¡No más pactos mediáticos!

Cuando el país vive una severa crisis por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y se ha expuesto la extrema descomposición de los sistemas de justicia penal y político, algunos políticos quieren celebrar un pacto similar al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de agosto de 2008.

El propósito aparenta ser noble: impedir que se repitan en otros puntos del país sucesos como los del 26 de septiembre del presente año en Iguala, Guerrero. Pero el pacto con el cual la clase política trata de evadir su enorme descrédito, podría nacer muerto y ser contrario a lo que el país necesita.

La firma de un pacto ahora, cuando siguen sin ser hallados los 43 desaparecidos y las autoridades responsables no están haciendo lo que tendrían que hacer, revelaría que la intención no es resolver las crisis de seguridad, derechos humanos integridad, sino sólo aparentar que eso se busca, cuando que lo único que se pretende es comprar tiempo y dejar todo como está.

Hay tres cosas urgentes que el gobierno federal debería hacer y no da visos de siquiera intentar: buscar asistencia internacional efectiva para localizar a los desaparecidos, actuar contra los servidores públicos federales –principalmente militares- que incurrieron en graves omisiones durante los sucesos del 26 de septiembre y actuar contra Ángel Aguirre y sus colaboradores por sus graves omisiones y su muy probable confabulación con los agresores de los normalistas.

El gobierno federal se equivocó al solicitar asistencia -para localizar a los desaparecidos- a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que preside Emilio Álvarez Icaza, quien ha confirmado su mezquindad al no atender el pedido con la celeridad requerida, pues está más interesado en desgastar al gobierno de Enrique Peña que en ayudar a hallar a los desaparecidos.

El gobierno debe solicitar urgentemente la colaboración de los gobiernos de Colombia, Perú y Guatemala, con amplia experiencia en la materia ¿Qué espera el gobierno para solicitar esa ayuda?

Los mandos y tropas del batallón 27º Batallón de Infantería, acantonado en Iguala, incurrieron en graves omisiones el 26 de septiembre porque desde el inicio de los sucesos de esa fecha estaban enterados y movilizados en las calles y caminos y no sólo no hicieron nada para impedir que se consumaran las agresiones, sino que además negaron la ayuda humanitaria a los normalistas heridos, como estaban obligados.

El no haber actuado aún contra los elementos castrenses da base a quienes acusan al gobierno federal de no sólo haber participado en la desaparición de los estudiantes, sino de que es el principal responsable.

Es menester actuar ¡ya! contra los elementos del 27º Batallón de Infantería y establecer si su jefe falló por pura negligencia o se confabuló con los agresores. Ante la gravedad de estas omisiones y las consecuencias que eso tiene incluso para la propia imagen gubernamental ¿por qué el gobierno federal no ha adoptado las medidas pertinentes?

Y todo esto sin hablar de las graves omisiones en que incurrió la Procuraduría General de la República antes de los sucesos del 26 de septiembre, al no haber actuado en contra de José Luis Abarca por su participación directa en el asesinato de tres personas en mayo de 2013 y haberse coludido con Guerreros Unidos para, entre otras cosas, establecer un sistema de extorsión permanente en Iguala en perjuicio de numerosos de negocios y haber convertido al municipio en un centro de exterminio y cementerio clandestino. Si la PGR hubiera actuado a tiempo contra Abarca, la tragedia del 26 de septiembre no habría tenido lugar.

Pero el gobierno federal sigue siendo omiso con relación a Guerrero. No ha actuado contra Ángel Aguirre y sus colaboradores por sus graves omisiones y su muy probable colusión con los responsables directos de los hechos del 26 de septiembre. Esta actuación podría arrojar pistas verdaderas sobre el paradero de los desaparecidos ¿Por qué si el actuar contra Aguirre es tan importante el gobierno se niega a hacerlo?

Con todo esto, con el agravante de haber hecho gobernador de Guerrero a Rogelio Ortega, un sujeto que en 2009 denunciamos formalmente ante la PGR por su implicación en secuestros y terrorismo y cuando – por ejemplo- en Tamaulipas en lugar de actuar con toda resolución contra los grupos criminales que expolian a la población se les deja que lo sigan haciendo ¿qué confianza puede haber en que el pacto que se maquina no será otra farsa como lo fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008?

El Acuerdo de hace 6 años fue un absoluto fracaso: hoy el país es más inseguro, hoy la colusión de gobernantes y otros servidores públicos con los grupos criminales es más extrema, hoy las instituciones públicas están más afectadas por la corrupción y el irrespeto por los derechos humanos es peor que en 2008.

Y el Acuerdo de 2008 fracasó porque fue diseñado para que fracasara, porque los supuestos compromisos que incluyó (muchos de ellos ni siquiera cumplidos) no eran verdaderos. En el Acuerdo faltó lo esencial: metas concretas de reducción de la incidencia criminal y de la impunidad, a cumplir en plazos perentorios y con sanciones para quienes no las cumplieran.

El problema es que los gobernantes pueden fallar gravemente en su obligación de garantizar la seguridad de los gobernados y de procurar justicia y que incluso pueden coludirse con los grupos criminales y –salvo en contadas excepciones- no pasa nada, no enfrentan consecuencias por sus omisiones y actos criminales. Esto, entonces, se convierte en un aliciente no solo para que los gobernantes sigan obrando igual sino para que vayan cada vez más lejos en su negligencia y corrupción.

El camino que llevó a los terribles hechos de Iguala pasó, sin la menor duda, por la ineficacia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008.

Un pacto verdadero por la seguridad, la justicia, la integridad y la vigencia efectiva de los derechos humanos tendría que, precisamente, basarse en compromisos verdaderos de reducción del delito (del real no el de las cifras oficiales) y abatimiento de la impunidad, la corrupción en general (y no sólo la relativa a la colusión con los grupos criminales) y la violación a las garantías fundamentales, a cumplirse en plazos perentorios y con sanciones para quienes no cumplan.

Pero no parece ser esto lo que los políticos buscan. Después de todo, los protagonistas de la farsa de 2008 son los mismos que ahora promueven el pacto y son los mismos que en todos estos años no han dado muestras de querer cambiar.

A los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil y en general a todos quienes no forman parte de la clase política, les decimos: no se hagan cómplices de una nueva simulación que empeorará la descomposición de los sistemas político y de justicia penal de México.

A los integrantes de la clase política les advertimos: el país no aguanta una nueva farsa de reforma; ustedes están llevando al límite la exasperación de crecientes sectores de la sociedad; desistan de todo intento de simulación.

Por lo que proponemos un “ACUERDO DE MÉXICO PARA REFORMAR LA JUSTICIA Y CONSTRUIR LA PAZ”.