminal).

Los aún cuestionados muertes en Tlatlaya (Estado de México), que han desprestigiado moral y políticamente a la institución del Ejército, y más aún los brutales asesinatos y masacres en Iguala (Estado de Guerrero), pendientes desde Juni y Septiembre del 2014, han causado un grave deterioro por la falta de autoridad y capacitad de reacción del Presidente, del Gobierno Federal, de su gabinete de seguridad y al Estado de Derecho por las deficiencias de procuración de justicia.

A nivel internacional, después del reconocimiento del “mexican moment” y la aprobación de los paquetes de reformas, la imagen democrática de un nuevo México emergente y económicamente atractivo, ha sufrido un serio daño.

Comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Unión Europea han puesto en duda investigaciones y resultados de la PGR en Iguala, además de reclamar la negligencia de los gobiernos pasados (de Fox, Calderón) y del actual, en la aclaración de los más de 23 mil casos de desaparecidos.

Por otro lado el claro mensaje del Presidente de que su Gobierno confirma la muerte de los 43 estudiantes normalistas, en el contexto del relevo del Procurador General de la República, junto con la negación de acceso a cuarteles de los padres de normalistas, tuvo una pronta reacción entre lso padres de los estudiantes normalistas, que se refleja en el cabio de su eslogan, sobradamente conocido, de “vivos se los han llevado, vivos los queremos” en “si no están vivos, queremos sus restos”.

Ahora corresponde al Presidente seguir aplicando con más autoridad y decisión su estrategia de combate al crimen organizzado para disminuir la inseguridad y la violencia.