Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
Como parte de los actos (muy) anticipados de campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador aparece a diario en spots de TV fustigando a la “mafia del poder”, como él denomina a todos sus rivales políticos. La verdad es que si hay una “mafia del poder” o varias, son a las que ha estado ligado AMLO.
De las muchas tergiversaciones y falacias en el informe sobre la masacre de Iguala, de los “expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay algunas que son decisivas, “piedras angulares” para sostener el esfuerzo por encubrir la responsabilidad de gobernantes y políticos de izquierda en las atrocidades y trasladarla al gobierno federal.
Si el gobierno federal se equivocó hace casi un año al firmar el acuerdo de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la masacre de Iguala, el acuerdo más reciente para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) prosiga en México por otros seis meses, es un error todavía más grave, es una verdadera claudicación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pervertido su mandato y razón de ser con su actuación respecto a la masacre en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
La secretaria de Hacienda estatal, Adriana Flores Garza, confirmó al Congreso que el gobierno de Graco Ramírez aplicó más de 309 millones de pesos al pago de nómina, bonos navideños y compensaciones a trabajadores del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), además de que solventó obras ejecutadas en 2012 con recursos del crédito que la Legislatura anterior le autorizó contratar en octubre de 2013.
De los cientos de preguntas que no respondió el grupo de expertos de la CIDH, tres son clave en la desaparición y muerte de los normalistas.
