Por primera vez en la historia del continente, un país de América Latina venderá marihuana de manera oficial: el 19 de julio, abrieron los comercios en Uruguay, y casi 5000 ciudadanos registrados como “adquirentes” podrán comprar marihuana “recreacional” en 16 farmacias del país a 1.30 dólar el gramo.

La droga, por ahora, está libre del impuesto al consumo (IVA). Así lo decidió el Estado, que fijó el precio para competir sobre todo con el cannabis que llega desde Paraguay y se comercia de manera ilegal (una marihuana prensada de calidad inferior, que abastece también a Brasil y Argentina).

Uruguay es el primer país del mundo que compró, germinó y entregó —en febrero de 2016— 4000 plantines de marihuana a dos empresas que las florecieron y cosecharon por primera vez en mayo de 2016. Las autoridades uruguayas dicen que ya tienen una existencia de 400 kilos de marihuana de calidad para vender en las farmacias.

Esta es la tercera forma de acceso a la marihuana prevista en la Ley 19.172, que reguló el mercado en este pequeño país suramericano en diciembre de 2013. Hasta ahora, los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años interesados en acceder al cannabis legal podían elegir entre cosechar en su casa hasta medio kilo de marihuana al año o asociarse con amigos, conocidos o algún jardinero y plantar hasta 99 plantas hembras para llevarse una porción mensual de 40 gramos como máximo. Desde mañana también podrán optar por comprar en las farmacias hasta 40 gramos al mes.

El cannabis se comercializará en un empaque de plástico trilaminado con dos cierres. Uno tipo zipper y otro de seguridad para evitar perfumar las tiendas y preservar las características vegetales. El envoltorio, en color azul y blanco, tiene recomendaciones: usar el cannabis vaporizado, no mezclar con otras sustancias psicoactivas, evitar su consumo durante tareas de aprendizaje, de memoria o en el embarazo. El uso está prohibido para menores de 18 años.

El contenido del envase pesa cinco gramos. Las farmacias pueden almacenar hasta dos kilos en armarios amurados para evitar robos. También cuentan con un sistema de aviso a la policía.

Hasta el viernes anterior al comienzo de la venta había 4893 “adquirentes” registrados en las oficinas del correo estatal. El trámite para inscribirse no lleva más de cinco minutos y exige presentar cédula de identidad, comprobante de domicilio y responder una encuesta.

Un escáner dactilar almacena las huellas de los usuarios en servidores informáticos para corroborar la identidad del comprador y que no se pasen de la cantidad permitida. El sistema usa la misma tecnología que los servicios financieros. Las otras dos formas de conseguir cannabis también requieren registro.

Los farmacéuticos no tienen acceso a los datos personales del comprador. Solo sabrán si está habilitado a través de un lector de huellas digitales. Los datos están encriptados y el servidor se bloquea si alguien lo mueve.

La gestión de los datos sensibles fue uno de los puntos débiles del proceso y recibió críticas durante los debates sobre la regulación del mercado de cannabis.

La economía del cannabis

El principal argumento que el gobierno del expresidente José Mujica repitió para impulsar la reforma a las políticas de drogas era que había que quitarle una porción del mercado al narcotráfico

La Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay le arrebató en 2016, en total, 4373 kilos de marihuana al narcotráfico, fundamentalmente material paraguayo prensado.

La legalidad parece que será más efectiva que la policía para quitarle utilidades al narcotráfico.

En Uruguay, el Estado dirige el negocio cannábico. La ausencia de publicidad y el énfasis en la prevención estrangulan cualquier estrategia comercial por fuera de las ideas gubernamentales.

Uruguay compró las semillas en España y las germinó en el Instituto Nacional de Semillas. En agosto de 2014 se realizó el llamado a licitación pública abierta internacional para elegir dos postulantes —se presentaron 22— para cosechar y distribuir; pero no para vender.

Cuando necesiten renovar existencias, las farmacias se comunicarán con la agencia de regulación. El IRCCA entonces hará el pedido a las empresas. Las restricciones están hechas a la medida de un pequeño país con tradición estatal.

Pero, la regulación del cannabis en Uruguay no ha sido en todos sus aspectos como muchos la imaginaban. El gobierno no ha presentado los informes técnicos de evaluación y monitoreo que exige la ley. El comité científico hace meses que no se reúne y tampoco se han conformado algunas comisiones necesarias para la implementación de la ley.

A pesar de la nueva reglamentación, existieron casos de cultivadores legales allanados. La policía no respetó el manual de procedimiento que los obliga a cuidar las plantas en custodia y, si fuera el caso, devolverlas en óptimas condiciones.

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