Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
La semana pasada dos madres de familia, apoyadas por la Unión Nacional de Padres de Familia, presentaron queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra los líderes de la sección 22 del SNTE por violación del derecho a la educación de los niños y a su interés superior.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aporta ninguna novedad, confirma lo que hemos dicho desde el principio: el GIEI y la CIDH no están para colaborar en terminar de esclarecer los hechos de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino para fabricar la versión de que el gobierno del Presidente Peña y el Ejército en particular son los responsables de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
Quiero pensar que no y la razón no sería la gratitud, sino el elemental cálculo. Resultaría poco probable que el Presidente Enrique Peña ignorara que él mismo saldría gravemente lastimado si inmola a los militares, bajo la falsa acusación de haber perpetrado la masacre de Iguala, para complacer a la izquierda pro-guerrillera y a la Teología del Totalitarismo.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, la investigación de la PGR sobre los hechos en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 está plagada de omisiones y fallas.
Cada vez es más penoso tratar de plasmar en un papel instantes de la vida después de la injusta desaparición de un hijo. Jamás imaginamos llegar al noveno aniversario de su secuestro y desaparición, sin saber su paradero, “ni vivo, ni muerto”.
De los cientos de preguntas que no respondió el grupo de expertos de la CIDH, tres son clave en la desaparición y muerte de los normalistas.
