¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el problema de las drogas? Diferentes opciones están hoy sobre la mesa. ¿Criminalizar al usuario o tratar a los dependientes como enfermos? ¿Sostener una visión prohibicionista a ultranza o experimentar con diferentes formas de regulación y prevención?

Durante los últimos cuatro meses, la discusión ha avanzado más que en 40 años. Lo que antes parecía impensable ahora está siendo discutido a la luz del día. América Latina está hablando de drogas por imposición de la realidad y por el valor político de líderes como los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Laura Chinchilla, de Costa Rica.

Los hechos son reiterados y hablan por sí mismos. La erradicación de la producción, la interdicción del tráfico y la criminalización del consumo, que son las piedras angulares de la estrategia de la llamada "guerra contra las drogas" liderada por Estados Unidos, no funcionan y tienen un costo altísimo en vidas humanas. Mientras haya demanda por narcóticos, habrá oferta. Los únicos beneficiarios del prohibicionismo son los narcotraficantes.

Cuarenta años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas. En México y Centroamérica, la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad democrática.

Frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la "guerra contra las drogas", asumimos la iniciativa hace cuatro años de crear una Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina. Nuestro punto de partida fue reconocer el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas.

Nuestra Comisión formuló dos grandes recomendaciones. La primera, de aplicación inmediata, es la de descriminalizar el consumo. No tiene ningún sentido encarcelar a personas que usan drogas sin hacer daño a otros. Es cierto que muchos se hacen daño a sí mismos y a sus familias, pero no es con castigos y marginalización como se les va a ayudar.

Las drogas son un problema de salud pública. Los dependientes de drogas deben ser tratados como enfermos, no como criminales. La criminalización es un obstáculo que dificulta el acceso al tratamiento y a la rehabilitación.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay ya han dado pasos en esa dirección. Sin embargo, como la diferenciación legal entre consumo y tráfico no es clara, persisten los riesgos de corrupción y discriminación contra los más pobres.

El primer objetivo de las políticas antidrogas debe ser proteger a los jóvenes, impidiendo que se inicien en un consumo que puede llevarlos a la dependencia. Eso implica dar absoluta prioridad a acciones de prevención, tratamiento y reintegración social. Ese conjunto integrado de acciones es la manera más eficaz de reducir el consumo.

El poder represivo del Estado y la presión de la sociedad deben estar orientados a la lucha contra los narcotraficantes, sobre todo los más violentos y corruptores, no a perseguir jóvenes o enfermos.

Nuestra segunda recomendación, más compleja pero no menos importante desde el punto de vista de la paz y la seguridad ciudadana, es la discusión de diferentes modelos de regulación de drogas, como la marihuana, de manera similar a lo que ya se hace con el tabaco y el alcohol.

Estudios médicos de la más alta seriedad definen la marihuana como una sustancia de menor nocividad que el tabaco. Regular no es lo mismo que legalizar. Ese punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo del producto, sin ilegalizarlo.

La reducción espectacular del consumo del tabaco en nuestros países muestra que la prevención y la regulación son más eficientes que la prohibición para cambiar mentalidades y patrones de comportamiento.

La regulación, además, corta el vínculo entre traficantes y consumidores. Dado que la marihua- na es la droga que más se consume en el mundo, su regulación abatiría gran parte de los enormes recursos que obtiene el crimen organizado en los mercados ilegales de la droga, fuente de su poder e influencia.

Felicitamos a los Presidentes de Colombia, Guatemala y Costa Rica por haber puesto sobre la mesa diferentes opciones cuyo objetivo es la protección de la salud de las personas y la seguridad de la sociedad.

La resonancia de sus argumentos rompió el tabú que por tanto tiempo ha impedido la búsqueda de alternativas. Por iniciativa de varios países, el tema de las drogas fue incluido en la agenda de la Cumbre de las Américas. Esa reunión de Jefes de Estado, que se va a realizar en Cartagena de Indias en los próximos días 14 y 15 de abril, es una oportunidad histórica para avanzar en el debate.

Como el tema es complejo, no se puede esperar que la discusión lleve a soluciones únicas y a acuerdos inmediatos. Los caminos son múltiples y complementarios. En este momento, lo que importa es un debate serio y riguroso que permita a cada país formar su opinión y definir las vías más adecuadas para su realidad.

La experiencia de América Latina en el combate al narcotráfico; las lecciones aprendidas por Europa con la salud pública y la reducción de daños; los experimentos de algunos estados de Estados Unidos con los usos medicinales de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica, y la expectativa de los jóvenes y su anhelo de paz, todo eso apunta en la dirección de políticas más humanas y eficientes.

Un cambio de paradigma, que articule represión al narcotráfico con prioridad al tratamiento, la rehabilitación y la prevención, es la mejor contribución de América Latina, región que ha sufrido tanto con el problema, a una revisión global de la política sobre drogas.

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