La situación de inseguridad de Tamaulipas es la peor que se haya vivido en México en tiempos de paz y de las peores se hayan tenido lugar en el mundo, respecto a delitos como el secuestro y la extorsión.

Los grupos criminales han causado en Tamaulipas proporcionalmente más muertes de personas inocentes que en otros de los puntos del país afectados por la violencia. Estas víctimas son resultado indirecto de las diputas entre las organizaciones delictivas y producto de la agresión directa de estas en contra de la sociedad tamaulipeca, con el propósito de someterla al más brutal expolio.

Estos son los hechos más sobresalientes de dicha agresión:

  • En 2013 los grupos criminales obtuvieron ganancias por 3,461 millones de pesos, cuando menos, como resultado de extorsiones, secuestros y robos así como producto de sus negocios en actividades lícitas, incluidos los monopolios impuestos mediante la violencia en varias ramas económicas.
  • Mientras que el gobierno de Tamaulipas sólo registró 211 averiguaciones previas por secuestro en 2013, en realidad los grupos criminales secuestraron a cuando menos 3,409 personas (1,585 nacionales y 1,824 migrantes extranjeros). Pero en 2014 la cifra total de secuestros podría superar los 4 mil. Además 49 víctimas de secuestro han sido asesinadas desde 2012.
  • Ejemplo de la masificación del secuestro y su ocultamiento, es que según la procuraduría de justicia de Tamaulipas en Reynosa en 2013 sólo se registraron 8 denuncias por este delito, pero una red ciudadana contó 195 plagios en ese municipio el año pasado y 165 entre enero y abril de 2014.
  • Hasta agosto de 2014 la procuraduría del estado había reconocido 446 víctimas de secuestro y las fuerzas armadas habían rescatado a más de mil secuestrados.
  • El año anterior producto del cobro del “derecho de piso” impuesto a miles de tamaulipecos y otras formas de extorsión, los grupos criminales obtuvieron ganancias por 784 millones pesos.
  • En 2014 las ganancias por extorsión serán mayores, porque los montos del “derecho de piso” han aumentado así como el número de víctimas. Ahora, por ejemplo, en todos los rastros municipales los grupos criminales cobran una “cuota” de un peso por cada kilogramo de carne del ganado sacrificado. Si al año el sacrificio tiene un volumen de 75 mil toneladas de carne, eso reportará a los grupos criminales ganancias adicionales por 75 millones de pesos.
  • Los grupos criminales han logrado mediante la violencia acaparar actividades económicas lícitas como la comercialización de la carne de pollo, el reciclado y la promoción de espectáculos masivos. Ahora están tratando de imponer su monopolio sobre la venta de otros cárnicos y la tortilla, el comercio de piel, el transporte urbano de pasajeros, la recolección de desechos industriales, el tráfico de metales preciosos, la distribución de la cerveza y la venta de agua embotellada.
  • Además, los grupos criminales están muy avanzados en su propósito de hacerse del control de los sindicatos y monopolizar así sea parcialmente la fuerza de trabajo. En Reynosa han desaparecido a dos líderes sindicales para imponer a sus personeros y hay diversos señalamientos sobre el contubernio de líderes del sindicato petrolero con los capos.
  • El año pasado, grupos de sicarios y pandillas al servicio de los grupos criminales cometieron decenas de miles de robos en contra del transporte de carga, transporte de pasajeros, automovilistas, negocios y casas-habitación, además del hurto masivo de combustible de PEMEX.
  • Muchas comunidades rurales son recorridas por cuadrillas de decenas de hombres armados que atacan sistemáticamente ranchos y casas y despojan a sus moradores de ganado, vehículos, maquinaria, cosechas, muebles, electrodomésticos, dinero y diversos artículos de valor, sin que nadie lo impida.
  • Desde cuando menos 2010 cientos de propiedades rurales y urbanas han sido despojadas a sus legítimos propietarios, incluyendo hoteles y otros negocios.
  • Diversos puntos de Tamaulipas presentan un panorama que suele corresponder al de zonas en el mundo asoladas por conflictos bélicos y las dictaduras. Los grupos criminales tienen el control de las carreteras, caminos rurales y vialidades urbanas y han venido operando, cuando menos en los últimos 4 años retenes en los que revisan identidades de las persona que circulan. Estos retenes han facilitado gran parte de los secuestros y otras privaciones ilegales de la libertad, atracos y extorsiones. Pese al nuevo operativo federal los ataques contra autobuses y el secuestro de sus pasajeros prosiguen en las carreteras del estado.
  • A partir de 2010 más de mil personas inocentes han sido asesinadas por los grupos criminales en enfrentamientos entre delincuentes o de estos con las fuerzas del orden, levantones, asaltos, secuestros y ejecuciones relacionadas con el despojo y la extorsión. Desde el 8 de mayo cuando se inició el nuevo operativo federal, 16 personas inocentes más fueron asesinadas.
  • Está documentada la desaparición forzosa e involuntaria de al menos 600 personas inocentes a manos de los grupos criminales, pero la cifra real podría ser de cuando menos el doble. Desde el 8 de mayo cuando se inició el nuevo operativo federal, 24 personas inocentes más han desaparecido.
  • En los últimos cuatro meses Tamaulipas ha sufrido una “epidemia” de violaciones, obra de integrantes de los grandes grupos criminales, pero ocultada en las casi nada confiables cifras oficiales.
  • En muchos casos la agresión persigue obligar a las personas inocentes a que huyan de los lugares en donde viven, para apoderarse de sus propiedades. Recientemente comunidades completas han sido obligadas a desplazarse en los municipios de Camargo, Cruillas, Jiménez, Abasolo, González y Mante.

