La elección de Rogelio Ortega Martínez es la peor posible

La elección de Rogelio Ortega Martínez como gobernador en Guerrero, en sustitución de Ángel Aguirre Rivero, es una decisión extremadamente grave que adoptó la clase política local, pero de la que no es ajeno el gobierno federal.

La decisión es extremadamente grave porque Ortega Martínez es un secuestrador y terrorista vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Simplemente es inadmisible que se ponga un gobierno en manos de un criminal. Con esto lejos de solucionarse la crisis de inseguridad en Guerrero se le profundizará. Adicionalmente se sentará un precedente atroz en el país no sólo de impunidad, sino de premiación política del crimen.

A la opinión pública internacional y a los gobiernos como los de la Unión Europa que han urgido a la localización de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hay que decirles lo que ha pasado: para buscarlos se quitó a un gobernador que solapó a los grupos criminales y en su lugar se puso a un secuestrador.

No conocemos con exactitud las razones por las cuales Ortega Martínez fue escogido, pero muy probablemente en quienes tomaron la decisión pesó el cálculo de que podría apaciguar las protestas violentas, instigadas por grupos terroristas como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

No tenemos la plena certeza de que Rogelio Ortega Martínez pertenezca al ERPI, pero lo que la evidencia sí revela es por lo menos hasta 2008 militó en un grupo terrorista que opera en Guerrero y que podría ser el ERPI o uno similar.

Esta evidencia surgió como resultado del ataque de la fuerza pública colombiana en contra de un campamento de las terroristas FARC en Sucumbíos, Ecuador, ocurrido el 1 de marzo de 2008. La fuerza pública colombiana aseguró computadoras en las que había una gran cantidad de documentos de los mandos del grupo terrorista, entre ellos correos electrónicos. En varios correos se alude con toda claridad a Rogelio Ortega Martínez con relación a secuestros.

En marzo de 2008 denunciamos penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a varios mexicanos que estuvieron en el citado campamento terrorista y/o estaban vinculados con las FARC. Un año después hicimos una segunda ampliación en la que incluimos la petición de investigar y acusar penalmente al ahora gobernador de Guerrero. En aquel entonces emitimos un boletín de prensa, del cual reproducimos el siguiente fragmento:

Documentos hallados en las computadoras de “Raúl Reyes” con relación a México, han revelado que políticos mexicanos de izquierda al mismo tiempo que en apariencia mantienen una actuación política formalmente legal, participan en acciones terroristas.

Tal es el caso de Rogelio Ortega Martínez, militante del PRD y alto funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Este sujeto en enero 2002 les pidió a los representantes de las FARC en México, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le prestaran 40 mil dólares y se comprometió a devolver 100 mil. La garantía inicial del préstamo sería que un grupo armado - del cual Ortega Martínez formaba parte - obtendría el pago del rescate por una persona a la que habían secuestrado, así como el acceso que las FARC tendrían a las arcas universitarias, en caso de que el mismo sujeto Ortega Martínez se convirtiera en rector de la Universidad.

En efecto, Rogelio Ortega Martínez participó en las elecciones de rector celebradas en la UAG en marzo de 2002. Quedó en segundo lugar, perdió por escaso margen de votos y estuvo a punto de ganar.
“Olga Marín” y “Marcos Calarcá” comunicaron la petición del préstamo al número 2 de las FARC “Raúl Reyes”. Este autorizó el préstamo, aunque pidió garantías adicionales.

Los correos no señalan el nombre de la persona secuestrada por Ortega Martínez y sus compinches, pero todo parece indicar que se trató de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López. La víctima fue privada de su libertad el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero y liberado el 26 de enero de 2002, tras el pago del rescate (trascendió que fue por un momento de 1 millón de dólares).

En septiembre de 2003 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron a integrantes de una banda de secuestradores, que habían cometido plagios en diversas entidades federativas y pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionarios (EPR). Entre los secuestros que estos plagiarios cometieron figuraba el de Luis Ávila Marbán.

En un correo de marzo de 2003, “Olga Marín” y “Marcos Calarcá” le propusieron a “Raúl Reyes” la participación de las FARC en la comisión de secuestros en México, en asociación con el grupo armado clandestino de Rogelio Ortega Martínez.

Cabe señalar que a partir de 2001 han habido en el Estado de Guerrero decenas de secuestros en lo que la policía tiene sospechas o la certeza de han sido cometidos por grupos terroristas.

Asimismo si se va más atrás hay 129 casos de secuestro en Guerrero entre 1986 y 2006, en los que existe la sospecha o la certeza de la intervención de grupos terroristas. Se estima que en todo el país, entre 1999 y 2008, los grupos armados clandestinos han cometido más de 160 secuestros y han obtenido alrededor de 100 millones de dólares en rescates.

Es muy probable que Ortega Martínez y su organización hayan participado en varios de esos plagios, con la asesoría de las FARC, mientras él y sus compinches participaban en política y se beneficiaban de la legalidad.

Rogelio Ortega Martínez a inicios de los años ochenta fue parte de la dirigencia nacional de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), fundada por el terrorista Genaro Vázquez Rojas, muerto en 1972. Esta organización estaba dedicada a cometer secuestros, atracos y asesinatos.

Ortega Martínez también fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guerrero y en 1989 fue de los fundadores del PRD en Guerrero, partido al cual se unió la ACNR, que se mantuvo como una de las facciones perredistas. En 2002, cuando Ortega Martínez contendió por la rectoría de la UAG, contó con el apoyo de la ACNR.

En 2003 Ortega Martínez se alejó del PRD y fue el presidente estatal del Partido México Posible, que participó en las elecciones federales de ese año y no pudo obtener el registro. A partir de 2004 regresó al PRD y en 2005 fue activo participante en la campaña del actual gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.

En 2006 Ortega Martínez volvió a presentarse como candidato a la rectoría de la UAG (de nuevo con apoyo de la ACNR), pero declinó en favor del candidato Germán Cerón Silverio. Ortega Martínez es mencionado como uno de los posibles aspirantes a la rectoría de la UAG en el proceso de 2010.

Rogelio Ortega Martínez tenía una estrecha relación con “Marcos Calarcá”, uno de los jefes de las FARC que ha venido participando como representante del grupo terrorista en las negociaciones con el gobierno colombiano en La Habana, Cuba.

Ortega no debe ser gobernador, deber estar en la cárcel. Si la PGR no actuó contra este sujeto es debido a que las distintas administraciones federales, desde la de Carlos Salinas en adelante, han solapado los crímenes de los grupos terroristas, salvo muy pocas excepciones, con la vana esperanza de así lograr apaciguarlos y no escalen su violencia. Ahora se llegó al colmo: se les entregó el poder.

Por si todavía quedaran dudas, la elección de Rogelio Ortega Martínez confirma la inexistencia de los poderes legítimos del Estado en Guerrero y ratifica la necesidad urgente de que el Senado de la República reconozca esta realidad y nombre gobernador provisional, que además de hacer una búsqueda efectiva de los desaparecidos investigue y acuse penalmente a todos los gobernantes y políticos coludidos con grupos criminales en el estado.