En México ¿Otro narco-mandatario?

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció, como parte de las “10 medidas para mejorar el Estado de derecho”, la eliminación de las policías municipales, con el fin de evitar que los grupos criminales coopten a los alcaldes y no se repitan crímenes como los de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada y 6 personas más fueron asesinadas.

Pero el gobierno del presidente Peña al parecer no comprende la gravedad y alcance de la crisis de Guerrero, que se ha convertido en una crisis nacional con repercusiones internacionales.

En Guerrero no sólo José Luis Abarca (Iguala) y Feliciano Álvarez Mesino (Cuetzala del Progreso) – ambos presos- son los únicos presidentes municipales coludidos con grupos criminales. Se ha filtrado que 10 más de los 81 alcaldes electos en 2012 serían objeto de investigación por el gobierno federal, a partir de fuertes indicios de que también están coludidos.

En el informe “Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia”, que hoy presentamos, se identifica no 12, sino el doble, 24 presidentes municipales señalados por estar coludidos con grupos criminales.

Pero como en el mismo informe se explica, la descomposición abarca a la mayor parte de la clase política local. Incluye a senadores, diputados federales, diputados locales, dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, a Ángel Aguirre y sus colaboradores.

Pero si miramos al futuro, resulta alarmante que la mayoría de los políticos que aspiran a la gubernatura que se decidirá en 2015 y que mejores posibilidades tienen de lograr, primero, la candidatura y, después, el puesto, son igualmente objeto de los señalamientos de colusión con el crimen organizado.

Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática (PRD) los dos aspirantes más destacados son los senadores Armando Ríos Piter y Socorro Sofío Ramírez Hernández. Respecto al primero desde 2010 se filtraron indagaciones que presuntamente lo vinculaban con el cacique y narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez (quien sigue preso) y, por ende, con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Respecto al segundo los señalamientos son menos conocidos, pero no menos graves:

  • En 2009 el alcalde de Zapotitlán Tablas, José Santiago Agustín, y familiares de Alfonso Cruz Rivera, edil suplente asesinado el 19 de abril de ese año, responsabilizaron del mismo a Sofío Ramírez Hernández, entonces candidato del PRI a diputado federal por el distrito 5. Un año después también sería asesinado el propio presidente municipal José Santiago Agustín y nuevas sospechas recayeron sobre el actual senador. Ambos asesinatos, cuya autoría material se atribuyeron a sicarios del narcotráfico, tuvieron lugar en el principal municipio de cultivo de amapola en el país.
  • Días antes de la elección de diputados federales de julio de 2009, el perredista Javier Valente Blanco distribuyó un volante en el que acusaba al entonces candidato del PRI a diputado federal, Sofío Ramírez, de estar vinculado con la organización criminal de los Beltrán Leyva.
  • En septiembre de 2011 fue secuestrado y asesinado el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz. Los alcaldes del PRI exigieron se investigara a Sofío Ramírez, para entonces secretario de desarrollo rural en el gobierno de Ángel Aguirre, por su presunta coparticipación en este crimen.
  • El 16 de octubre de 2014 fueron colocadas mantas en Chilpancingo (al parecer por el grupo criminal Los Rojos) en las que el senador es acusado de estar vinculado al narcotráfico (Guerreros Unidos) y estar implicado en los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014.

Otros aspirantes destacados a la gubernatura por el PRD, que no tienen una mejor fama pública son:

  • Bernardo Ortega Jiménez, presidente del Congreso Local, cuyos familiares fundaron y encabezan la organización criminal conocida como Los Ardillos, que se confronta con Los Rojos y otros grupos rivales en las regiones Centro y La Montaña del estado.
  • Lázaro Mazón Alonso, ex presidente municipal de Iguala, ex senador y ex secretario de salud en el gobierno de Aguirre, es el padrino político de José Luis Abarca, quien gestionó el apoyo para convertirlo en alcalde de Iguala y que buscaba convertirlo en diputado federal.
  • El diputado federal Sebastián de la Rosa Peláez, quien tras de los hechos en Iguala hizo una defensa incondicional de su amigo José Luis Abarca
  • Carlos Reyes Torres, presidente del PRD en Guerrero, quien junto con su hermano Crescencio (presidente municipal de La Unión) fue señalado por estar al servicio del Cartel de Jalisco Nueva Generación y sus aliados Los Granados, por Servando Gómez La Tuta, el jefe de la organización criminal Los Templarios.

