Al menos 5,728 personas fueron asesinadas el año pasado en El Salvador, una cifra que lo mantiene como uno de los países más violentos del mundo.

Según el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, durante 2016 se registró un promedio de 81.2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, alrededor de 14,4 muertes violentas por día.

Eso supone una reducción de 1,378 homicidios en comparación con 2015, cuando fueron confirmados 6665 homicidios, la mayoría perpetrados por las maras o pandillas involucradas en delitos como la extorsión. En 2015 la tasa fue de 104 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.

Pese a la mejora, este es el segundo año consecutivo en que El Salvador supera los cinco mil asesinatos en la historia reciente del país centroamericano. El país es el duodécimo “en esta carrera espeluznante de qué país arroja mayor cantidad de homicidios”, según el criminólogo y experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa.

“La reducción es de 20.9 por ciento en el tema de homicidios, lo que considero como un avance, un logro importante, en el sentido de que estamos hablando de solo nueve meses (de) cuando se modificó la estrategia de combate a las estructuras criminales”, señaló Sosa.

En esa ocasión, el presidente de El Salvador, Sánchez Cerén, cerró toda posibilidad de diálogo con las pandillas en una cadena nacional de radio y televisión.

El cambio en las cifras, además, se produce luego de una matanza de once trabajadores que se le atribuye a las pandillas y de que el gobierno salvadoreño decretara estado de emergencia en siete cárceles.

De este modo trasladaron a los líderes de las pandillas a una prisión de máxima seguridad y, días después, el gobierno logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario.

Este paquete autoriza a someter a aislamientos severos a estos criminales y ofrece mayores facultades para evitar el flujo de llamadas telefónicas desde los centros penales. Se han contemplado castigos fuertes para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Cotto informó que en 2016 detuvieron a 33,223 personas, la mayoría miembros de pandillas. De estos, 2,672 fueron detenidos por el delito de homicidio y 1,379 sujetos estuvieron vinculados con la extorsión.

El experto también expresó preocupación por las crecientes denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad y los militares, así como la posible participación en matanzas de pandilleros. Para el investigador, estas denuncias deben ser investigadas, aunque señaló que el problema es que las indagaciones dependen de los altos mandos de la policía y de las fuerzas armadas, lo que complica más la posibilidad de transparencia y poder someter a la justicia a los responsables.

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