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La exigencia de las autodefensas es simple: se desarmarán cuando el gobierno de Enrique Peña haya detenido o dado muerte a los principales líderes de la organización criminal que se hacen llamar Los Caballeros Templarios y, además y por supuesto, cese la extorsión y otros abusos que llevaron a ciudadanos otrora pacíficos a tener que defenderse a mano armada.

Pero la exigencia razonable y por demás justa de que se restaure el estado de derecho y se erradique por completo a esa y demás organizaciones criminales de Michoacán, no es algo que sea prioridad ni mucho menos del gobierno federal.

Michoacán fue el estado donde Felipe Calderón comenzó su guerra contra el narco en 2006. Los acontecimientos violentos de esta semana resaltan que la contienda no ha terminado todavía.

Este lunes 22 de julio un contingente armado atacó una manifestación de protesta convocada por un "grupo de autodefensa" frente a la presidencia municipal de Los Reyes que protestaba por las extorsiones y los actos de violencia de Los Caballeros Templarios. Cinco personas murieron y siete quedaron lesionadas.

Si las autodefensas surgieron en Michoacán (además de Guerrero) no fue producto de la casualidad.

Si en varios puntos de Michoacán grupos de ciudadanos no tuvieron más remedio que tomar las armas para defenderse, ello fue resultado de que ya no pudieron soportar más la explotación y abusos de Los Templarios.

Es un logro la captura del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, la cual -como otras importantes- se origina en inteligencia de agencias estadounidenses de aplicación de la ley.

Pero una golondrina no hace verano. Pese a esta captura, pese a que en octubre de 2012 cayó abatido en un enfrentamiento con marinos, el hasta entonces máximo líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano y pese a otros golpes anteriores, esa organización criminal se mantiene básicamente intacta.

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