Activistas de ONG de izquierda y sus aliados, los altos directivos en organismos internacionales, se preparan para acusar y enjuiciar al Estado mexicano por violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.

Las acusaciones no son sólo por casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, de los que serían supuestamente responsables agentes del Estado, sino sobre todo por las atrocidades que integrantes de grupos criminales han cometido contra personas inocentes y en contra de otros criminales.

Para decirlo simple: la única manera en que el Estado mexicano se libere de este tipo de acusaciones es que en México nadie fuera asesinado o víctima de algún delito.

Pero lo curioso que este estándar absurdo, imposible, no aplica para todo el mundo sino sólo para... México.

En efecto, si integrantes de grupos criminales cometen atrocidades contra inocentes y con otros criminales, el Estado mexicano es culpable por no haber previsto esos crímenes y haberlos impedido. Pero si el Estado mexicano combate a esos sicarios para que dejen de cometer atrocidades y en enfrentamientos armados les da muerte, también es culpable por haber violado el derecho a la vida de estos magníficos ciudadanos.

Pero mientras se desarrolla la maquinación para juzgar al Estado mexicano tanto por no prevenir crímenes como por combatirlos, las mismas ONG y los mismos organismos internacionales guardan un silencio hipócrita -o en algunos casos dan su bendición- a la mayor operación, jamás vista en América Latina, para garantizar impunidad a los perpetradores de graves atrocidades.

Y esa operación está en marcha y se encuentra cercana a concluir en Colombia, como parte de los acuerdos de paz (signados ni más ni menos que en La Habana) a que han llegado el gobierno de Juan Manuel Santos y la mayor organización terrorista y narcotraficante del continente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El ISIS de Sudamérica

Las FARC son responsables, entre otras atrocidades, de las siguientes:

  • Provocar la muerte de más de 200 mil colombianos, entre ellos muchos civiles desarmados.
  • Reclutar a miles de niños.
  • Mantener en esclavitud sexual a niñas reclutadas o secuestradas y obligarlas a abortar en repetidas ocasiones.
  • El asesinato de 200 niños.
  • El secuestro de más de 8 mil personas, algunas de las cuales pasaron años en cautiverio.
  • El asesinato de 300 secuestrados, niños y ancianos entre ellos.
  • La mutilación o haber dejado lisiadas de por vida a miles de personas que pisaron minas colocadas por las FARC (y también por los terroristas del Ejército de Liberación Nacional).
  • Provocar el desplazamiento forzoso de millones de personas.

La mayoría de estas atrocidades son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía o indulto alguno.

Pero ¿qué es lo que pactó Santos con sus amigos, los líderes de las FARC? ¡Que no responderán por ninguno de estos crímenes, que no pisarán la cárcel ni siquiera por un segundo, que sus miles de millones de dólares de ganancias por el narcotráfico, secuestros y extorsiones no serán utilizados para que indemnicen a sus víctimas!

Encima los líderes de las FARC se convertirán automáticamente en diputados y todos los demás recibirán jugosos sueldos de parte del gobierno. Las FARC además recibirán como regalo 4 millones de hectáreas de las mejores tierras, espacios semanales en cientos de radiodifusoras del país y no estarán obligadas a entregar su armamento.

Por si fuera poco Santos les ha ofrecido a las FARC que en lugar de que sus integrantes se vayan a la cárcel, los que sí serán acusados, juzgados y sentenciados a largos años de prisión serán todos aquellos que los combatieron: militares, policías y el ex presidente…Álvaro Uribe.

En suma, lo que Santos busca es que a la postre los jefes de las FARC accedan al poder político y conviertan a Colombia en una Cuba o una Venezuela.

Las dos varas de los organismos internacionales

En Colombia se someterá a plebiscito ésta claudicación ante los enemigos del país, que lo han cubierto de sangre y dolor por décadas, Para lograr la aprobación de estos infames acuerdos, Santos ha recurrido al chantaje más vil de los electores: si los acuerdos son rechazados regresará la guerra y será mucho peor.

Esta es una absoluta patraña, porque cuando se iniciaron las negociaciones con el grupo terroristas estaba sumamente debilitado por la intensa campaña militar que desarrolló el gobierno del Presidente Uribe e incluso, al inicio, el gobierno de Santos.

Por desgracia es muy probable que la mayoría de los colombianos, víctimas de una suerte de masivo Síndrome de Estocolmo, cedan al chantaje de Santos y Colombia sea entregada a las FARC.

Cuando este suceda, cuando los terroristas de las FARC estén siendo premiados por sus atrocidades, los colombianos que los han combatido acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y/o a la Corte Penal Internacional para acusar a los terroristas por crímenes de lesa humanidad y a sus amigos-con Santos a la cabeza- que les han dado impunidad y de esa manera se han vuelto cómplices.

Pero, también por desgracia, sabemos cómo actuarán esos organismos internacionales: se negarán a proceder contra los terroristas de las FARC y sus amigos. Sus magistrados estarán demasiado ocupados en tratar de encarcelar de por vida a….Enrique Peña y a Felipe Calderón…

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