Impunidad - Seguridad, Justicia y Paz

La detención del doctor José Manuel Mireles reveló con crudeza las prioridades de seguridad del gobierno del Presidente Enrique Peña: es más importante acallar a la víctima que se queja por la enfermedad, que actuar contra los agentes que la provocan; es preferible encarcelar a quienes han hecho uso de su legítimo derecho a la autodefensa frente a quienes impusieron un brutal expolio criminal contra los michoacanos, que actuar contra los agresores y sus protectores.

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, anunció el 13 de agosto de 2014 que a partir de esa fecha elementos de la dependencia a su cargo operarían retenes para -en forma aleatoria- revisar vehículos y verificar identidades de los conductores y, en su caso, ejecutar órdenes de aprehensión.

La versión de fuentes situadas y confiables de que la detención de Jesús Reyna, fue negociada entre el gobierno federal y el todavía entonces gobernador Fausto Vallejo, se ve cada vez más fortalecida.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Senado legislar para crear una fiscalía especial en búsqueda de desaparecidos.

En conferencia de prensa desde la Cámara alta, representantes de distintas organizaciones presentaron a la Comisión de Derechos Humanos una carta con ocho demandas en materia de combate a la desaparición forzada.

"¡Estás desterrado!" "Si se te ocurre decir algo, morirán tú y tu familia", son las frases que el crimen organizado ha sembrado en múltiples regiones del país. Las llevan consigo quienes han abandonado, rematado o entregado las escrituras de sus parcelas, casas, huertos, maquinaria agrícola o vehículos de trabajo para conservar su vida, la de sus hermanos, de sus hijos, de sus primos, de sus padres.

Desde los viejos tiempos, capos como Osiel Cárdenas Guillén, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, entre otros, han transitado libremente por la Ciudad de México.