Boletín de seguridad abril 2014

Con la (nueva) estrategia anticrimen del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, gracias a la eficacia de sus instrumentos, como el Consejo Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional Antisecuestro, el Sistema Nacional de Inteligencia (de reciente creación), se han obtenido en el primer trimestre de 2014 resultados tácticos de consideración contra los narco-cárteles y las organizaciones criminales.

Sin embargo, la ciudadanía percibe que la situación actual de Seguridad Pública es aún insatisfactoria, preocupante y crítica y hay cierta desconfianza.

En consecuencia esta desconfianza requiere reflexionar en el trasfondo y origen de la inseguridad en el país: El endeble Estado de Derecho y la deficiente Procuración de Justicia, además de la omnipresente corrupción en las más amplias esferas de la función pública y social origina impunidad e injusticia. (El ex Presidente Ernesto Zedillo decía que a México le faltan tres cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho).

En conclusión: Mientras haya Corrupción, hay Impunidad, no hay pleno funcionamiento del Estado de Derecho, ni tampoco Procuración de Justicia sin deficiencias.

La violencia que genera la estrategia federal de combatir y descabezar a las organizaciones criminales genera gran número de homicidios, principalmente asesinatos entre los narco-cárteles, principalmente por sus luchas por el control de territorios, rutas de tránsito y, como efecto adicional, un considerable aumento de secuestros y extorsiones.

La reciente información sobre un fuerte incremento de los secuestros en el primer trimestre de 2014 (alrededor de un 30%, en comparación con 2013) y un aumento de las denuncias de este delito de un considerable 7.3%, podría interpretarse como un éxito de la política del gobierno federal a través de su Plan Nacional Antisecuestro, pero no significa una baja de las altas cuotas de los secuestros actuales.

Durante el pasado mes de marzo pasado las medidas y operaciones de las Fuerzas Federales del Gobierno Federal se concentraron prioritariamente en el Estado de Michoacán, seguido por los Estados de México, Morelos, Guerrero y Tamaulipas.

En el mes de abril el Gobierno Federal se vio obligado de cambiar sus prioridades y ahora es, sin lugar a dudas, el Estado de Tamaulipas que requiere más atención y una estrategia especial, en primer lugar mayor presencia de Fuerzas Federales (del Ejército, la Marina y la Policía Federal) y hacer frente a la sangrienta guerra que han liberado los narco-cárteles y grupos del crimen organizado contra las autoridades y sus instituciones estatales y consecuentemente contra los ciudadanos en general.

Resumen de la situación de (in)seguridad pública y sus principales factores

En Michoacán, según el gobierno federal, hay signos de una mejoría de la seguridad por la contención de las actividades criminales de los narco-cárteles y grupos del crimen organizado. Sin embargo la violencia, los homicidios y secuestros perpetrados en principio por el Cártel de Los Caballeros Templarios con su líder Servando Gómez, alías “La Tuta”, quién se ha resistido hasta ahora a los operativos de las fuerzas federales con el apoyo de grupos de autodefensas, siguen extendiéndose.

Los intentos de desarme de las autodefensas por parte del ejército, su desarme, que consiste principalmente en el registro y pruebas balísticas, así como su incorporación en la recién creada Policía Rural Estatal, no han dado aún los resultados esperados.

Mientras tanto los violentos y sangrientos acontecimientos en el Estado de Tamaulipas, donde el brutal recrudecimiento de la guerra entre cárteles de narcotráfico por el control del Estado fronterizo de Tamaulipas, obligaron al Gobierno Federal de hacerse cargo inmediatamente de la grave situación. La nueva ola de violencia y de asesinatos, desatada por los narcos durante el pasado mes de abril, con un saldo de varias decenas de muertos entre criminales, funcionarios y ciudadanos (sólo en Tamaulipas se reportaron en el mes de abril más de 70 personas muertas).

La incapacidad de las autoridades estatales, su falta de combatir y controlar con decisión y eficacia la violencia, los bloqueos y confrontaciones, el alarmante aumento de homicidios y asesinatos y de los secuestros (Tamaulipas se ha convertido en el principal estado de secuestros en el país) en las principales ciudades Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa y Matamoros, han obligado al Gobierno Federal a tomar inmediatamente fuertes medidas para restablecer
el orden y control en el estado. No se puede en principio excluir por el momento la imposición de un Comisionado Federal para la Seguridad, al estilo de Michoacán.

Por el momento Tamaulipas parece que es un estado fallido, donde manda el crimen organizado organizado.

En el Estado de México sigue la preocupante situación de inseguridad por la presencia y los crímenes cometidos por los narco-cárteles. Los operativos de las cuantiosas unidades militares (del ejército y la Marina) y de la Policía Federal requieren refuerzos para combatir y castigar a las organizaciones criminales y recuperar el orden y control de la situación están avanzando.

En la capital y las zonas metropolitanas los incidentes criminales siguen llamando la atención como lo demuestran los reportes de homicidios y asesinatos, secuestros y extorsiones, robos y asaltos con violencia y a mano armada.

Por la desconfianza existente en los diferentes cuerpos de policías, en su mayoría municipales, el gobernador del estado confirmó la baja definitiva de mil 73 policías y anunció el despido de otros dos mil elementos, como resultado de que reprobaron los exámenes de control de confianza (en total se prevé la baja de unos cuatro mil elementos).

Gracias a la intervención y el apoyo del Gobierno Federal en este Estado vecino de la Capital del país, se ha prestado especial atención a la problemática de la gran zona metropolitana con importantes avances contra la narcoviolencia, las altas cuotas de homicidios, secuestros y extorsiones.

En el Distrito Federal, la captura de un capo del Cártel de los Beltrán Leyva, que se desenvolvía en la capital como un alto ejecutivo de una compañía élite de Jalisco, encargado a la vez de atender los negocios del cártel en los Estados de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Chiapas, se interpreta en ciertos círculos de la ciudadanía como una supuesta presencia del narcotráfico en la ciudad, a pesar de las constantes afirmaciones del Jefe y las autoridades de seguridad del GDF que en la Capital no hay presencia del crimen organizado y que la delincuencia común disminuyó consdierablemente.

En cuanto a secuestros en el D.F., la Organización Alto al Secuestro informó que en los últimos 13 meses se denunciaron 168 casos. Entre las delegaciones que más secuestros y denuncias se registraron, figuran Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Se han detectado varias bandas de secuestradores que en su mayoría operan desde municipios del Estado de México, como Chalco, Los Reyes y Nezahualcóyotl.

Finalmente, después de un largo silencio por parte de las autoridades sobre el paradero de los 13 jóvenes, secuestrados en Bar Heaven en la Zona Rosa, hace un año, el 26 de mayo 2013, llegó la noticia que sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina en el Estado de Morelos a finales de este mes de abril.

En Morelos, gran parte de la ciudadanía siente que su estado está bastante inseguro. El Comisionado de Seguridad del Estado admitió que el crimen organizado ha penetrado gran parte de los principales municipios y que la PGR-Procuraduría de la República y CNS-Comisión Nacional de Seguridad se han encargado de las investigaciones, en los ayuntamientos de Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata y Puente de Ixtle, en las cuales se dispararon los plagios y la presencia de bandas de secuestros y de extorsión.

En la capital del Estado de Guerrero, Acapulco, la huelga de más de dos semanas de un número mayor de policías municipales obligó a las autoridades competentes solicitar la presencia y patrullaje de unos 250 militares a finales de este mes de abril. Lo curiosos es que una vez que los militares desarmaron los policías huelguistas, el número de crímenes en el puerto bajó. Sin embargo en Guerrero se reportan la tercera parte de atracos en ciertas carreteras nacionales.

Comentarios

Se considera que entre las principales causas del crimen y la inseguridad en el país figuran la corrupción y colusión difundida entre autoridades de todos los niveles. Esta situación obliga al Gobierno Federal no solamente de destruir las estructuras del crimen organizado en su conjunto sino también dentro de los tres niveles estatales.

En el Estado de Michoacán varios líderes y grupos de autodefensa se han resistido al desarme del ejército en sus dos etapas, por lo que la información al respecto resulta confusa.

Parece que el papel de los grupos de autodefensas de defender durante más de un año a amplias zonas de campesinos contra los crímenes y desmanes de los narcos, no es fácil de terminar su desarme e integración en las policías rurales.

Las autodefensas son los verdaderos conocedores de las reales dimensiones de la corrupción y colusión de autoridades, funcionarios y policías impuestos por los narcos. Además hay que tener en cuenta que la limpieza y reorganización de las instituciones estatales y municipales y de los tejidos sociales requieren más tiempo.

La reciente instalación del “Mando Unificado” de las corporaciones policiales estatales y municipales en Michoacán, es un paso importante de la política del Gobierno Federal de establecer el control de las policías en todo el país.

La actual crisis en Tamaulipas, que hoy por hoy es el Estado más violento e inseguro, no es sorpresa, puesto que se debe a fallos del Gobernador y su equipo, que no querían admitir que el crimen organizado lo había rebasado hace tiempo, como lo demuestran los intentos de secuestro y asesinato de senadores estatales y el asesinato de un jefe policial.

La ratificación la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestros, con un considerable aumento de los castigos (hasta con 140 años de cárcel) se considera una medida importante pero más de carácter disuasivo.

El dictamen de reforma que permita que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan ser juzgadas ante tribunales civiles es un paso importante, no libre de futuras polémicas.