Por lo que hace al PRI, sus principales aspirantes a la candidatura también han sido señalados:

  • Manuel Añorve Baños, actual diputado federal. En 2010 trascendió que había recibido 15 millones de dólares por parte de Héctor Beltrán Leyva, para financiar su campaña electoral en pos de la gubernatura. Por cierto el suplente del diputado Añorve, Gilberto Arturo Sánchez Osorio, fue ejecutado en el Distrito Federal el 22 de octubre de 2014 ¿Se trata acaso de una advertencia?, ¿se repite el esquema, ya visto en Zapotitlán, de asesinar primero al suplente para someter al titular y si no también ejecutarlo?
  • Mario Moreno Arcos, actual presidente municipal de Chilpancingo, capital del estado, reiteradamente señalado de estar al servicio de Los Rojos. Pioquinto Damián Huato, ex líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), ha denunciado al alcalde como no sólo protector del grupo criminal Los Rojos, sino por haber ordenado un atentado para matarlo, donde la compañera de su hijo fue asesinada, esto el 28 de enero de 2014.
  • Cuauhtémoc Salgado Romero, dirigente estatal del PRI, a quién la dirección del PRD en Guerrero acusó de, junto con el narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez, estar detrás de los atentados contra militantes perredistas perpetrados en mayo de 2009, en el marco del proceso electoral federal. En aquel entonces Salgado Romero era candidato a diputado federal por el I Distrito, cargo que obtuvo.

De modo que los comicios de 2015 podrían reducirse a una elección entre los peores, a una mascarada para definir cuál de los políticos coludidos con los grupos criminales será el próximo gobernador. Pero esa mascarada podría ser sangrienta.

En efecto, Guerrero ha sido en los últimos 10 años el estado que presenta el mayor nivel de violencia política. Desde 2008 fueron asesinados 11 presidentes y ex presidentes municipales, el diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y el presidente del Congreso Local, Armando Chavarría Barrera.

En todos estos casos los ejecutores materiales fueron sicarios de los grupos criminales, pero con la implicación de políticos del mismo partido de las víctimas o de uno rival. Por ejemplo, en el caso de Chavarría sus familiares y amigos acusan al ex gobernador Zeferino Torreblanca como autor intelectual del asesinato, para impedirle ser candidato a gobernador.

Pero la violencia política no se ha limitado a estos casos. Entre 2005 y 2010, bajo el mandato de Torreblanca, 46 perredistas –en su mayoría líderes sociales- fueron asesinados y entre 2011 y 2013 – bajo el mandato de Ángel Aguirre- trece líderes sociales más fueron ejecutados.

El informe “Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia” busca responder a la pregunta de cómo y porque se produjeron las atrocidades de Iguala. Y la respuesta es que si bien la colusión de la clase política con los grupos criminales fue un factor decisivo, lo fue también la feroz disputa interna entre facciones de la izquierda.

Por un lado está la facción “radical”, entre quienes figuran los guerrilleros, simpatizantes de estos y otros militantes activistas que sólo parcialmente coinciden con los primeros: En el otro bando (los “oportunistas”) están los políticos ligados a “Los Chuchos” y a Andrés Manuel López Obrador, así como muchos tránsfugas provenientes del PRI.

En esta confrontación las bajas han sido muchas más del lado de los radicales. Pero quepa considerar también que desde el año 2000, cuando los principales grupos guerrilleros –ERPI, EPR- pusieron fin a sus confrontaciones directas con fuerzas del Estado, la única ocasión en que esta orientación se rompió fue entre 2007 y 2009, cuando el ERPI chocó con el gobierno –de izquierda- de Zeferino Torreblanca.

Lo que denominamos la “rebelión de las autodefensas”, entre 2012 y 2013, fue asumida por el bando de los “oportunistas” como un desafío inaceptable de los “radicales”, que debía merecer algún escarmiento. Y este fue la agresión en Iguala. No decimos que los 43 estudiantes desaparecidos pertenecieran al ERPI, pero es conocido que el grupo armado ha tenido hegemonía en la normal Ayotzinapa y que fue atacada una de sus bases sociales de apoyo. El ERP dice: “Las normales son semilleros de conciencia”.

El gobierno del Presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala y por tanto carece de políticas para impedir se repitan. Tampoco considera el expolio (extorsión, secuestros, despojos) impuestos a la sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos, expolio muy similar al de Tamaulipas.

En Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y contundente que la de Michoacán, que erradique la colusión de la clase política con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal.