Los hechos de Iguala, revelan una gran crisis del sistema de justicia penal que no se reduce a Guerrero, sino que afecta a todo el país. Esta crisis no consiste sólo en ineficiencia e impunidad, sino en una muy grave colusión con grupos criminales de sectores de la clase política y por ello hay daños a la gobernabilidad.

Por todo lo dicho, varios sectores sociales apoyamos este Acuerdo amplio para impulsar la Reforma del Sistema de Justicia, como condición indispensable para erradicar los núcleos de complicidad e impunidad y abatir la violencia y el crimen, para que sea viable la paz tan anhelada por todos los mexicanos.

Líderes empresariales y sociales plantearon la semana pasada un Pacto por la Legalidad y el Estado de Derecho. El Gobierno Federal respondió con un Pacto por la seguridad.

Es indispensable que el ACUERDO, nazca de la sociedad civil, alarmada, indignada y participativa, y decidida a luchar por la justicia y la Paz; y que los Poderes del Estado se sumen y sean parte de este Acuerdo. Invitamos al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y a los Gobernadores, a valorar profundamente este Acuerdo.

  1. VOLUNTAD POLÍTICA. El Gobierno Federal debe aceptar y demostrar voluntad política de combatir el crimen organizado y de hacer todo lo necesario para reformar el sistema de justicia, ampliar la seguridad ciudadana, bajar la violencia e impunidad y fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad. La demanda ciudadana enriquece la voluntad política.
  2. GUERRERO A FONDO, SIN OLVIDAR OTROS ESTADOS. Guerrero, especialmente las familias de las víctimas, tienen la solidaridad de todos los mexicanos. Exigimos que los estudiantes o sus cuerpos sean encontrados; que se investigue las responsabilidades penales del ex alcalde José Luis Abarca y del gobernador con Licencia Ángel Aguirre, los nexos con el crimen organizado y los móviles de la cruel agresión; que el gobernador interino actúe frente a la violencia.
    Que se informe a la sociedad sobre la realidad de la violencia e impunidad en Michoacán, Tamaulipas y Oaxaca.
  3. ESTRATEGIA DE COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO con inteligencia, con marco legal para la adecuada acción de las Fuerzas Armadas y respeto a los derechos humanos. Acción sistemática para recuperar territorios de manos de los grupos criminales, y que los resultados sean comprobables mediante la disminución –hasta su erradicación- del expolio (extorsión, secuestro, despojo y robo organizados) y de la violencia (ejecuciones, desapariciones).
  4. IMAGEN DE MÉXICO; CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO. La imagen internacional de México y la credibilidad y confianza de los mexicanos se está deteriorando, y sólo con un acuerdo verdadero sociedad-gobierno, que tenga credibilidad y respaldo ciudadano podemos revertir esa tendencia, y demostrar que México sí tiene solución y que millones de mexicanos nos unimos en lo esencial.
  5. REFORMAR Y DEPURAR. La reforma de la justicia exige cambiar algunas leyes y profundizar la depuración de las instituciones de seguridad y justicia (ministerios públicos, procuradurías, secretarías de seguridad, policías, áreas penales del Poder Judicial y las prisiones); la transparencia de todo lo que proceda y consejos ciudadanos para cada institución.
  6. METAS Y COMPROMISOS DE LOS FUNCIONARIOS del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y rendición de cuentas, para que la sociedad tenga información de si bajan o suben los delitos graves y la impunidad; y si hay o no abatimiento del rezago en el cumplimiento de los mandamientos judiciales y órdenes de aprehensión.
  7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El Observatorio Nacional Ciudadano, seguirá siendo el mejor instrumento de la sociedad, como un faro, para evaluar los avances de la Reforma de Justicia, a la depuración de las instituciones, a compromisos de los funcionarios. Se requiere también dar eficacia y seguridad a la denuncia y queja ciudadana.
  8. PERSEGUIR GRUPOS DE COMPLICIDAD. Enfocarse a desmantelar las redes de complicidad porque son fuente de impunidad. Acción sistemática en contra de cuando menos los casos más conocidos de impunidad y colusión de gobernantes con grupos criminales. Es necesario seguir un modelo similar al de la “Operación Manos Limpias”, en Italia en los años noventa, que desmanteló numerosos círculos de corrupción.
  9. RECHAZO A LA VIOLENCIA Y FUERZA DEL ESTADO. Las autoridades federales y estatales, en especial de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y D.F., no deben tolerar los hechos violentos en las protestas; y los ciudadanos debemos rechazar y desaprobar la violencia, para conjurar el riesgo de una escalada de violencia y de focos de insurrección que ya están minando la gobernabilidad. El monopolio de la fuerza corresponde al Estado.
  10. LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMPROMETIDAS CON LA REFORMA DE LA JUSTICIA Y CON LA PAZ. Las universidades y demás instituciones educativas, asociaciones empresariales, profesionales y sindicales y las iglesias; debemos impulsar programas de cultura de justicia y paz, y de prevención e iniciativas para elevar el nivel ético y profesional del sistema de justicia.

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