Ángel Aguirre Rivero es el principal responsable de la crisis en Guerrero: por tanto debe ser depuesto, investigado y sancionado

Ángel Aguirre Rivero es el principal responsable de la crisis de violencia e inseguridad que hoy padece Guerrero, pues en su calidad de gobernador incumplió gravemente sus obligaciones de prevenir y perseguir delitos del fuero común.

En diciembre de 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero” en el que concluye que la causa principal de la aparición de dichas formaciones de civiles armados es “un fenómeno de inseguridad pública que ha victimizado a todos los niveles de la sociedad, y que se encuentra vinculado con la connivencia de las autoridades, y una impunidad derivada del deficiente funcionamiento de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia”.

Por tanto la CNDH emitió entre otras las siguientes recomendaciones al gobernador Ángel Aguirre Rivero:

PRIMERA. Establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y abonar a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa.

SEGUNDA. Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado de Guerrero [énfasis nuestro], llevando a cabo acciones efectivas de prevención del delito y realizando con debida diligencia las investigaciones y acciones de procuración de justicia necesarias, abatiendo la inacción, colusión e impunidad de los servidores públicos.”

Si Ángel Aguirre Rivero hubiera cumplido estas recomendaciones, sucesos como el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, no habrían tenido lugar, pues con anterioridad había elementos suficientes para presumir la probable colusión del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y la policía municipal con grupos criminales.

En efecto, el 30 de mayo de 2013, siete integrantes de la organización Unidad Popular fueron privados de la libertad por elementos de la policía municipal cuando bloqueaban la caseta de cobro en la carretera Iguala-Cuernavaca. Tres de las siete personas privadas de su libertad fueron asesinadas, entre ellas Arturo Hernández Cardona, líder de la citada agrupación.

Esta persona fue asesinada a balazos por el propio presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, quien estaba acompañado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez (el mismo que ordenó la entrega de los normalistas secuestrados el 26 septiembre al grupo criminal Guerreros Unidos, por órdenes de Abarca Velázquez).

Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes de la privación ilegal de la libertad cometida el 31 de mayo de 2013 y quien atestiguó el asesinato de Arturo Hernández Cardona, declaró lo anterior ante notario público desde noviembre de 2013.

Pese a este testimonio, Ángel Aguirre Rivero se negó a actuar en contra de José Luis Abarca Velázquez. La Procuraduría de Justicia de Guerrero jamás lo investigó y acusó penalmente con el pretexto de que esperaba a que la Procuraduría General de la República ejercitara atracción, lo cual jamás ocurrió (situación que, por cierto, el procurador Jesús Murillo Karam debe explicar).

El otro pretexto que ahora esgrime Aguirre Rivero para no haber acusado penalmente a José Luis Abarca Velázquez, es que disfrutaba de fuero como presidente municipal, cuando que el gobernador, como cualquier ciudadano – según establecen los artículos 111 y 112 de la Constitución de Guerrero- podía haber promovido el juicio político para destituirlo o para revocarle el mandato.

Es evidente que Ángel Aguirre Rivero protegió a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, a sabiendas de sus actividades criminales y con ello lo estimuló a escalarlas, como en efecto ocurrió. Si Ángel Aguirre Rivero hubiera procedido conforme a ley y lo recomendado por la CNDH, la tragedia del 26 de septiembre no habría ocurrido.

Pero este no es el único caso en que Ángel Aguirre Rivero se negó a actuar contra presidentes municipales sospechosos de estar vinculados con los grupos criminales y en que incumplió la recomendación de la CNDH.

El 2 de junio de 2013 trascendió a la prensa que Feliciano Álvarez Mesino, presidente municipal de Cuetzala del Progreso estaba vinculado con La Familia Michoacana y beneficiarse directamente de la extorsión y los secuestros cometidos por dicha organización criminal, según revelaciones de un testigo protegido.

Pese a esto Ángel Aguirre Rivero se negó a ordenar que la procuraduría de Guerrero investigara al edil, quien finalmente el 8 de abril de 2014 fue detenido y acusado penalmente por la PGR. La dependencia explicó que a Álvarez Mesino “se le relaciona directamente con Froylán Fernando Barrera Guzmán, jefe de plaza en Cuetzala del Progreso, a quien se le detuvo el 6 de diciembre de 2013 en compañía de dos personas más, pertenecientes a la misma organización criminal”.

Un caso más en que Ángel Aguirre Rivero en lugar de cumplir con la ley y la recomendación de la CNDH de investigar a los presidentes municipales presumiblemente coludidos con los criminales, prefirió encubrirlos y protegerlos es el de Mario Moreno Arcos, presidente municipal de Chilpancingo.

El 14 de agosto de 2013, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, públicamente denunciamos que la capital del estado “se ha convertido en un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno”.

Específicamente denunciamos la masificación de los secuestros y extorsiones por parte de los grupos criminales (en particular de Los Rojos) así como la colusión de la policía municipal y estatal.

Pese a la denuncia pública la inseguridad y la intimidación han continuado en Chilpancingo, con la complacencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Según las mismas cifras oficiales reportados por el gobierno de Guerrero, en 2011 se abrieron 3 averiguaciones previas por secuestro, 21 en 2012, 41 y 25 hasta agosto de 2014.

Asimismo, en lugar de investigar los hechos denunciados y actuar contra los grupos criminales y los servidores públicos a su servicio, la procuraduría de Guerrero trató de intimidarnos, al citarnos a declarar el 22 de agosto de 2013 como si fuéramos nosotros los criminales y sus protectores.

Ante estos hechos presentamos queja ante la CNDH el 20 de agosto de 2013, ante lo cual el organismo público defensor de los derechos humanos pidió al gobernador de Ángel Aguirre Rivero: “Se instruya que cese cualquier acto de hostigamiento que pudiera existir en contra de Jaime Nava Romero [Presidente del Centro Empresarial de Chilpancingo], así como a los líderes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero”.

Pero el hostigamiento continuó y escaló. El 28 de enero de 2014 el líder de la Cámara Nacional de Comercio Chilpancingo y destacado dirigente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Pioquinto Damián Huato y 6 integrantes de su familia fueron objeto de un atentado a balazos cuando ingresaban en un vehículo a la capital del estado, ataque en el que resultó muerta Laura Rosas Brito, su nuera y herido su hijo Valter Emmanuel Damián Bautista.

La investigación de la procuraduría del estado concluyó con la detención de presuntos integrantes de Los Rojos y policías que habían participado en el atentado, pero no hubo indagatoria verdadera respecto a su probable autor intelectual: el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, el cual fue señalado por Pioquinto Damián Huato. Pese al asesinato de Laura Rosas Brito, las heridas de Valter Emmanuel Damián Bautista y la detención de los autores materiales, el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, ha negado que el atentado haya tenido lugar y ha sostenido que se trató de “un montaje”.

El hostigamiento contra las organizaciones ciudadanas en Chilpancingo no ha cesado, por ello en marzo de 2014 la familia de Pioquinto Damián Huato debió abandonar el país. Otras 60 familias han hecho lo mismo.

Por estas razones es que desde hace una semana iniciamos una campaña para la recolección de firmas en apoyo a la solicitud – dirigida al Senado de la República- para que desaparezca poderes en Guerrero, nombre gobernador provisional y convoque a elecciones extraordinarias.

La salida del poder de Ángel Aguirre Rivero sería apenas el principio de las acciones para establecer la seguridad, la justicia y la paz en Guerrero.