Uno de los enunciados de la “ley de la frontera” entre Estados Unidos y México dice que la droga viaja hacia el norte y el dinero hacia el sur. Pero, en el caso de la marihuana, esa verdad inmutable se está resquebrajando.

California, Nevada, Maine y Massachusetts votaron la legalización del uso recreativo del cannabis. Con estos cuatro nuevos miembros son ocho los estados de Estados Unidos —más Washington, D. C.— que han regulado el consumo de la droga ilegal más popular del país (y más de la mitad su uso medicinal).

Al norte de la frontera, el gran consumidor del continente está creando una industria para abastecer su enorme demanda; en México, el mayor productor de marihuana del continente, la planta se persigue sistemáticamente y continúa en manos de los traficantes.

Según un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2012, durante la primera ola legalizadora en Estados Unidos —Washington, Alaska y Oregón—, los carteles ganan más de dos mil millones de dólares al año con las exportaciones de marihuana hacia Estados Unidos, su segunda fuente de ingresos en el vecino del norte, detrás de la cocaína. El producto mexicano, de menor calidad pero con precios más competitivos, representa entre el 40 y el 67 por ciento del mercado en Estados Unidos.

California, uno de los cuatro estados que limitan con México, el más poblado y rico del país, se ha convertido en protagonista.

Hace 20 años California fue el primer estado que aprobó el uso medicinal de la marihuana. Ahora se ha convertido en el símbolo de quienes sostienen que la gente está cansada de una guerra que lo único que ha traído es el encarcelamiento de 1.5 millones de personas al año, sobre todo de jóvenes latinos y afroamericanos.

La onda expansiva californiana, coinciden los expertos, llegará a México amplificada, además, si Canadá aprueba en 2017 una regulación nacional. El cómo y el cuándo se desconoce.

Esto va a poner muchísima presión porque le va a hacer evidente al ciudadano común que en México estamos persiguiendo una sustancia a toda costa, incluso a costa de la vida humana, que una vez cruzando la frontera va a ser perfectamente legal. Nos pone en una contradicción evidente pero el gobierno mexicano vive en la contradicción de forma natural, dice México Unido contra la Delincuencia.

Aún bajo un régimen de total prohibición, en México el tráfico de drogas se administró más que se combatió hasta que la guerra estalló en 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón. En un país azotado por la violencia (150.000 muertos y 28.000 desaparecidos en una década de Guerra contra el Narcotráfico), la postura del gobierno presidido por Enrique Peña Nieto ha sido muy continuista.

A diferencia de Estados Unidos, en México los mayores cambios se han producido en los tribunales. El año pasado un juez concedió un amparo a los padres de Grace, una niña que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, para que pudieran importar aceite derivado del cannabis prohibido en México. Los padres habían probado todo tipo de medicamentos para que su hija dejara de tener hasta 400 convulsiones epilépticas al día.

Unos meses después la Suprema Corte de Justicia también amparó a los integrantes del colectivo SMART, que pedían autocultivo y consumo de la marihuana. La sentencia indicaba que los artículos de la Ley General de Salud impugnados por los querellantes ocasionaban “una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público”. Otros tres amparos colectivos siguen actualmente ese camino.

Ahora, bajo el abrigo de la regulación en California, varias organizaciones civiles lanzarán una iniciativa ciudadana para que la marihuana en México salga de la clandestinidad.

Con los cambios votados en Estados Unidos, una quinta parte del país vivirá en estados en donde es legal el uso recreativo de la marihuana. Para Alejandro Hope, analista en seguridad, el Sí en California es el principio de un proceso de largo plazo que acabará con la regulación también en México, aunque después de sortear varios obstáculos sobre cómo deben funcionar esos mercados.

Otro de los apartados de la “ley de la frontera” dice que Estados Unidos pone los consumidores y México las drogas y los muertos. En este caso, el impacto del cannabis no debería afectar esa regla: al sur de la frontera, la marihuana es una de las muchas fuentes de financiación de los carteles mexicanos, que desde hace años se han diversificado más allá del tráfico de drogas. Las organizaciones también lucran de la extorsión, el secuestro, el tráfico de recursos naturales o la trata de personas.

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