Michoacán fue el estado donde Felipe Calderón comenzó su guerra contra el narco en 2006. Los acontecimientos violentos de esta semana resaltan que la contienda no ha terminado todavía.

Este lunes 22 de julio un contingente armado atacó una manifestación de protesta convocada por un "grupo de autodefensa" frente a la presidencia municipal de Los Reyes que protestaba por las extorsiones y los actos de violencia de Los Caballeros Templarios. Cinco personas murieron y siete quedaron lesionadas.

Al día siguiente se registraron ataques a contingentes de la Policía Federal en seis puntos de la entidad. El saldo fue de 22 muertos y 17 heridos. A pesar de que las autoridades federales afirman que los agresores fueron los delincuentes, que habrían contado con la ventaja de la sorpresa, la mayoría de los muertos, 20, fueron -paradójicamente- de los criminales y solo dos de policías. Ayer continuó el aquelarre con un nuevo ataque, ahora en Aquila, que dejó a cuatro agentes muertos.

Michoacán no es la entidad más violenta del país. En el 2011 registró una tasa de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto la pone detrás de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Colima, Baja California, Morelos, Jalisco y Sonora, y al mismo nivel que Zacatecas.

Los delitos como la extorsión están muy extendidos en Michoacán. Es claro, por otra parte, que los grupos delincuenciales michoacanos tienen la capacidad de realizar acciones espectaculares, como los de estos tres últimos días.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha señalado que las agresiones son una indicación del éxito de las medidas del gobierno. En eso el discurso oficial no ha cambiado. También en el sexenio de Calderón los funcionarios afirmaban que los actos de violencia eran los estertores de grupos de criminales en vías de extinción. Pero si son estertores, han sido muy prolongados.

La verdad es que el gobierno actual no ha cambiado la estrategia de la guerra contra el crimen, excepto en la política de comunicación. Las encuestas de opinión señalan que hoy hay en el país una percepción más positiva acerca de la seguridad, pero no se corresponde con una baja importante de la violencia. Quizá hay una disminución ligera en los números de homicidios, por lo menos en comparación con las altísimas cifras de 2011 y 2012, pero todavía estamos casi tres veces arriba de los niveles de 2007, cuando el país tuvo 8 homicidios por 100 mil habitantes.

El gobierno federal ha respondido a los últimos episodios violentos mandando nuevos contingentes militares y policiales a Michoacán. Quizá no hay opción. Partes muy importantes de la entidad siguen siendo tierra de nadie en que el gobierno no puede imponer el "legítimo monopolio de la fuerza", requisito fundamental de un Estado moderno.

El surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias es síntoma de este vacío de poder; pero en lugar de preservar la paz, estos contingentes parecen simplemente alinearse de un lado u otro de las batallas que se dirimen en la entidad.

Michoacán es la prueba de fuego para los esfuerzos del gobierno por llevar la paz a nuestro país. Lo fue en el sexenio de Calderón, por la importancia simbólica de que se trataba del estado natal del Presidente, lo es aún hoy porque se trata de la entidad en que las estrategias del gobierno se han aplicado durante más tiempo. El problema es que, a pesar de los años y de los cambios de gobierno, la estrategia todavía no parece funcionar.

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