Estos son ejemplos de la realidad que hoy padece los tamaulipecos y que forman parte del estudio “Tamaulipas sometida al expolio de los grupos criminales” elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC. La investigación se basa en los testimonios recabados por redes ciudadanas y blogs de Internet, alternativas de denuncia y comunicación que la sociedad civil se ha dado ante el amordazamiento la prensa local, impuesto mediante el terror por el crimen organizado.

Esta situación sólo ha sido posible porque los gobernantes, principalmente locales, han fallado gravemente en su obligación de garantizar seguridad a los gobernados. En Tamaulipas hasta antes del operativo iniciado el 8 de mayo del presente año, la mayoría de las policías municipales, la policía preventiva estatal, la procuraduría de justicia local y los penales locales se encontraban bajo el control de los grupos criminales.

Desde 2010 el gobierno de la república intervino en el estado mediante un despliegue especial de fuerzas federales, el cual ha logrado el rescate de más de 2 mil víctimas de secuestro y la captura o muerte de jefes y operadores de los grupos criminales.

Sin esta intervención la situación en Tamaulipas sería peor, sin embargo el resultado neto del despliegue de fuerzas federales es que hoy el expolio criminal y la victimización de personas inocentes son mayores que hace cuatro años.

Al reconocer esta realidad el gobierno del Presidente Enrique Peña anunció y aplicó cambios en la estrategia de intervención en Tamaulipas, de los cuales destaca la decisión de asumir directamente el control de la policía local y aumentar el estado de la fuerza federal.

Aunque estas medidas eran parte de las que propusimos en el citado documento “Tamaulipas sometida al expolio de los grupos criminales”, faltaban otras.

El documento fue entregado en junio del presente año a distintas autoridades federales, de quienes esperábamos consideraran seriamente nuestras sugerencias. A continuación exponemos esas propuestas y si fueron retomadas o no:

Propuestas

Observaciones

1. Reconocer que el principal problema en Tamaulipas es el esquema de expolio impuesto contra la sociedad por los grupos criminales.

El gobierno aún no comprende el problema central y su enfoque es en la violencia entre criminales y el narcotráfico.

2. Fijarse objetivos y metas para erradicar el expolio y reducir violencia, delitos e impunidad, a cumplirse en plazos perentorios e informar periódicamente sobre su cumplimiento.

El gobierno sigue careciendo de indicadores y manifiesta un temprano triunfalismo que carece de fundamento.

3. El gobierno federal debe demostrar puede impedir represalias contra las víctimas, a fin de que estas puedan denunciar sobre todo extorsión. Pero incluso sin la denuncia formal ¡debe proceder!

Esto tampoco es comprendido.
Se apuesta otra vez a las denuncias anónimas, sin que haya resultados.

4. Retomar el control de carreteras, caminos y vialidades urbanas e impedir la operación de retenes criminales.

Se ha retomado el control en forma parcial. Los atracos, secuestros y extorsiones persisten en vías de comunicación. En las zonas industriales la situación es peor que nunca.

5. Asegurar los negocios de actividades lícitas de los grupos criminales para golpear sus finanzas y mantener la iniciativa contra ellos.

Nada se ha hecho al respecto, pese a su importancia decisiva para dislocar al crimen organizado.

6. Poner fin al saqueo de PEMEX mediante la real investigación de los colaboradores de los grupos criminales dentro de la empresa.

Nada se ha hecho al respecto pese a su importancia decisiva.

7. Asumir la completa pérdida de la policía local y sustituirla por la Gendarmería Nacional y las fuerzas federales, en tanto se crea una nueva.

Se asumió el control sobre la policía local, pero en lugar de enviar el grueso la Gendarmería a Tamaulipas se le dispersó por el territorio nacional.

8, Asumir el control de la procuración de justicia local para poner fin a la infiltración de los grupos criminales y abatir la impunidad.

El control se asumió parcialmente. La procuraduría sigue afectada por la ineficiencia y la corrupción.

9. Trasladar a reos de grupos criminales a penales federales de alta seguridad y asumir el control interno de los penales locales.

Nada se ha hecho al respecto.

10. Investigar y en su caso acusar penalmente a los servidores y ex servidores públicos coludidos con los grupos criminales.

En Michoacán un gobernador fue removido, encarcelado su secretario de gobierno, al igual que varios alcaldes. Nada parecido ha ocurrido así en Tamaulipas pese a que la colusión es igual o peor que en Michoacán.

Por los pobres resultados y la no aplicación de las medidas adecuadas, sostenemos que el gobierno federal no ha dado pruebas claras de voluntad para remediar la desesperada situación de Tamaulipas y para actuar con toda la contundencia requerida contra los grupos criminales. No desdeñamos el esfuerzo encomiable y sacrificado de las fuerzas armadas, ni la captura de algunos capos. Pero esto no es suficiente: tan pronto un capo es detenido o muerto, es sustituido y las estructuras criminales siguen operando sin problemas.

Los poderes del Estado mexicano y la sociedad entera deben comprender que si la situación no se revierte en Tamaulipas, si el expolio no es erradicado y derrotados los grupos criminales, nada impedirá la propagación del mismo esquema de depredación al resto del país.


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